may 132016
 

El 15 de  Mayo es un día para recordar la objeción de conciencia como un derecho humano fundamental  y desde el  Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ PY), deseamos valorar el trabajo vital por la libertad que realizan objetores y objetoras de conciencia -organizados o no- pues es una lucha cotidiana y necesaria contra los militarismos al que tanto insisten en someternos, para generar más violencia y mayor desigualdad.

La objeción de conciencia aboga por la vida, y se posiciona en contra de la cultura militarista, basada en la jerarquización de las relaciones, el autoritarismo, la sumisión y la obediencia ciega. La cultura pro-militarista y bélica aún está instalada en nuestro país, traduciéndose en cifras alarmantes de muerte y desaparición de jóvenes en los cuarteles: Desde 1989 al 2012 fallecieron 147 jóvenes prestando el servicio militar, y aún hay 2 desaparecidos. La mayoría de estos casos quedaron impunes. Acontecimientos recientes como las reacciones violentas al retiro de una placa stronissta de un Colegio de la capital muestran de qué manera la cultura autoritaria sigue permeando las distintas instancias institucionales y actitudinales. En ese sentido, el accionar de jóvenes de la democracia muestra de qué manera no quieren volver a ese pasado que no vivieron, pero cuyos efectos resienten.

El ejercicio al derecho a la objeción de conciencia está garantizado en el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional. Actualmente, existen más de 150.000 objetores de conciencia, cantidad que aumenta cada año. No obstante, todavía existen barreras para el ejercicio de este derecho fundamentado en la libertad de las personas y que debe ejercerse sin justificación alguna: Los jóvenes sólo pueden declararse objetores completando un formulario en la Dirección de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo, en Asunción, o en algunas dependencias en cabeceras departamentales, lo cual impide el ejercicio de este derecho a muchos jóvenes en todo el territorio nacional. Aquellos que sí acceden al formulario deben, en el punto 13, justificar su objeción, hecho que vulnera el artículo 24 de la Constitución Nacional, que señala que nadie puede ser indagado a causa de su creencia o  ideología.

Asimismo, el artículo 129 de la Constitución establece que “quienes declaren su objeción de conciencia podrán hacer un servicio civil en beneficio de la población”. Sobre este punto es necesario señalar que no debe existir ningún servicio obligatorio: ni militar ni civil. En todo caso, la alternativa respetuosa de los derechos humanos de los jóvenes es establecer la voluntariedad de ambos servicios, lo cual exigimos al Estado paraguayo como responsable de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la objeción de conciencia en nuestro país.

En ese sentido, reiteramos que la ley 4013/10, que Reglamenta el Ejercicio del Derecho a la Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio y establece el Servicio Sustitutivo al mismo en la población civil, es inconstitucional y que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe dictar fallo en torno a una acción de inconstitucionalidad que desde el SERPAJ PY hemos promovido en 2013.

Contactos para medios de prensa:

Vidal Acevedo, integrante de SERPAJ PY. Tel: (0971) 336-934

may 132016
 

Al respecto del retiro de una placa de bronce instalada en el Colegio Técnico Nacional años atrás, en la época de la dictadura, para homenajear al Gral. Alfredo Stroessner, hay que decir en primer lugar que ésa es una de las tantas placas que obligatoriamente por orden del régimen se ponían en los establecimientos públicos e, incluso, privados. Por otro lado, las mismas, no tienen valor histórico ni cultural. Por el contrario, representan un legado de una dictadura siniestra que asoló al país durante casi 35 años y que dejó miles de víctimas, exiliados y más de 400 desaparecidos, por lo cual la dictadura stronista fue condenada por las Naciones Unidas y la comunidad internacional por las violaciones a los DD.HH.

La acción de los jóvenes estudiantes está amparada por las Recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, ente oficial creado por ley del Congreso, que examinó durante cuatro años (2004-2008) los crímenes de la dictadura y las violaciones a los DD.HH. Su informe final fue entregado a los representantes de los tres poderes del Estado en acto público realizado en el Teatro Municipal, en que los mismos asumieron el compromiso de no repetición de actos que reivindiquen la dictadura y de juzgamiento de los responsables y sus cómplices. 

El Presidente de la República, Fernando Lugo, pidió perdón en nombre del Estado y de la Nación paraguaya a todas las víctimas. Expresó que el Informe Final de la CVJ constituía ‘una advertencia sobre un pasado que no se debe repetir jamás’.

El artículo 16 de las Recomendaciones de la CVJ establece taxativamente: “Desmantelar monumentos públicos y eliminar nombres de lugares públicos, de personas consideradas como responsables de violaciones de derechos humanos”.

El régimen de Alfredo Stroessner se caracterizó por reiteradas violaciones a los DD.HH. Desde ese punto de vista, la acción de los jóvenes está plenamente fundamentada, en consonancia con lo dispuesto por la CVJ y la Constitución Nacional Además tiene antecedentes importantes, como el retiro de una placa similar instalada en el edificio central del IPS en 2009 por decisión del Presidente del Consejo del IPS, por representar valores antidemocráticos y reivindicativos de la dictadura.

A ello, deben sumarse acciones anteriores como la del entonces Intendente de Asunción, Carlos Filizzola, quien tomó la decisión, con el apoyo de la ciudadanía, de retirar del Cerro Lambaré la estatua del Gral. Alfredo Stroessner. Y, en ese mismo sentido, retirar de otros lugares de la ciudad bustos de otros dictadores, como el de Anastasio Somoza. 

Con el tipo de acciones de un grupo de jóvenes del CTN se alimenta el ideal democrático en el camino de lucha por desterrar el autoritarismo, la impunidad y la corrupción de nuestro país, a pesar de los nostálgicos que siguen elogiando ése pasado oscuro.

La tarea de los jóvenes que se han movilizado en búsqueda de auténticas reivindicaciones para el sector educativo y el futuro de nuestro país, tienen que ver con la creación de una cultura de paz, de tolerancia, de valores democráticos y de un Nunca Más a la Dictadura.

Asunción, 13 de mayo de 2016

MESA MEMORIA HISTÓRICA – MUSEO DE LAS MEMORIAS – CODELUCHA – SERPAJ-PY – CODEHUPY – FUNDACIÓN CELESTINA PÉREZ DE ALMADA – SINDICATO DE PERIODISTAS DEL PARAGUAY – CUT AUTÉNTICA  – CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES – MUJERES POR LA DEMOCRACIA – CIPAE

may 032016
 

En el preciso momento en que la policía rompió las puertas del colegio República Argentina para ingresar al predio de la institución tomada por estudiantes, el derecho a la educación y -en cadena- una serie de otros derechos, se derrumbaron con las puertas.

El acontecimiento producido, informado, anticipado por los estudiantes como parte de su proceso de despertar y ver la realidad, puede transformarse ante la dificultad de las autoridades para establecer un dialogo genuino con un actor clave del sistema educativo: los estudiantes, en un hecho antijurídico, pasible de ser procesado desde los criterios del Código Penal y no desde la potencialidad que ofrece la perspectiva de derechos que supone partir del reconocimiento de una igualdad de base.

Resulta llamativa la dificultad de las autoridades de constituir al estudiante como interlocutor en la construcción de una política educativa. Reducirlo al simple consumidor de una oferta educativa en crisis desde hace mucho tiempo, es el principal obstáculo para generar un clima de pensar en conjunto el porvenir de la educación en Paraguay.

Postergar este hecho sólo puede derivar en una situación como la actual en la que un hecho de pedir una conversación acerca de dicho porvenir, se transforme en un delito configurado bajo el manto de la alteración de la paz pública.

Desde el Servicio Paz y Justicia Paraguay, reconocemos la genuina demanda de los estudiantes que hasta ahora no encuentra un lugar digno donde pueda procesarse con la necesaria responsabilidad que un Estado social de derecho debe asumir su función de garantizar derechos. Eludir esta función configura siempre un gesto violento y suele ubicar a cualquier colectivo, grupo u organización en la situación de realizar gestos rotundos para convocar a las autoridades a pensar juntos.

Los estudiantes no son sólo usuarios o consumidores de planes, programas, currículums; son sujetos de derechos que requieren respuestas coherentes a dicho estatuto, y mucho del porvenir del disfrute más pleno y digno del derecho a la educación en nuestro país pasa por un ejercicio de poder estatal más cercano a los principios de la democracia y los derechos humanos. El momento actual es el clima ideal para que las autoridades desplieguen la actitud pedagógica necesaria para transformar el desafío de los estudiantes en una oportunidad para repensar mediante una modalidad dialogante el futuro inmediato de la educación en Paraguay.

Desde el Servicio Paz y Justicia Paraguay apelamos a la responsabilidad de las autoridades para que dicha actitud pedagógica sea el criterio de abordaje de la situación, de lo contrario, los principios del derecho a la educación pueden perderse en la grieta producida por la policía en el edificio del colegio República Argentina.

mar 062016
 

 

El Servicio Paz y Justicia en América Latina, SERPAJ-AL, expresa su protesta por el vil asesinato del que fue víctima, en días recientes, la líder indígena hondureña, Berta Cáceres Flores, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Berta Cáceres fue promotora de varias campañas en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica proyectada a construirse en el Río Gualcarque, el que es considerado lugar sagrado para la etnia lenca; logrando con sus constantes campañas que la poderosa empresa Sinohydro, considerada la mayor constructora de represas del mundo, retirara su participación en dicho proyecto.

El mencionado proyecto de construcción de la represa en el río Gualcarque, además, contaba con la participación de la Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que tenía estipulada una fuerte inversión económica en tan ambicioso proyecto que atenta contra lo más sagrado para la etnia lenca.

Berta Cáceres se hizo acreedora al Premio medioambiental Goldman, por sus actividades en defensa de los Derechos Humanos, en especial los concernientes al ambiente sano,  máximo reconocimiento para quienes promueven la defensa de entornos medioambientales amables para la humanidad.

El SERPAJ-AL asume como propia la valerosa e incansable gesta de Berta Cáceres frente a la depredación de los recursos naturales por parte de los grupos económicos de poder al estimarla amenaza común de los pueblos latinoamericanos, ante la que debemos unirnos alrededor del recuerdo de Berta y de la semilla que nos sembró en el alma motivándonos a internacionalizar nuestras luchas y unirnos en nuestras causas comunes por el medio ambiente libre de intromisiones lesivas, solidarizándonos con el pueblo Lenca.

                   Servicio Paz y Justicia en América Latina, SERPAJ-AL

ene 082016
 

A través de una nota remitida hoy a diferentes instituciones del Estado, el Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py) urge una exhaustiva investigación de la muerte de Julián Ojeda, en el procedimiento de las Fuerzas de Tarea Conjunta realizado el 18 de diciembre del 2015 en Nueva Fortuna, Municipio de Azote’y, Concepción.

La nota expresa que ante las contradictorias versiones en lo concerniente al hecho ocurrido en Nueva Fortuna, en relación al procedimiento realizado por las FTC del cual resultó víctima fatal el Sr. Julián Ojeda Espínola, de 49 años de edad, de profesión agricultor y que reside en el mencionado lugar con su familia desde hace 10 años aproximadamente, una comitiva realizó una visita el miércoles 23 de diciembre pasado, con el objetivo de obtener de primera fuente los testimonios de los/as familiares y de los/as vecinos/as.    Seguir leyendo »

ene 072016
 

El 18 de diciembre último la Fuerza de Tarea Conjunta abatió a un miembro de las “bandas criminales” del departamento de Concepción, que fue mostrado en los medios como miembro del Ejército del Pueblo Paraguayo(EPP). En una visita a la casa del abatido, a su viuda y sus 10 hijos e hijas, una comitiva de organizaciones sociales constató que se trata de otra víctima inocente que muere a manos de la todopoderosa fuerza compuesta por militares y policías. Se espera una investigación del caso y que se haga justicia. Seguir leyendo »

dic 242015
 

Asunción, 23 de diciembre (SERPAJ-PY). Referentes del Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py), de la Pastoral Social de Concepción, medios de prensa y funcionarios del Senado en representación del senador Hugo  Richer, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, visitaron este mediodía a la viuda y 10 hijos de Julián Ojeda Espínola (49), muerto por la Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) el viernes último.

La comitiva estuvo integrada por Vidal Acevedo, del Serpaj-Py; Prof. Benjamín Valiente, de la Pastoral Social de Concepción; Monseñor Pablo Cáceres, Vicario de la Diócesis de Concepción; Prof. Marciano Jara, de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Concepción; los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, los abogados Arsenio Aguayo, Asesor, y Leoncio Irrazábal,  Secretario. Esta visita se realizó en presencia de vecinos y vecinas de la familia Ojeda.

Julián Ojeda falleció a consecuencia de las acciones de los efectivos policiales y militares de las FTC, desplegadas en la zona de Kuruzu de Hierro, distrito de Azotey, departamento de Concepción, a poco más de 400 km de la capital paraguaya. Seguir leyendo »

dic 162015
 

 

El Servicio Paz y Justicia, Paraguay, en el marco de una iniciativa que busca promover el debate y promover la elaboración de una agenda de acciones para la derogación de la Ley 5036/13 que modifica los artículos 2, 3 y 56 de la Ley de Defensa Nacional, difunde y comparte este trabajo de investigación realizado por el Dr. Juan Carlos Mendonça, sobre la inconstitucionalidad de la referida Ley.

La investigación identifica las consecuencias que pueden derivarse de las modificaciones introducidas por la Ley 5036/13 al texto de la Constitución Nacional. El autor analiza como “una modificación que aunque mínima en apariencia, resulta de gran importancia”. Lo minúsculo del cambio genera, sin embargo, una cascada de cambios preocupantes. Se pone atención también en el uso de expresiones de “notoria vaguedad significativa” que producen un desequilibrio interno de poder, que culmina en un gran aumento del poder del Ejecutivo. Seguir leyendo »