jun 212016
 

 A raíz de los últimos acontecimientos, que involucra a agentes y dependencias del Estado en hechos criminales, como el que causara graves lesiones a una persona y matara a  una niña de tan solo tres años, quienes junto a su familia fueron atacadas con armas de fuego, sin justificación ni amparo legal alguno, por funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), como Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), expresamos cuanto sigue:

1.        Nuestro más amplio rechazo a la actuación protagonizada por los agentes antidroga el día de ayer, así como nuestra plena solidaridad con los familiares de las víctimas, en su dolor e indignación, que aguardamos despierte una amplia crítica social y política orientada a poner límites a los abusos de poder que se han vuelto intolerables en la República, como la actuación parapolicial de la SENAD, que tácitamente es aceptada sin que esté constitucional ni legalmente autorizada.

2.       Asimismo, solicitamos una rigurosa investigación, no solo en relación a los nueve agentes de la SENAD imputados, sino también de la conducta del agente fiscal interviniente, cuya actuación busco encubrir un operativo más parecido al modus operandi de una banda de sicarios, que al de un organismo de seguridad cuyos agentes están obligados a respetar la Ley, observando especialmente el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia.

3.      Por último, basado en el análisis y las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), la CODEHUPY solicita que el informe N° 2/2014 emitido por el mismo, sea tenido en cuenta y se proceda a la inmediata intervención y reconducción del funcionamiento reputado como ilegal e ilegitimo de la SENAD, cuyos agentes portan armas, detienen y recluyen personas en recinto propio, sin un marco jurídico habilitante, con lo cual usurpan funciones que son propias de la Policía Nacional.

Asunción, junio 20 de 2016

 

Por la Coordinación de turno,

 

Rosa Posa                      Buenaventura Cabañas                  María Noguera

AIREANA                                   UNES                                        AFAVISEM

Oscar Ayala Amarilla

Secretario Ejecutivo

Para contactos: Oscar Ayala A., Cel 0971 284 292

 

CON RUEGO DE DIFUSIÓN

jun 142016
 

En memoria de los campesinos caídos: Arnaldo Ruíz, Luciano Ortega, Adolfo Castro, Delfín Duarte, Avelino Espínola, Francisco Ayala, Andrés Riveros, Luis Paredes, De los Santos Agüero, Ricardo Frutos Jara, Fermín Paredes

Desde la Articulación por Curuguaty, en vísperas del 4° aniversario de la masacre, a pocos días de que el juicio oral y público llegue a su fin y tras haber seguido todo el proceso judicial sobre el caso Marinakue, nos ratificamos en que este juicio viciado, producto de un proceso judicial y fiscal falsario, debe ser anulado. Está en manos de los jueces que presiden el caso dictaminar la nulidad de todo el proceso, exigir una nueva e imparcial investigación y liberar a quienes sufren esta acusación injusta e ilegal, y con ello responder al desafío histórico de justicia que Paraguay y el mundo exigen para este caso emblemático.
La Articulación por Curuguaty, observadora desde 2012 de este proceso, solidaria con las víctimas y firme en la exigencia por tierra, justicia, libertad y reparación, ve la anulación de este juicio como una medida que ayudará a reparar el daño producido contra decenas de familias paraguayas en lucha por un pedazo de tierra.
Desde un principio venimos denunciando formalmente las irregularidades del caso, las cuales no se subsanaron durante el desarrollo de la audiencia preliminar ni durante el juicio oral y público; de hecho, en el juicio no se aclararon ni las primeras dudas que existían sobre este proceso, antes bien, se han generado más dudas por las contradicciones que se dieron entre los principales testigos llamados a declarar, tales como la fiscala interviniente, los policías, médicos forenses y funcionarios del Ministerio del interior que participaron en el procedimiento. Tampoco se rectificaron los múltiples vicios dentro del debido proceso, las acusaciones genéricas que atropellan todo sistema de justicia garantista, las claras violaciones a los derechos humanos ni la irregularidad de limitarse a una sola línea de investigación, cuando es responsabilidad del Ministerio Público aclarar todas las muertes.
Por otra parte, el Estado paraguayo está omitiendo las importantes observaciones hechas al proceso judicial de la masacre de Marinakue por parte de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desconociendo de este modo el sometimiento al orden jurídico supranacional que nos impone la Constitución vigente.
El cariz político del caso no solo no se ha borrado, sino que se ha venido acentuando por el intento de resolver políticamente la titularidad de Marinakue por parte del Congreso Nacional, lo que nos hace temer que el juicio tendrá igualmente una sentencia política, basada en asegurar la impunidad de policías, jueces y fiscales intervinientes en la masacre.
Esta sentencia, de hecho, nula –propia de la farsa de un juicio nulo–, no significará la resolución del caso ni la exigencia nacional de justicia, tantas veces y en tantos lugares pregonada. El Estado paraguayo, con el trato que le brinda a este caso, demuestra falta de seriedad, irresponsabilidad y sobre todo una inseguridad jurídica enorme.
El tribunal de este juicio tiene la posibilidad de otorgar la libertad a todos los encausados y encausadas y, con ello, enmendar todo lo que se ha hecho mal hasta ahora. La masacre de Marinakue no terminó el 15 de junio de 2012 sino que siguió con la violación de derechos elementales que dejó en la indefensión a las víctimas: Dolores López, Felipe Benítez Balmori, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Adalberto Castro, Rubén Villalba, Fani Olmedo, Luis Olmedo y Juan Carlos Tillería; como asimismo afectó a la entonces adolescente Raquel y a Felipe Nery Urbina (preso por auxiliar a un herido).
Articulación por Curuguaty*
Asunción, 14 de junio de 2016
* Con esta comunicación, la instancia de la Articulación por Curuguaty –que ha reunido a diferentes voces, sectores, organizaciones e individualidades–, concluirá su accionar tras cumplir su última tarea que es la de acompañamiento al juicio. Las voluntades que la conforman seguiremos aportando a la causa nacional de tierra, justicia, libertad y reparación desde los espacios que nos toque estar.
jun 132016
 

El pasado 5 de mayo, los bañados marcaron presencia por las calles de Asunción, poniendo el cuerpo y dando la cara para exigir al gobierno la construcción de la Defensa Costera, por la defensa de sus vidas y sus familias y en reivindicación del derecho al arraigo.

Desde las distintas comunidades, tanto del Bañado Norte como el Bañado Sur, las organizaciones de vecinos se congregaron en la Plaza Uruguaya desde donde partieron hasta el Ministerio de Obras Públicas, donde representantes de las organizaciones mantuvieron una reunión con el viceministro de Obras. Fruto de esa movilización, se generó una mesa de diálogo que se reúne cada 15 días y en la cual representantes de las organizaciones de Bañadenses exigen cuentas al Ministerio de las acciones emprendidas en la zona de los Bañados.

Compartimos algunas imágenes de la jornada de protesta.

jun 132016
 

Artículo de Ramón Corvalán, del Servicio Paz y Justicia, Paraguay.

De una pregunta que nos lleva a la necropolítica.

¿Qué pasó en Curuguaty? “El horror. El horror[1], pero uno puede quedar encerrado dentro de la intensa emoción que ello produce y nos urge bordear, al menos, Curuguaty con el pensar porque a cuatro años del hecho, nos sigue pasando. También está el vocablo masacre haciendo vecindad y éste tiene la ventaja de ofrecernos algunos rasgos por donde salirnos de la encerrona del horror. Sucede que “la masacre es una acción pública que escapa a la vigilancia y la moral sociales”; además – y esto es una clave importante- “en la masacre, los victimarios no tienen miedo, vergüenza, ni culpas, no existe ninguna presión sobre ellos”[2] pero tampoco es una locura furiosa; el golpe asesino no se efectúa con furor ciego. Más bien, la masacre es el pleno ejercicio de una soberanía cuyo poder reside en la capacidad de dictar quién puede vivir y quién debe morir. Es desde este marco que podemos hablar de la masacre en Curuguaty.

Curuguaty es, por tanto, la necropolítica hecha acto y por ello es que la experiencia del horror asume otras dimensiones. No estamos ante el espanto individual derivado de la visión de los cuerpos ensangrentados, sino es el despliegue de esa soberanía definida por el derecho de matar el que nos horroriza pero del que preferiríamos no hablar. Por eso nuestros esfuerzos por intentar decodificar Curuguaty desde el marco del Estado social de derecho, de los derechos humanos violados, de las normas procesales esquivadas, herramientas hoy más que precarias para dar cuenta de la dimensión del horror que emergió en Marina Kue. También por eso no podemos comprender el carácter bufonesco de los argumentos jurídicos, del discurso del ex fiscal Rachid que desata risas pero que –cruel paradoja- es capaz de decidir sobre la vida y la muerte de personas, sin que sea posible eludir sus efectos de poder y “que puede funcionar precisamente en todo su rigor y en el límite extremo de su racionalidad violenta, aun cuando esté en manos de alguien que resulta efectivamente descalificado”[3].

El perfil local de la necropolítica.

Curuguaty, entonces, como acontecimiento necropolítico nos lleva a preguntarnos “cómo es posible que un poder político mate, reclame la muerte, la demande, haga matar, dé la orden de hacerlo, exponga a la muerte no sólo a sus enemigos sino aun a sus propios ciudadanos”[4]? Porque estamos en un mundo donde “cualquier cosa o cualquier persona, ya sea una ley o un esfuerzo cívico, que dificulte el lucro, corre el riesgo de que la hagan a un lado, de que la expulsen”[5]. La forma local asumida por este mundo que se define por su brutalidad y complejidad se nos describió en el Informe Chokokue. En su primera edición, el informe planteaba que las 75 ejecuciones arbitrarias y 2 desapariciones forzosas de dirigentes y miembros de organizaciones de trabajadores rurales respondieron “a un plan encaminado a detener espirales de protesta, atemorizar a comunidades y organizaciones campesinas y desalentar las ocupaciones”[6] y ante la existencia de un patrón en el que se constata “aquiescencia estatal” a las bandas parapoliciales ejecutoras de los crímenes, la CODEHUPY atribuía al Estado la responsabilidad internacional de las ejecuciones arbitrarias. En su segunda edición, el Informe Chokokue no sólo ya sumaba 115 casos de ejecutados y desaparecidos, sino que nos presentaba en dos esquemas el perfil de la necropolítica local: 31% de las ejecuciones perpetradas por agentes públicos (policías y militares), 67% por bandas parapoliciales, 2% de las muertes bajo custodia; las 115 ejecuciones y desapariciones forzosas de militantes de organizaciones campesinas forman parte de un plan sistemático de ataque a comunidades campesinas con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios. El plan articula a terratenientes, intereses corporativos del agronegocio y líderes políticos tradicionales y se producen durante todo el período electoral (1989-2013) mostrando ciclos que se relacionan con el calendario de elecciones. Por su parte, el patrón de la impunidad, de acuerdo al Informe Chokokue, nos mostraba que todos los casos – no es redundancia la repetición: TODOS LOS CASOS- quedaron impunes, ningún autor moral fue castigado, se amedrenta y amenaza a víctimas y testigos, el Poder Judicial y el Ministerio Público funcionales al plan sistemático de ejecuciones  cierran los casos mediante sentencias fraudulentas, la actuación fiscal encamina a malograr pruebas y a encubrir a los perpetradores, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deja impunes a los jueces y fiscales denunciados, las investigaciones son inefectivas y carentes de la debida diligencia y la actuación fiscal es deficiente: se contamina la escena del crimen, se viola la cadena de custodia, se pierden evidencias y no se producen las pruebas obligatorias (como autopsias)[7]. Así se despliega la necropolítica entre nosotros y por esta razón lo espantoso no es que haya sucedido Curuguaty… sino por qué no ha ocurrido más veces.

La sombra del caso Bonsi y un país “al día” con los derechos humanos.

La destitución del juez Bonsi[8] también anticipó, a su modo, Curuguaty: “imagínese lo duro que fue para todos el hecho de que el cumplimiento de un deber tan básico de todo magistrado sea declarado causa de destitución. Hoy todos piensan dos veces para salir en contra del Ministerio Público”, opinaba una jueza sobre el caso. “En el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento, no fue presumida su inocencia, no hubo comunicación previa y detallada de la acusación formulada, no se le dio el tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa, no dejaron producir pruebas ni presentar alegatos finales orales”[9]. Así, el 20 de diciembre de 2011 –6 meses antes de Curuguaty-, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituye el juez Bonsi que se atrevió a ajustar su conducta a la Constitución Nacional y al Código Procesal Penal en un marco donde el Ministerio Público puede llevarle a alguien a juicio por crímenes, sin siquiera tener un relato de los hechos. De vuelta nos encontramos con ese discurso ridículo, que da risa pero a su vez letal para decidir sobre la vida y la muerte de personas. La necropolítica dispone de su necrojusticia y también de su versión de los derechos humanos.

El pasado mes de mayo, el canciller Eladio Loizaga afirmó que el Estado paraguayo se encuentra “al día” en materia de derechos humanos gracias al Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales de DD.HH. (Simore) y Paraguay, además, es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, el Estado paraguayo no le dio mucha importancia a la observación número 23 del Comité de Derechos Humanos de la ONU que expresaba preocupación “por las alegaciones de importantes irregularidades en el accionar del Ministerio Público, la judicatura y las fuerzas de seguridad con ocasión del allanamiento en Curuguaty en junio de 2012. En particular, el Comité está preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados”. Ante esto, el Comité recomendaba “asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso, incluyendo en el caso del adolescente condenado y de las dos mujeres en estado avanzado de embarazo en prisión preventiva”. La preocupación del Comité no alteró el ritmo de la necropolítica y así la violencia homicida impune siguió con su tarea destructiva. ¿Los restos que quedan en el camino, aún pueden denominarse estado social de derecho, democracia, sociedad, justicia?

Esa colonia nuestra de cada día.

Cuando el filósofo camerunés, Achille Mbembe, elaboró la noción de necropolítica (2006)[10], buscaba comprender cómo la muerte es una tecnología específica, de origen colonial, de gestión de determinadas poblaciones en el mundo. Por ello analizó aquellas prácticas que producen muertes a través de un ejercicio sistemático de la violencia y el terror sobre determinadas poblaciones. Esto es el necropoder que siempre e indisolublemente se liga con el racismo que, a su vez, encuentra su origen en las experiencias coloniales donde la condición de esclavo resulta de una pérdida triple: la pérdida de un ‘hogar’, la pérdida de los derechos sobre el propio cuerpo y la pérdida del estatus político. Y así, la necropolítica se constituye como una política diferenciada que tiene por fin la masacre poblacional y que desborda los límites de la estatalidad.

Curuguaty, entonces, como punto de inflexión de la necropolítica en Paraguay que entró “en lo más específico del espíritu colonial apenas en el siglo XX. Sólo en este siglo se da la liquidación definitiva del usufructo de la tierra por el campesino y del indígena, que pasa en su totalidad a manos privadas”[11] y es así que “las mismas tierras públicas que fueron usurpadas por Domingo Barthe y reivindicadas posteriormente por el Estado paraguayo, reaparecen en el centro del conflicto agrario en el 2011, en las tierras de Ñacunday, hoy convertidas en desiertos de soja. Los personajes y el contexto cambiaron: Domingo Barthe se trasmutó a Tranquilo Favero, brasilero, rey de la soja, utilizando la misma modalidad de acumulación por apropiación de tierras públicas; también en este caso la élite política exalta el enclave y desde el Estado se favorece la apropiación por extranjeros de bienes públicos y se vilipendia a campesinos paraguayos. Se trata de la misma historia que se repite, otra vez como pesadilla”[12]. Pesadilla que avanza como una depredación terrible: en el período de 2002 al 2008 la agricultura campesina perdió más de 38 mil fincas y 613 mil hectáreas; en el mismo período el Informe Chokokue registraba 28 casos de campesinos víctimas de ejecución arbitraria o desaparición forzosa; por su parte, en sólo un período de ciclo productivo -2003 y 2004- la agricultura empresarial creció en cerca de 400 mil hectáreas a costa de las tierras pertenecientes a la agricultura campesina[13].

Buscar el no infierno.

Pensar Curuguaty, por tanto, a cuatro años de lo ocurrido en Marina Kue, implica pensar desde el centro espeso de la necropolítica, espacio donde las ficciones conocidas como Estado social de derecho, democracia, justicia, derechos humanos son – como en toda cultura colonial- desconocidas y negadas porque lo colonial no escucha, monologa. Curuguaty es el horror porque es el retorno – si es que entre nosotros alguna vez se retiró – de la vieja soberanía en un contexto capitalista/post colonial con su modo de funcionamiento arcaico, tortuoso y mortífero. Hoy busca seducirnos con su grotesca utopía: ser la China de Sudamérica. Curuguaty nos sigue pasando e interpela profunda y radicalmente a nuestros modos de vida, de resistencias y de construir alternativas. “Contra la cadaverina no hay resurrectina”, sentencia Yo el Supremo pero la vida siempre encuentra su camino. Quizás por eso Marco Polo recuerda al Gran Kan que existen dos maneras de no sufrir el infierno que vivimos todos los días: “La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio”. Pensar Curuguaty hace valer la pena optar por esta segunda manera. Optar por la dignidad, le dicen.



[1] Palabras finales del coronel Kurz, personaje interpretado por Marlon Brando en la película Apocalyse Now.

[2] Elsa Blair. Muertes violentas. La teatralización del exceso. Editorial Universidad de Antioquía. Medellín. 2004.

[3] Michel Foucault. Los anormales. Fondo de Cultura Económica. Argentina. 2000.

[4] Michel Foucault. Defender la sociedad. Fondo de Cultura Económica. Argentina. 2000.

[5] Saskia Sassen. Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Katz editores. España. 2015.

[6] CODEHUPY. Informe Chokokue. Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay (1989-2005). CODEHUPY. Asunción. 2007.

[7] CODEHUPY. Informe Chokokue 1989-2013. El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino. CODEHUPY. Asunción. 2014.

[8] El juez Gustavo Bonzi fue suspendido luego de sobreseer a los 14 acusados por el secuestro del ganadero Luis Lindstron.

[9] INECIP. Disciplinamiento judicial. Análisis a partir del caso Bonzi. INECIP/Universidad Nacional de Pilar. Asunción. 2015.

[10] Achille Mbembe. Necropolítica seguido de El gobierno privado indirecto. Editorial Melusina. España. 2011.

[11] Bartomeu Melia. El Paraguay inventado. CEPAG. Asunción. 1997.

[12] Ramón Fogel. Guerra y territorio. Incidencias de los modos de producción, en Más allá de la Guerra. Aportes para el debate contemporáneo. Autores varios. Secretaría Nacional de Cultura. Asunción. 2016.

[13] Quintín Riquelme. Agricultura familiar campesina en el Paraguay. Notas preliminares para su caracterización y propuestas de desarrollo rural. Documento de trabajo. CADEP. Asunción. 2016.

jun 082016
 

En un contexto de agresiones que se cruzan es cada vez más necesario dotar a los más jóvenes de herramientas de noviolencia activa y cultura de paz. Por ello, Serpaj Py en alianza con organizaciones sociales campesinas,  religiosas, de mujeres  y estudiantiles llevan adelante talleres en el interior del país y en Bañado Norte. 

No es fácil ser adolescente. Pero si además se vive en Yvy Ja’u, las complicaciones se suman: “Hace rato que ya no podemos ni encontrarnos en la Estación de Servicio, que es como el centro aquí, la Fuerza de Tarea Conjunta a cualquier hora viene y nos expulsa a todos los jóvenes” comenta uno de los chicos que participa en el taller de noviolencia activa y cultura de paz. El contexto de violencias que sufre el país  por  causas estructurales y culturales es cada vez más preocupante, sobre todo considerando el presente y el futuro de las juventudes que crecen en una sociedad que día a día naturaliza aún más estas violencias.

Ante esta realidad, el Serpaj PY, junto a organizaciones campesinas,  religiosas, de mujeres  y estudiantiles se encuentra construyendo agendas y aprendizajes a nivel local desde la
noviolencia activa.  Para ello, con el apoyo  de la Fundación Rosa Luxemburgo, promueve talleres con adolescentes y jóvenes para aprender a reconocer los diversos tipos, formas y ámbitos de la violencia y construir propuestas de acción desde la noviolencia activa y la cultura de paz. En total, se realizarán 12 talleres en comunidades de los departamentos de Concepción, San Pedro y el Bañado Norte, en Asunción. Se trata de territorios donde las y los jóvenes deben enfrentar a diario la violencia, expresada de diferentes maneras. En el caso de los departamentos de San Pedro y Concepción, los jóvenes resisten a la violencia normalizando nuevas prácticas y  hábitos que atentan contra sus libertades y contra el teko de la vida campesina, es decir, su cultura y sus modos de vida. “Si sos mujer y tenés que ir a estudiar en la Ciudad y  llega a oscurecer, mejor buscate donde dormir con tus compañeras. Hasta que amanezca no tenemos ninguna seguridad, nos puede pasar cualquier cosa” contaba una joven participante del taller realizado en Horqueta.

En setiembre, los chicos y chicas que participan de los talleres tendrán la oportunidad de reunirse en un Foro juvenil Interdepartamental, donde intercambiarán sus experiencias organizativas en la defensa de sus derechos, y  constituirán  alternativas de paz para sus comunidades y el país.

jun 082016
 

Cada 15 de mayo en todo el mundo se recuerda el Día internacional de la Objeción de Conciencia. Lo declaró en 1982 la Organización Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG), en un contexto de aumento sostenido de las detenciones a personas que se oponían a participar o colaborar en conflictos bélicos, para poner el foco en un derecho fundamental, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La objeción de conciencia se fundamenta en la libertad de las personas y en ese marco el Estado no puede obligar a nadie a colaborar con lo que uno esté en desacuerdo. Las razones para la objeción pueden ser éticas, religiosas o de cualquier índole. Cualquiera sea el caso, la objeción de conciencia es un derecho y debe ejercerse sin justificación alguna.

Actualmente en la Región se vuelve a reivindicar los valores militaristas. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri vuelve a ofertar el servicio militar “para quitar de la pobreza” a la gente y “como estrategia de combate a la vagancia” desconociendo el trabajo de años para remover los estereotipos hacia los sectores y colectivos históricamente discriminados. En Brasil, con el proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, sectores conservadores hicieron sendos llamados a las Fuerzas Armadas.

En Paraguay, el presidente Horacio Cartes cuenta con la discrecionalidad del uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, atribuciones que la Constitución Nacional no les otorga[1]. Se encuentran ahora militarizados 3 departamentos del país: Concepción, San Pedro y Amambay; los 2 primeros de históricas luchas campesinas por el territorio. La población se encuentra en un contexto de escalada de violencia donde  la mafia y grupos armados legales e ilegales controlan sus vidas y territorios. También se encuentran en medio de la persecución, criminalización y violencia hacia sus líderes por luchar por la tierra y sus derechos humanos.

En el medio de  estos duros escenarios, objetores y objetoras de conciencia mantienen en movimiento el  antimilitarismo.  El lanzamiento de la revista “Rompiendo Filas”, de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (RAMALC) vuelve a instalar información y conocimiento para reflexionar acerca de la realidad que envuelve el militarismo en América Latina.  En términos de recientes avances, es de suma importancia reconocer el trabajo de objetores de conciencia de toda Colombia, quienes pudieron romper barreras que contaban para el disfrute de derechos humanos como la educación y el trabajo. Objetores colombianos hoy pueden recibir sus títulos y trabajar sin necesitad de una libreta militar.

En Paraguay

El ejercicio al derecho a la objeción de conciencia está garantizado en el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional. Actualmente, existen más de 150.000 objetores de conciencia, cantidad que aumenta cada año. No obstante, todavía existen barreras para el ejercicio de este derecho fundamentado en la libertad de las personas: Los jóvenes sólo pueden declararse objetores completando un formulario en la Dirección de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo, en Asunción, o en algunas dependencias en cabeceras departamentales, lo cual impide el ejercicio de este derecho a muchos jóvenes en todo el territorio nacional. Aquellos que sí acceden al formulario deben, en el punto 13, justificar su objeción, hecho que vulnera el artículo 24 de la Constitución Nacional, que señala que nadie puede ser indagado a causa de su creencia o  ideología.

En nuestro país siguen en movimiento diversas acciones para crear conciencia política respecto a la violencia estructural  que se vive en el país. En el intento de brindar herramientas para pensar desde la paz, desde la noviolencia y el respeto a los derechos humanos existen iniciativas como las de Caracolito,  un grupo de afinidad antimilitarista y feminista, que viene desarrollando talleres de acción directa noviolenta en Asunción y localidades del departamento Central.  El SERPAJ PY  se encuentra  realizando talleres de noviolencia activa  en el Norte del País en los departamentos de San Pedro y Concepción, con jóvenes que forman parte de organizaciones locales, campesinas, estudiantiles y religiosas.

En noviembre de este año, Paraguay será sede del Tercer Encuentro de la RAMALC, en la que las organizaciones Caracolito, el Movimiento de Objeción de Conciencia y el  SERPAJ Py son miembros y estarán abocados a hacer posible una agenda antimilitarista.



[1] A través de la Ley N° 5.036/13, que modifica la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, y el Decreto reglamentario 103/13.

jun 082016
 

Desde hace décadas, las organizaciones campesinas reclaman la recuperación de las casi 8 millones de hectáreas de terrenos fiscales, entregados ilegalmente a allegados al régimen stronista. Lo hacen a través de diferentes estrategias: Una de ellas es la ocupación de las tierras por parte de familias campesinas sin tierra, acción que acompañan con solicitudes formales a las instancias correspondientes. Un ejemplo de esa lucha es la comunidad de Primero de Marzo-Joajú, en el distrito de en Yvyrarobana, Departamento de Canindeyú.

Richard Escobar, viceprediente de la Comisión Vecinal de Joajú, da la bienvenida a la Misión de Observación que visitó a la comunidad.

Desde el 2012, 320 familias están asentadas en una superficie de 4.499 hectáreas que figuran como propiedad de la Agroganadera Pindó S.A, en un caso más de tierras malhabidas: En junio de 1969, durante la dictadura del colorado Alfredo Stroessner, fueron adjudicadas por el Instituto de Bienestar Rural a la empresa Perfecta S.A.M.I, en permuta por una avioneta de la segunda guerra mundial, que nunca fue ingresada formalmente como patrimonio de esa institución, pero aunque hubiera ingresado, la entrega de las tierras seguiría constituyendo una irregularidad: La empresa no era sujeta de derecho a la reforma agraria y, además, la permuta de tierras sólo estaba permitida legalmente cuando se cambiaban unas tierras, por otras.

La Organización de Lucha por la Tierra (OLT), de la cual forman parte los pobladores del Asentamiento, les apoya en los trámites de regularización de las tierras. El INDERT no ha avanzado en la recuperación formal, y en el Parlamento tampoco ha avanzado un pedido de expropiación presentado en el Senado. Mientras tanto, ya han pasado 4 años y 3 intentos de desalojo, además del riesgo inminente de uno más, habida cuenta que desde fines del año pasado existe una orden de desalojo dictada en favor de la Agroganadera. Pero ese no es la única amenaza en la que viven: Más de 100 pobladores de la comunidad han sido imputados por invasión de propiedad, con lo cual viven en una situación de zozobra permanente. Ana Santander, vicepresidenta de la Comisión, tiene doble imputación: por asociación criminal e invasión de inmueble. Ello le restringe sus posibilidades de movilizarse, ya sea para comerciar su producción orgánica como para acceder a servicios básicos de salud para ella y su familia. De hecho, uno de los momentos más duros de la vida en el asentamiento fue cuando no pudo sacar a su madre gravemente enferma al Hospital de Curuguaty porque si salía de la comunidad, la iban a detener.

Los pobladores, pese a todo, han conseguido vivir con dignidad: Cada familia posee su casa, su chacra y su kokué: La producción orgánica es de tal magnitud que garantizar en auto consumo. El resto tratan de comercializar, pero el aislamiento es tal que les cuesta y a veces la única alternativa es dejar que el alimento se pudra y alimente de nuevo la tierra. Pero ellos siguen: Han instalado sistema de luz eléctrica, puentes y caminos, una escuela y hasta varias farmacias sociales, lo cual les permite una vida digna en comunidad.

La situación en el asentamiento está cada vez más difícil: A las más de 100 imputaciones y la inminencia de un nuevo desalojo se suma el aislamiento cada vez más intenso que viven. Esto lo comprobó en su reciente visita a la comunidad una Misión de Observación, iniciativa que contó con la presencia de representantes de varias organizaciones sociales, entre ellas el Serpaj PY, además de BASE IS, COBAÑADO, CODECO, CODEHUPY, CONAMURI, CEPAG, Federación Nacional Campesina (FNC), CDIA, DEMOINFO, el Obispado de Alto Paraná, DIAKONIA, Tierra Viva y el Padre Francisco de Paula Oliva, entre otros.

La Misión constató, por un lado, el estado de zozobra en que vive la comunidad, y la ausencia real y efectiva de la presencia del Estado, vista en los accesos viales a la comunidad, la falta de asistencia médica, la nula electrificación de la zona, la represión y criminalización a líderes y ligerezas, a través de imputaciones jurídicas, entre otras necesidades fundamentales.

Vale mencionar también, que la Misión de Observación constató y valoró las condiciones en que las más de 330 familias, con un modelo productivo agro ecológico sostenido de manera exitosa, con una numerosa producción agrícola y de animales de granja.

Durante la Misión de Observación, las y los visitantes pudieron constatar la diversidad de la producción agro ecológica en la comunidad

El valor de la lucha campesina en la recuperación de las tierras malhabidas

Las actividades relacionadas con la defensa y promoción de los derechos por medios pacíficos no sólo son legítimas y están explícitamente reconocidas como parte integral del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que son fundamentales en aquellas sociedades que buscan regirse por los principios democráticos y promover una cultura ciudadana respetuosa de los derechos humanos. No se puede hablar de democracia en un país en el que sus ciudadanos/as además de no tener derecho al bienestar integral, tampoco pueden disentir ni exigir a las autoridades, por medios no violentos, el cumplimiento de los deberes del Estado. La garantía y protección de los derechos de todos/as sus habitantes son obligaciones contraídas por el Estado ante la comunidad nacional e internacional, una vez ratificados los tratados internacionales. Bregar por su cumplimiento no es un delito sino el ejercicio de la justa reivindicación de una sociedad más justa e igualitaria.

jun 082016
 

Casi 8 millones de hectáreas de las mejores tierras fueron apropiadas ilegalmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner, y aún no han sido recuperadas para su legítimo fin: la reforma agraria. La Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización de la Lucha por la Tierra (OLT) y la Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) lanzaron una campaña de comunicación para denunciar la falta de voluntad política en la recuperación de las tierras malhabidas y cómo el acaparamiento de la tierra nos perjudica a todos.

De izquierda a derecha, Marta Figueredo, de la OLT; Alicia Álvarez, de CONAMURI; Teodolina Villalba, de la FNC; y DiosnelSachelaridi, de la OLT.

“Tierras malhabidas, la pagamos todos” es una campaña que busca exigir un proceso transparente de expropiación de las tierras paraguayas concedidas ilegítimamente durante la dictadura. Se trata de una reivindicación histórica del campesinado y los pueblos indígenas que fueron expulsados de sus hogares ancestrales durante el régimen de Stroessner que, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia, suman unas 8 millones de hectáreas aún pendientes de recuperar.

El pueblo es el que paga las consecuencias de las tierras malhabidas con la pérdida de oportunidades, de la producción, de calidad de vida para miles de campesinos y campesinas, con
la pérdida de precios justos para todas las familias del país que desean llevar alimentos sanos a su hogar
”, explicó durante el lanzamiento de la campaña Diosnel Sachelaridi, de la OLT.

¿Por qué son tierras malhabidas?

  • Porque el Estado las entregó a personas y empresas que no son sujetas de la reforma agraria.
  • Porque en algunos casos el Estado entregó más de un lote por persona o empresa, y eso está prohibido por ley.
  • Porque el Estado entregó lotes más grandes que los permitidos por ley.
  • Porque fueron adjudicadas violando lo establecido en el Estatuto Agrario y otras leyes.

La sopa ex paraguaya

Esta relación directa entre el acaparamiento de las tierras y la pérdida de soberanía alimentaria la resolvieron a través de una nueva receta: la “Sopa ex paraguaya”, un concepto con el cual esta campaña busca sensibilizar a la ciudadanía urbana, a la que le cuesta vincularse con la realidad campesina. La lógica es simple: La sopa paraguaya hoy se elabora con muchos ingredientes extranjeros, lo que genera una suba de precios para todos los consumidores. ¿Por qué sucede esto? Ante la falta de tierras, cada vez menos alimentos son producidos por pequeños productores, lo que genera escasez y mayores precios, desempleo rural y dependencia alimentaria. Y las millones de hectáreas de tierras malhabidas podrían ser usadas para la producción de alimentos que beneficiarían a miles de campesinos y llevarían alimentos a mejores precios para el consumidor final. Una medida que generaría trabajo a miles de personas. “Siempre reclamamos la distribución de tierras a los que no la tienen. Si son repartidas y se les da seguimiento se va a dar un paso hacia la Reforma Agraria. Esto es de interés Nacional, para el desarrollo de nuestro país”, comentó Teodolina Villalba, de la FNC.

Para más información sobre la campaña, para conocer cuáles son las tierras en litigio y firmar una petición pública, se puede ingresar a la web oficial de la campaña: www.tierrasmalhabidas.com.py

 

jun 082016
 

Luego de más de 2 años de seguimiento a la aplicación de la ley 5.036/13[1] y el decreto reglamentario 103/13, que habilitaron al Poder Ejecutivo a militarizar el Norte del país, y con la certeza de que ambas normativas no cumplen con lo dispuesto en la Constitución Nacional, el Serpaj Py patrocinó la presentación de una acción de inconstitucionalidad presentada por 4 pobladores del Norte del país que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta.

De izquierda a derecha, Alberto Simón abogado patrocinante; Ramón Denis Cardozo e Ignacio Sosa, accionantes; y Vidal Acevedo, integrante del Serpaj Py.

A pocos días   de que Horacio Cartes asumiera la presidencia, en 2013, obtuvo la aprobación de su propuesta de modificación de la Ley 1.337/99 “De Defensa Nacional y Seguridad Interna”. La promulgación de esta Ley dio vía libre para que -48 horas después- Cartes emitiera el decreto presidencial 103/13 “Por el cual se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, en operaciones de defensa interna en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay”.

Desde ese entonces el Serpaj Py junto con otras organizaciones vienen señalando su preocupación ante la vulneración, por parte del Poder Ejecutivo, del principio del equilibrio entre los poderes del Estado y el hecho de que, en la práctica, haya instalado un estado de excepción permanente, con plazos ilimitados, sin control ni aprobación por parte del Poder Legislativo.

En breve se cumplirán 3 años del despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), compuesta por militares, policías y agentes de Senad para la búsqueda de integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Agrupación Campesina Armada (ACA). La militarización de la zona norte del país se ha traducido en acciones violatorias a los derechos humanos en las comunidades: uso inapropiado de la fuerza, allanamientos irregulares, muerte de personas que no tenían relación alguna con los grupos buscados, torturas y privación ilegítima de libertad.

Ante esta situación, desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos se plantean dos vías de acción. Una de ellas es la solicitud al Parlamento de la derogación de la Ley 5.036/13, y el segundo camino implica la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Desde el Serpaj Py, luego de realizar un seguimiento exhaustivo de la situación en el Norte y a partir de un dictamen jurídico del doctor en derecho Juan Carlos Mendonça, se ha promovido en abril pasado una acción de inconstitucionalidad con la intención de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia[2] se expida sobre los defectos de una ley que ha sido dictada en contra de los preceptos de la Constitución.

La presentación fue realizada por cuatro ciudadanos de comunidades del Norte del país, quienes sufrieron distintos tipos de violaciones a sus derechos humanos en el marco de las operaciones de las FTC. Todas estas personas han presentado denuncia formal ante la fiscala Marta Sandoval, de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. Serpaj Py  no descarta promover acciones ante instancias internacionales en la búsqueda de la justicia.

¿Por qué la Ley 5.036 es inconstitucional?

La ley 5.036 /13 introduce algunas pocas modificaciones que, sin embargo, alteran profundamente la ley original. El cambio más sustancial, correspondiente al artículo 2, confiere a las Fuerzas Armadas atribuciones para enfrentar agresiones internas, potestad que la Constitución sólo faculta a la Policía Nacional (Art. 175).

Antecedentes de atropellos sufridos por las personas accionantes

Ramón Denis Cardozo, poblador del departamento de San Pedro, docente y director de la Escuela 3707 de la Colonia Oñondivepa desde hace más de 20 años, denunció que la noche del jueves 5 de setiembre de 2013 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, que se identificaron como militares, echaron todas las puertas de su domicilio, destruyeron su computadora, lo echaron de la cama, le pisaron la nuca, golpearon a uno de los hijos en la cabeza, les apuntaron con armas, acusando a Ramón de ser Elvio Ramón Cardozo, buscado por supuesto triple homicidio y por ser miembro del EPP.

 Ignacio Sosa Ortega, poblador de la Colonia Oñondivepa, departamento de San Pedro, denunció vulneraciones en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta la madrugada del 6 de setiembre del 2013: Le atropellaron 5 sujetos con pasamontañas y “parapara´i”, quienes lo tiraron al suelo boca abajo, así como a su esposa e hijos. Posteriormente le llevaron al fondo de su casa para cavar una fosa y dijeron que lo mataría, entre otros atropellos sufridos y denunciados a la fiscala Marta Sandoval, de la unidad especializada en derechos humanos.

Epifanio Cabañas, poblador de San Pablo de Kokueré departamento de San Pedro, fue víctima de agresiones en el mismo operativo de la FTC, en la madrugada del 6 de setiembre del 2013. En su denuncia ante la Fiscalía, señaló que las FTC actuaron con agresividad, amenazándolo a él y a sus 3 hijos, apuntándoles con armas de fuego.

Gumersindo Toledo, poblador de Arroyito, del departamento de Concepción, en octubre de 2014 fue víctima de torturas, golpes y simulacro de asfixia por miembros de la FTC en presencia y coautoria de una persona que le fuera presentada como el fiscal Joel Cazal.


[1] Promulgada el 22 de agosto de 2013

[2]Art.132 de la C.N. “La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley”

jun 082016
 

En el marco de la Feria Internacional del libro de Asunción, Serpaj Py presentó el segundo volumen de la investigación sobre las relaciones entre el autoritarismo y educación en el Paraguay, que abarca el periodo de 1931 a 1954.

De izq. a der. Milda Rivarola, David Velázquez Seiferheld, Ramón Corvalán e Ignacio Telesca.

En el periodo que va desde la guerra del Chaco al acceso de Stroessner al poder se produce un giro ideológico en el sistema educativo paraguayo, marcado por un nacionalismo que permea los diferentes grupos políticos, tanto conservadores como progresistas, y un proceso de debilitación del modelo liberal que dio paso a una visión más autoritaria de la sociedad. Es justamente este proceso el que se analiza en la publicación “Relaciones entre autoritarismo y educación en el Paraguay: la transición hacia el nacionalismo, el autoritarismo y la afirmación de la autoridad estatal”. Su autor es el historiador David Velázquez Seiferheld, quien junto a Ana Barreto, Ignacio Telesca y Sandra D’Alessandro realizó una investigación sobre la educación desde 1869 hasta el 2012 y que se difundirá en un total de 4 volúmenes. Tanto la investigación como las publicaciones son una iniciativa de Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj Py) con apoyo de Diakonía.

El lanzamiento de este segundo volumen se realizó en el marco de la Feria Internacional del libro de Asunción. La presentación estuvo a cargo de la historiadora y politóloga Milda Rivarola, quien facilitó imágenes fotográficas que aportan a la publicación un enorme valor histórico y documental. Con relación a la investigación propiamente dicha, Rivarola planteó su importancia en el marco del diseño de una reforma educativa de manera a garantizar la ruptura efectiva con respecto a la educación autoritaria, todavía hoy vigente. “La primera impresión que tuve cuando leí el libro es ¿Por qué antes de hacer la reforma educativa de la transición democrática no se hizo una investigación como ésta? Marcar la ruptura entre la educación autoritaria del stronissmo y las líneas maestras siguientes no debería haberse hecho sin una investigación similar a la que estamos presentando”.

Ramón Corvalán, del equipo de educación del Serpaj, explicó que la idea de la investigación nació a partir del trabajo cotidiano del Serpaj Py a nivel educativo con jóvenes y  docentes ya sea en el ámbito educativo como en los barrios y en las organizaciones campesinas. “Siempre aparecía el tema del autoritarismo en la educación, pero no teníamos un material de investigación sólido, sistemático y puntual sobre el tema. La pregunta que habilitó la posibilidad de realizar esta investigación fue ¿cómo es que se cruzaron en el proceso histórico nuestro el autoritarismo, el nacionalismo y el militarismo con la educación?

La investigación, a criterio de Ignacio Telesca, permite comprender lo que sucede hoy en nuestro país. “Queríamos comprender cómo podía ser que el autoritarismo estuviera presente en la sociedad hoy. Tratar de comprender a través de uno de los pilares de este autoritarismo: la educación, que ciertamente no es el único, pero es uno de ellos”.

En el segundo volumen se explican el proceso mediante el cual la Escuela Activa de Ramón Indalecio Cardozo daba paso a una escuela más controlada por un Estado que proclamaba públicamente el nacionalismo heroico y el autoritarismo como forma de gobierno. Se explica, asimismo, como en este periodo el conservadurismo va influyendo en la educación. En palabras de David Velázquez, si bien este segundo volumen no pretende ser un texto definitivo, sí es un valioso material para encontrar datos, información de interés, “y quizás algunas continuidades y rupturas con respecto a lo que está ocurriendo en estos días”.

Tanto el primer como el segundo volumen de esta investigación pueden ser obtenidos en las oficinas del Serpaj Py, así como descargados en su versión digital. De momento, el equipo investigador y redactor se encuentra abogado a la elaboración del tercer volumen, cuyo lanzamiento está previsto para mediados del 2017.