sep 262016
 

Nosotros, las y los jóvenes de Concepción, San Pedro, Alto Paraná, Central y Asunción, reunidos en el ex Seminario Saladillo, de Concepción, los días 24 y 25 de Septiembre de 2016, luego de haber compartido nuestras realidades, sentires y experiencias, queremos decirle a la sociedad que desde hace tiempo, de manera organizada, venimos trabajando ante tantas desigualdades sociales y como resultado de esa acción estamos en este encuentro que nos permitió reafirmarnos que -aunque seamos de lugares diferentes- tenemos un problema común: el abandono del Estado, que es una de las peores violencias que nos afecta.

En el Norte del país tenemos demasiados miedos: A los del EPP, a la FTC y a los narcos. En el Norte, sufrimos permanentes atropellos a nuestros derechos humanos y criminalización de las luchas sociales.

Nos duele el prejuicio contra nosotros, expresado en frases como “el bañadense es ladrón, los del Norte son todos guerrilleros del EPP y los de Ciudad del Este son contrabandistas” porque además de ser injustos, son origen de enormes discriminaciones hacia nosotros y nosotras.

Vemos, además:

  • Educación: Nuestras escuelas y colegios se caen, la malversación de fondos que continúa (sobrefacturaciones, construcciones fantasmas), el almuerzo escolar que no llega ni a la mitad de la población educativa, la falta de oportunidades para seguir formándonos (A veces sólo podemos llegar al sexto grado) y la persecución a los estudiantes que luchan por una educación gratuita y de calidad son una realidad que nos afecta.
  • Salud: La falta de insumos, infraestructura y personal humano en hospitales y puestos de Salud pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas.
  • Territorio: En el campo, el avance del agro negocio desplaza a las familias campesinas que migran hasta la ciudad, mientras aumentan los desalojos violentos en el campo y en la ciudad. En Asunción, existen dos “asunciones”: Una es la que se beneficia con “el progreso” y la otra es la que queda marginada de él. Nos preocupa especialmente la situación de la población de los Bañados, está siendo obligada a dejar sus tierras para la construcción de obras viales y grandes edificios con vista al Río.
  • Trabajo: La precarización, la explotación laboral de niños, niñas, jóvenes y adultos, la desvalorización del producto agrícola, la falta de mercado y camino para la comercialización, perjudican a nuestras familias.

Por último, como jóvenes organizados rechazamos todo tipo de violencia venga de quien venga, exigimos la presencia del Estado respetando nuestros derechos humanos y garantizando nuestra vida, y asumimos el compromiso de seguir luchando por un Paraguay en paz, con justicia y con igualdad de oportunidades para todas las personas.

 

Saladillo, Concepción – 25 de Septiembre 2016

 

O.C.R.C – Asentamiento Pedro Giménez – C.E.S – CONNATs – CODECO Juvenil – JPC – UNEPY

Apoyan: Serpaj PY – Fundación Rosa Luxemburgo – CODECO – Callescuela – OCRC – OCN – Pastoral Social de la Diócesis de Concepción.

sep 222016
 

  • EL FORO INTERDEPARTAMENTAL “JUVENTUDES Y NOVIOLENCIA ACTIVA” SE REALIZARÁ ESTE SÁBADO 24 Y DOMINGO 25 EN EL EX SEMINARIO SALADILLO, DE CONCEPCIÓN.
  • LA ACTIVIDAD ES ORGANIZADA POR EL SERPAJ PY, CON APOYO DE LA FUNDACIÓN ALEMANA ROSA LUXEMBURGO.

Unos 100 chicos y chicas de diferentes puntos del país se reunirán en Concepción en un Foro Interdepartamental que se realizará este sábado 24 y domingo 25 de setiembre en el Ex Seminario Saladillo, de la ciudad de Concepción. Estarán presentes adolescentes de San Pedro (San Estanislao y Santa Rosa del Aguara’y), Concepción (Yvy Ya’u, Horqueta y Concepción) y Asunción, quienes durante varios meses participaron de talleres desarrollados por el Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj PY). Durante los 2 días de encuentro, jóvenes organizados de zonas rurales y urbanas podrán conocerse, intercambiar ideas y vivencias y construir propuestas para las autoridades, desde las realidades que les toca vivir.

Serpaj-Py es una organización que desde 1988 trabaja en el país en el desarrollo de una cultura de paz, fortaleciendo grupos, comunidades y organizaciones sociales a través de la Noviolencia Activa y la promoción de los derechos humanos. Para esta actividad, cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, organización alemana que trabaja en temas de desarrollo social y democracia.

Contactos para medios de prensa:

Vidal Acevedo, del área de desmilitarización de Serpaj PY: (0971) 336-934

 

sep 212016
 

“Ára pyau ñemokandire” dicen los Mby’a-Guaraní a la primavera: “Se produce la resurrección del tiempo-espacio”. Mudan los vientos, surge un espacio nuevo y con esa mirada, quienes conformamos el Servicio Paz y Justicia, Paraguay, renovamos en el Día Internacional de la Paz, nuestro firme compromiso con los principios y valores de la cultura de paz y la noviolencia activa.

Cumplimos 25 años con ese compromiso y lo renovamos asumiendo la complejidad actual del desafío: la idea de paz se ha hecho más problemática que nunca porque también las nuevas guerras son guerras de nuevo tipo que marcan y condicionan de manera diversa y compleja la totalidad de las esferas de la vida de nuestras sociedades. En ese contexto, seguimos apostando a la construcción de sociedades que no tengan como matriz la confrontación violenta entre seres humanos que se consideren entre sí como enemigos irreductibles.

Nuestra convicción, por tanto, sobre el potencial transformador de la desobediencia civil y la no-cooperación con los modos de dominio y de injusticia. Ningún poder arbitrario puede mantenerse sin algún tipo de colaboración, directa o indirecta, manifiesta o implícita, por parte de quienes la padecen.

Igualmente estamos convencidos de que no pueden existir caminos hacia la paz con independencia de que ellos mismos sean o no sean pacíficos. Entre los fines y los medios hay una conexión interna e inseparable. Los sueños democráticos no se construyen con la pesadilla de la violencia.

Afirmamos, por tanto, que la lucha afable, pero firme, es el mejor modo del que disponemos para mostrar tanto nuestra sinceridad como la rectitud de la causa que defendemos. La no-violencia activa nos permite aprender la importancia del esfuerzo, la auto-confianza, la movilización colectiva y la riqueza de valores como la solidaridad, la cooperación que sostienen la práctica de la perseverancia insumisa.

Creemos que la transformación no-violenta del mundo en que vivimos, implica también una transformación interior, renunciar a la opción de la violencia porque de lo que se trata es de comportarnos aquí y ahora como si realmente fuéramos personas libres y autónomas, capaces de sustraernos a la necesidad del Estado, a sus favores, a su control. Es así, como en la práctica, ya hacemos posible “la resurrección del tiempo-espacio”, dejando lugar a que soplen los nuevos vientos.

Por hacer nuestras estas convicciones, compartimos en el día de hoy un intenso abrazo latinoamericano con quienes conforman el Servicio Paz y Justicia en Colombia, y a través de ellos con todas las personas, instituciones, organizaciones, comunidades, autoridades comprometidas con el proceso de paz.

Sabemos que los acuerdos de paz no forman parte de la agenda de los intereses del complejo militar-industrial y sus guerreros corporativos, pero es digna la opción de los y las colombianos/as que eligen vivir unidos por el amor y no por el espanto.

Paz y bien para todos y todas.

sep 192016
 

María García, coordinadora de CODECO

La Coordinadora de Defensa Comunitaria (CODECO) denunció que autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (Focem) han vulnerado los acuerdos alcanzados en el marco de una Mesa de Trabajo instalada desde mayo pasado para la búsqueda de una solución participativa a la situación de las familias afectadas por la construcción de la segunda etapa de la Avenida Costanera Norte, en plena ejecución.

El pasado viernes, personas que se identificaron como integrantes del equipo social del MOPC visitaron familias de la zona de Banco San Miguel, a las cuales plantearon la firma de un documento que habilita al MOPC a expropiar sus casas. Esta acción no estaba contemplada entre los acuerdos alcanzados en la Mesa de Trabajo, que sí incluían la realización de un censo de familias afectadas por la construcción. Inclusive, la boleta censal había sido elaborada con participación de la comunidad. “Queremos denunciar el atropello que hemos sufrido. Nosotros habíamos acordado que el que el día en que se censara a las familias, la organización iba a acompañar a los funcionarios para todo sea bien claro, y garantizar que ninguna familia quede fuera del marco del proyecto”, explicó María García, coordinadora de CODECO. Añadió que, el pasado viernes, además de presentarse ante 15 familias a censarlas, los funcionarios del MOPC les hicieron firmar un permiso para acogerse a la ley de expropiación de tierras. “Nosotros participamos en la elaboración misma de la boleta censal, y del permiso de expropiación jamás se habló”, dijo. Agregó además que las autoridades sólo están considerando a las familias afectadas directas, unas 35, y no a la mayoría de la comunidad, que son afectadas indirectas. CODECO reivindica el censo también para ellas.

Contacto para medios de prensa:

María García, coordinadora de CODECO y de Cobañados. Tel: (0994) 493-574

sep 142016
 

Con la participación de nuestro compañero Ramón Corvalán, se realiza en Santiago de Chile la Asamblea Continental del Servicio Paz y Justicia latinoamericano (SERPAJ- AL) con representantes de 9 países de América Latina y la presencia de su presidente Honorario, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

El Servicio Paz y Justicia en América Latina es una organización latinoamericana como parte del movimiento social por la paz, los derechos humanos y la Noviolencia activa; con más de 40 años de trayectoria, cuya acción se inspira en el Evangelio, en las tradiciones religiosas de nuestro continente y en principios humanistas. Su finalidad es procurar desarrollar, desde los pobres y oprimidos, procesos de liberación de las actuales dominaciones que sojuzgan la dignidad de nuestros pueblos, y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y humana, superando las dominaciones, desde y con los /as violentados /as, empobrecidos /as y excluidos /as de América Latina.

Para la concreción de su finalidad, el SERPAJ – AL desarrolla programas de educación para la paz, concientización, organización popular y defensa de los derechos humanos como derechos de las personas y de los pueblos y formación de los dirigentes de bases populares.

El aporte de SERPAJ – AL se traduce en una teoría y en una práctica de la Acción No Violenta. Entendemos a la No Violencia Activa como un rechazo definitivo a la indiferencia social, al fatalismo religioso y al conformismo político. A su vez, es un estilo de vida, un método de lucha que usa la fuerza propia de los oprimidos, que es su unión y su organización.

Durante dos días los representantes de los distintos secretariados nacionales (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay) reflexionarán sobre los compromisos asumidos en la última asamblea en el año 2011, las perspectivas y seguimientos junto a los pueblos y los sectores más vulnerados.

En esta oportunidad la Asamblea discutirá y analizará la situación actual del continente y de cada uno de los países. Situación de más problemática con una  sucesión de golpes blandos en algunos países; un importante retroceso en el respeto por los DDHH; una marcada instalación de los distintos tipos de violencias; la presencia de intereses económicos y políticos que buscan crean dependencia; entre otros tantos a tratar, los desafíos son múltiples pero sin lugar a dudas estas jornadas de trabajo plantearan nuevos compromisos y acciones a seguir acompañando a los pueblos de América Latina.

sep 082016
 

Organizaciones paraguayas se sumaron a la acción global para exigir justicia por el asesinato de la lideresa indígena hondureña Berta Cáceres, defensora del medio ambiente que fuera ultimada el 3 de marzo pasado, en su propia casa durante la madrugada.

Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres lideró la lucha del pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, contra la construcción de la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas, y vital para su supervivencia. La movilización de la comunidad consiguió que la empresa constructora más grande de represas a nivel mundial retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico, así como la Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial. En el 2015, su activismo le valió a Berta Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.

ALBA Movimientos promovió el pasado 15 de junio una acción global para exigir justicia para Berta. En el Paraguay, representantes de organizaciones entregaron una carta al consulado de Honduras. Participaron de esta acción la Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas e Indígena (Conamuri), la Organización de la lucha por la Tierra (OLT), el Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA Guaraní), Base IS y el Serpaj PY. Las organizaciones paraguayas exigieron al gobierno de Honduras que reconozca el carácter político del asesinato del crimen, “ya que Berta fue asesinada por su lucha contra el proyecto Agua Zarca y el modelo industrial extractivo en Honduras, así como su defensa de los derechos del pueblo indígena lenca en su país”. Este reconocimiento implica no sólo un proceso de justicia imparcial sino también la cancelación definitiva e inmediata del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, donde han sido violados numerosos derechos incluido el derecho a la consulta de los pueblos indígenas previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Un país de riesgo para el activismo por el medio ambiente

Honduras registra el mayor número de asesinatos de ambientalistas por habitante. Según la organización Global Witness, 114 activistas ambientales fueron asesinados la última década. El último crimen ocurrió el pasado mes de juli, y tuvo como víctima a Lesbia Yaneth Urquía Urquía, de 49 años, quien también integraba el COPINH.

sep 082016
 


Con estas palabras desde el sentir en carne propia, la señora Benita Falcón, integrante del comité ejecutivo de la Coordinadora de Defensa Comunitaria (CODECO) en Bañado Norte, y afectada directa del segundo tramo de la Avenida Costanera en construcción nos grafica con exactitud descarnada la situación de zozobra e intemperie a que esa parte importante de nuestra ciudadanía capitalina se halla expuesta hoy. Esa parte de la ciudadanía que ha construido su vida por décadas en la ribera olvidada del río bajo un Estado ausente.

Es que desde la concepción misma del proyecto de Franja Costera el componente social, a la par de alternativas acordes con el arraigo y derechos adquiridos de estas numerosas familias vecinas, constituyen el gravísimo pendiente en que los sucesivos gobiernos impulsores del megaproyecto de infraestructura urbanístico vienen incurriendo de manera sistemática. Lo que se ha instalado, en cambio, ha sido la práctica de una desatención continua hacia las legítimas demandas sobre las cuales los y las habitantes bañadenses vienen levantando reclamos e impulsando diversas acciones reivindicatorias, sin que hasta la fecha sean asumidas como ameritan, según la responsabilidad pública que cabe.

Así, en lo que va del presente año, prosiguiendo en una línea histórica de exigibilidad a partir de instalarse esta injusta problemática de las familias del Bañado, atravesada palmo a palmo además por la vulneración de todos sus derechos humanos, cobró nuevamente destaque la gran movilización efectuada el pasado 5 de mayo en torno a las siguientes consignas, tal cual se mantienen vigentes:

  1. Bañado, bañadense mba’e. Por el respeto integral al arraigo. Garantía efectiva de “vivir donde siempre hemos vivido”.

  2. No más inundaciones. Por una Defensa Costera como respuesta y parte de una solución integral definitiva.
  3. Diseño participativo en los proyecto de viviendas y mejoramiento de nuestro hábitat.
  4. Regularización de las tierras a favor y a precios sociales.
  5. Participación efectiva y no bajo emprendimientos impuestos de modo arbitrario desde ámbitos o instancias en las que se nos mantiene ajenos, sin una integración protagónica y con la capacidad decisoria que supone considerando el impacto expulsivo con que nos afectan.

El resultado de esta movilización fue la habilitación de una mesa de diálogo entre organizaciones sociales nucleadas en la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (COBAÑADOS) y autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Sin embargo, tras el correr del tiempo y dado el inminente avance de las obras, tampoco arrojó respuestas efectivas conforme a las exigencias manifiestas de la población movilizada.

A razón de esta reiterada desidia en el actuar por parte del principal organismo estatal al frente del proyecto, ante la prosecución de la segunda fase de las obras en terreno y las pobladoras y pobladores afectados ajenos a una información adecuada, mucho menos con opciones inclusivas dentro de este marco de la Avenida en curso, organizaciones aglutinadas en la Coordinadora de Defensa Comunitaria (CODECO) junto a los vecinos y vecinas de Bañado Norte resolvieron una vez más manifestarse el 19 de julio, plantando días después una carpa de resistencia en el barrio Banco San Miguel, en defensa de los innegables derechos que les asisten frente a esta situación que persiste de forma cada vez más acuciante de cara a su destino final, librado a un paraderoinhumanamente incierto. Tanto esto que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se hizo eco.

Así expuesto el panorama, toca sí o sí preguntarse: ¿Qué modelo de desarrollo y de ciudad sustentan proyectos a la vista excluyentes de las grandes mayorías, cuya dignidad se ve sojuzgada al arbitrio de intereses que no sean los de todo su pueblo a quien debería beneficiar sin dejar a nadie al margen? El respeto al acceso a habitar la ciudad con la mejor calidad de vida posible que corresponde parte de la voz y realidad de la gente que lo busca en base a derechos que le asisten. No hay otra verdad mayor ni más imponente por sí misma para corresponderle. Hacer caso omiso es denegarla y pisotearla entre las topadoras de la infamia que aniquila los sueños más valederos, porque ninguna vida merece el desamparo y la pobreza de una carpa como el techo ideal rindiéndole el peor de los honores: la desigualdad expulsiva.

sep 082016
 

A 4 años de que el gobierno de Italia transfiriera las tierras de Barbero Cue al Estado paraguayo, la comunidad allí asentada ha dado un paso enorme en la obtención de su título de propiedad: Una mensura judicial realizada recientemente delimita exactamente el territorio para las familias campesinas y confirma lo que hacía años venían diciendo: la ocupación de sus tierras por parte de agroganaderas.

por su compromiso social y fundador de la Cruz Roja Paraguaya. Uno de sus deseos, al morir, fue ceder esas tierras al gobierno de Italia para la instalación de una colonia. A mediados dA 150 kilómetros de Asunción se encuentra la ex Colonia Barbero. Se trata de unas 18.000 hectáreas que pertenecieron al Andrés Barbero, un médico descendiente italiano, reconocido el siglo XX su familia cumplió ese deseo, transfiriendo las tierras al gobierno italiano. La colonia nunca pudo concretarse, pero familias campesinas paraguayas sí se fueron asentando en esas tierras, al punto que -a fecha de hoy- Barbero Cue es un asentamiento de más de 30 años con escuelas y colegios, puestos de salud, luz eléctrica, agua potable y más de 200 kilómetros de caminos internos.

En los últimos años, la expansión de la agricultura y ganadería extensivas ha tenido como consecuencia la proliferación de agroganaderas no sólo alrededor de la ex colonia, sino ocupando parte de sus tierras.  Y la tensión con la comunidad ha ido en aumento. De manera a solucionar definitivamente el problema de la apropiación ilegal de las tierras por parte de las empresas y con la intención de titularlas a nombre de sus legítimos propietarios, los gobiernos de Italia y Paraguay suscribieron en 2012 un tratado de transferencia de las tierras a las familias campesinas allí asentadas. El tratado incluye, entre otros acuerdos, la posibilidad de que los pobladores puedan optar por la nacionalidad italiana y la enseñanza de la lengua, cultura e historia italiana en las escuelas de la comunidad. Se han cumplido 4 años de la firma del tratado y las familias aún no cuentan con sus títulos de propiedad, debido a la acción de las agroganaderas de la zona que reclaman, en principio, más de 3.000 de las 17.340 hectáreas de tierras.

La cuarta, la vencida

Luego de 3 intentos, entre junio y julio se realizó la mensura judicial solicitada por la comisión vecinal, bajo la coordinación de Diego Gauto y Graciela Stern, jueces de paz de San Pedro de Ycuamandyyu  y Nueva Germania. El ingeniero Carmelo Vera fue el perito agrimensor encargado y en su informe final da cuenta de la existencia de varias agroganaderas que ocupan territorio de la Colonia con apenas un “ropaje de título” y otras tantas sin ningún documento. Es decir, agro-ganaderas ocupan territorio campesino. Además de este hallazgo, las familias campesinas recibieron una buena noticia que no tenían prevista: Barcero Cué es más grande de lo que pensaban. La mensura permitió constatar que se trata de un territorio de 18.524 hectáreas, mayor a las 17.340 hectáreas que el título de propiedad indicaba como superficie.

Hay camino por andar

El poder político de las agroganaderas, que ha venido dilatando la titulación de estas tierras para las familias campesinas, persiste. Por ello, los pobladores todavía tienen miedo de que la justicia rechace el resultado de la mensura judicial. Por ello, siguen en estado de alerta e incluso no descartan una movilización en Asunción.

sep 082016
 

En un contexto de cuestionamientos a la labor de la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte del país, la economista Lila Molinier analiza el creciente gasto de recursos en los servicios de seguridad del Gobierno Central.

 A tres años del inicio del operativo la seguridad no ha mejorado, sino muy por el contrario, han aumentado los secuestros y los muertos en la zona Norte asociados con el EPP y el tráfico de drogas continúa, señala el análisis de Molinier, que puede consultarse in extenso aquí.

¿Cuánto cuesta la militarización de la zona Norte? Según el informe presentado por el Ministro de Defensa, General Bernardino Soto Estigarribia ante la Cámara de Senadores [1] el gasto total ejecutado en el operativo de la FTC contra el EPP en 2 años (desde fines de agosto 2013 hasta fines de agosto de 2015) fue de 19 mil 920 millones de guaraníes, equivalentes a 4 millones de dólares.

La FTC no sólo involucra a los efectivos y jefes de las fuerzas militares, sino también a la Policía Nacional y a la Senad. De hecho, los Servicios de Seguridad del Gobierno Central (GC) están constituidos por las funciones de seguridad nacional, seguridad interna, reclusión y corrección, inversiones en seguridad y seguridad sin discriminar, por lo que además del presupuesto de las tres instituciones miembros de las FTC, también se debe incluir a las demás instituciones y unidades responsables de las funciones de seguridad.

En cuanto al gasto ejecutado por el conjunto de las instituciones que cumplen las funciones de seguridad del GC, el total ejecutado ha sido creciente en guaraníes corrientes como constantes, y en 2010, 2013 y 2015 ha tenido crecimientos reales por encima del ritmo de crecimiento del gasto total del GC. Mientras que el gasto ejecutado por institución, en el caso de las dos principales, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, la tendencia de crecimiento fue sostenida, en el Ministerio de Justicia el gasto real cayó más del 11% en 2012 y 2013. En el grupo de las instituciones más pequeñas, el gasto real ejecutado por el Gabinete Militar de la Presidencia de la República ha disminuido en 2014 y 2015, pero después de considerables crecimientos en los años anteriores.  En el caso de la Senad se destacan reducciones en 2011 y 2013, y dos picos de alto crecimiento en 2012 y 2014.

En estos casos, el crecimiento del gasto crecientemente asignado y ejecutado en los servicios de seguridad del Gobierno Central están en directa relación con la militarización de la zona Norte.

El retorno a la tendencia del crecimiento.

El grado de participación o incidencia del gasto en seguridad nacional, ejecutado por el Ministerio de Defensa dentro del gasto total del Gobierno Central también ha ido en ascenso, del 3,9% al 4,7% (2011, 2013) para mantenerse en torno al 4,5% en los dos últimos años.

Por su parte, la participación del gasto en la seguridad interna ejecutada por el Ministerio del Interior en el total del gasto del Gobierno Central es mayor y varía del 6,2 a un máximo del 7,3% alcanzado en 2013.

El financiamiento del gasto

La fuente de financiamiento mayoritario (93 al 95%) son los recursos del Tesoro Público, es decir, los ingresos tributarios, pero con tendencia decreciente en 2014 y 2015. En el caso del Fonacide, una de las fuentes alternativas, sorprende que en su carácter de fondo nacional para la inversión y el desarrollo sea utilizado por el Ministerio de Defensa Nacional, como lo ha hecho en 2014 y 2015, por un monto total de 93.826 millones de guaraníes, y por el Ministerio del Interior, por 135.731 millones, desde el 2013.

Igualmente, en el caso de los bonos internos (más de 39 millones de guaraníes) y los bonos llamados soberanos (más de 7.400 millones de guaraníes) del crédito público, a cargo del Ministerio de Defensa, mientras que el Ministerio del Interior ejecutó más de 44 millones de dólares de un préstamo del Banco Mundial, entre 2012-2013, además de acceder a donaciones internas (Yacyretâ) y externas (China – Taiwán).