jul 212016
 

La abogada Mirta Moragas –una de las defensoras de Raquel en el caso Curuguaty– señala que el proceso a la joven es totalmente nulo, pues según las reglas del proceso penal adolescente una persona es penalmente responsable “solo si” al momento de realizar el hecho tenía la capacidad de entender el alcance de sus actos y determinarse conforme a ese conocimiento, según el artículo 194 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se aplica en este caso, pues al momento de los hechos Raquel era menor de edad.

En este sentido explica que la única manera de determinar el grado de madurez es a través de un estudio sicológico. Sin embargo, este estudio nunca fue realizado a Raquel, por lo que todo el proceso es nulo. Además, Moragas añade que durante el juicio de los adultos, la fiscalía insistió mucho en indagar sobre ella, es decir, ella empezó a ser juzgada con los adultos, “lo que a todas luces es la ruptura de muchos principios constitucionales del derecho a la defensa”, sostiene.

Enfatiza, asimismo, que este es un vicio procesal insalvable, pues en caso de que se intente reparar esta violación del debido proceso ordenando que la pericia se realice cuatro años después, esta carecerá de completa validez pues no existe ningún instrumento para determinar el grado de madurez de una persona en el pasado. “La máquina del tiempo no existe”, grafica.

La abogada observa además que Raquel será juzgada por el mismo tribunal que condenó a los adultos, que ya tiene una opinión previa en la causa y que ya falló condenando a las mujeres a penas de seis años de cárcel. La condena se basa en el supuesto de que las mujeres se mostraron con sus hijos para tomar desprevenidos a los policías y corrieron del lugar luego de iniciarse el tiroteo. “Ella será sometida al mismo escarnio que el resto de las mujeres, por proteger a su hijo y por correr ante el peligro”, señala Moragas.

El juicio a Raquel está marcado para el lunes 25 de julio, a partir de las 8.00 horas, en el salón auditorio del campus de la Universidad Nacional de Canindeyú (Unican) en Saltos del Guairá.

Contactos:

Mirta Moragas: 0992 445 192

Sonia Von Lepel: 0991 450 481

jul 182016
 

Quienes conformamos el Servicio Paz y Justicia Paraguay, organización defensora de los derechos humanos y con plena opción por los principios democráticos, la justicia y la noviolencia activa, ante la lectura de los fundamentos del fallo del juicio oral por la matanza de Curuguaty manifestamos cuanto sigue:

Rechazamos de forma rotunda la sentencia  y exigimos la revisión de la causa y la nulidad del juicio por vicios de origen que le impiden responder adecuadamente a condiciones básicas de imparcialidad y exhaustividad.

Mencionamos, al respecto,  que 17 personas, 6 policías intervinientes y 11 campesinos, murieron durante el desalojo en las tierras conocidas como Marina Kué, el pasado 15 de junio de 2012; pero en los argumentos leídos sólo fueron abordadas las muertes de los agentes policiales.

Recordamos a las autoridades responsables de administrar justicia que sigue abierta la pregunta: ¿Qué pasó en Curuguaty? porque las muertes de Luis Paredes, 26 años; Luciano Ortega, 18 años; Fermín Paredes, 28 años; Adolfo Castro, 28 años; Avelino Espínola, 54 años; Arnaldo Ruiz Díaz, 35 años; Ricardo Frutos Jara, 42 años; Delfín Duarte, 56 años; Francisco Ayala, 38 años; De los Santos Agüero, 23 años y Andrés Riveros, 67 años, no fueron investigadas y, por tanto, el Estado paraguayo aún no ofrece una explicación a la sociedad ni a los familiares en los términos de Verdad y Justicia. En los casos de Luciano Ortega, Adolfo Castro, Francisco Ayala y Andrés Riveros, existen, incluso, testimonios y evidencias forenses que apuntan a que fueron acribillados y ejecutados de forma arbitraria, posterior al enfrentamiento producido durante el desalojo.

Destacamos que la legitimidad del Estado Social de Derecho, referido en el artículo 1° de nuestra Constitución, se apoya fundamentalmente en el cumplimiento de su función de protección de los Derechos Humanos, “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, conforme lo expresa en su tercer considerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Señalamos la gravedad del hecho derivado de que los argumentos de la sentencia en el caso Curuguaty desconozcan principios básicos de garantía y protección de derechos humanos, de verdad y justicia, pero que optan por apoyarse en una moral perversa que culmina en la naturalización del crimen y la crueldad. Aceptar los argumentos leídos simplemente implicaría reiterar en el presente la histórica discriminación al campesinado, la naturalización social de sus sufrimientos y el desprecio al derecho que forma parte de la cultura política autoritaria en nuestro país.

Insistimos en que la tensión instalada por la pregunta: ¿Qué pasó en Curuguaty?, sigue sin resolverse y que se encuentra en juego la posibilidad de construir y consolidar una sociedad sobre los fundamentos de la paz y la justicia. Esta tarea colectiva se vuelve imposible cuando se pretende, mediante una perversa pedagogía, convencernos de que no existe mal alguno en el asesinato de ciudadanos y ciudadanas. La vida no es sólo la extensión funcional de ningún objeto económico ni de alguna mercancía intercambiable.

Reiteramos nuestro rechazo rotundo a los argumentos de la sentencia e instamos a las autoridades a investigar de forma responsable, independiente e imparcial, todos los hechos relativos a la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la masacre de Curuguaty. Los derechos humanos son la ética de la democracia; la persistencia de la impunidad, su contracara más perversa.

jul 182016
 
  • MARTES 19 DE JULIO, 07.00 HS., SOBRE ARTIGAS Y SAN ESTANISLAO (FRENTE A IMPRENTA ZAMPHIRÓPOLOS).

  • RECLAMAN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), INFORMACIÓN SOBRE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN.

  • ASIMISMO, EXIGEN AL GOBIERNO QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL OPERATIVO RETORNO DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS, CON LA PROVISTA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS (LUZ, AGUA, LIMPIEZA, ETC.).

Ante el avance de las obras de construcción de la segunda etapa de la avenida Costanera Norte, pobladoras/es del Bañado Norte se movilizarán para exigir al gobierno información acerca de una obra pública que les afecta de manera directa, que ya ha sido iniciada y de la cual no han recibido información suficiente. La movilización es organizada por la Coordinadora de Defensa Comunitaria (CODECO) con apoyo de la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (Cobañados). Se realizará a las 07.00 hs. del martes 13 de Julio, sobre Avenida Artigas y San Estanislao (frente a la imprenta Zamphirópolos).

El pasado  mes de mayo, luego de una movilización de organizaciones bañadenses frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se instaló una mesa de trabajo integrada, en un principio, por el viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y posteriormente por el jefe de las obras de la avenida Costanera, ingeniero Pedro Cardozo. En el marco de esta mesa de trabajo, el MOPC ha entregado a las organizaciones bañadenses el mapeo de obras, en el cual se desaparecen barrios enteros, como es el caso de la zona del Banco San Miguel, en la cual viven más de 100 familias. Hasta el momento, el MOPC no se ha reunido con esas familias para informarles oficialmente de la afectación de sus viviendas, ni de las políticas de acción social que el gobierno tiene previstas para responder a este impacto y las legítimas demandas consecuentes. Es por ello que los bañadenses exigen información completa e inmediata por parte de las autoridades responsables.

Asimismo, en la movilización prevista reclamarán a las autoridades el cumplimiento de las condiciones necesarias de conexión eléctrica, servicio de agua potable y limpieza de las zonas en las que ya ha bajado el río Paraguay, en el marco del operativo retorno de las familias afectadas por las inundaciones que ya pueden retornar a sus casas.

CONTACTOS PARA MEDIOS DE PRENSA:

María García, coordinadora de CODECO y de Cobañados. Tel: (0994) 493-574.

Carmen Castillo, integrante de CODECO. Tel: (0992) 302-888.

jul 132016
 

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), con relación a la sentencia pronunciada en el caso Curuguaty, que arrojara gravosas penas de privación de libertad para 11 personas, sin que esté fehacientemente acreditada la responsabilidad penal de las mismas, como correspondería en un juicio imparcial y con las debidas garantías procesales, expresa cuanto sigue

1.       Su más enérgico rechazo al pronunciamiento arbitrario del tribunal de sentencia que impuso condenas aberrantes a campesinos y campesinas de Curuguaty, en una causa irregular que de principio a fin ha violado las garantías judiciales, como el debido proceso, al cual el poder punitivo del Estado está subordinado en todo momento.

2.       El tribunal de sentencia presidido por el Juez Ramón Trinidad Zelaya, apartándose de su obligación, ha conculcado los más elementales derechos de las personas que ha juzgado, condenándolas sin que exista certeza en la acusación, cuando correspondía la absolución por la persistencia de una duda razonable. Esto fue alegado no solamente por la defensa en juicio, sino por un conjunto amplio de observadores y expertos a lo largo de un proceso penal  cuyo desenlace confronta nuevamente a la República con la inadmisible instrumentación política de instituciones judiciales y fiscales.

3.      Asimismo, el caso Curuguaty también nos muestra cómo la discriminación se expresa en el Paraguay, cuando el Estado persigue a expensas, incluso, de sus obligaciones en derechos humanos a unos, dejando en la impunidad a otros, según la conveniencia  y los cálculos políticos del poder. A 4 años de los sucesos no existe ninguna investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales y torturas sobre las cuales existen evidencias muy consistentes. Esto también es así cuando asistimos al más absoluto desinterés por investigar la muerte de Vidal Vega, dirigente campesino de Marina Kué ejecutado por sicarios en su domicilio el 1 de diciembre de 2012.

4.      Por último, exigimos que la sentencia dada a conocer el pasado 11 de julio sea declarada nula por el tribunal de alzada como única posibilidad de reparación, al menos en parte, de esta injusticia que la República del Paraguay no se merece.

Asunción, julio 13 de 2016

Por la Coordinación de turno,

Rosa Posa                  Buenaventura Cabañas            María Noguera

AIRENA                       UNES                                         AFAVISEM

 

 

 

Oscar Ayala Amarilla

Secretario Ejecutivo

jul 112016
 


El acontecimiento claro y rotundo es que al acabar la lectura de la sentencia del juicio oral y público llevado adelante por el caso Curuguaty, los/as campesinos/as sometidos a juicio fueron objetos de una fuerte condena. También fue un hecho que el Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero, aclaró que se llegó al veredicto respetando todos los principios establecidos en la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal. El juez Zelaya afirmó: “Decimos esto porque, como es de público conocimiento, en torno a este juicio, se crearon diversas conjeturas, opiniones, valoraciones, suposiciones y tergiversaciones por diversos sectores de la sociedad”.

Ante esto, ¿sólo resta emitir comunicados, declaraciones, protestas? ¿Cómo referirse a lo que se estaba produciendo con la lectura de la sentencia? No es fácil referirse a lo siniestro, al horror como fundamentos de un orden social pero la necrojusticia no dispone de otra propuesta y el Tribunal de Sentencia, con su decisión, cierra un ciclo iniciado en el año 1989 en el que tensamente convivían los anhelos democráticos con la práctica de la impunidad, y abre otro en el que los principios de derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional e igualmente garantizados en el Código Penal y el Código Procesal Penal, son alcanzados por las ondas criminales de la masacre.

La decisión del Tribunal de Sentencia otorga un rostro de legalidad a la perversión de la justicia y con ello el texto constitucional en el que se aclara que “La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”, resulta desplazado por otro donde el fundamento es la impunidad que en su lógica destructiva arrastra consigo a la República, a la democracia, al gobierno.

Comenzamos, por tanto, otro ciclo. Una fase en la cual tendremos la extraña y horrenda sensación de que todo es posible, porque las reglas, las normas para definir lo prohibido y lo permitido, constantemente pueden correrse, desplazarse conforme a los poderes, a los intereses criminales.  Donde las instituciones definidas para garantizar principios de derechos humanos son ficciones, incapaces de establecer límites al orden criminal.

La decisión del Tribunal de Sentencia, entonces, cierra un ciclo y abre otro aún más inquietante. Si en el 2012 se pulverizó el contrato social, hoy se legaliza la instauración del contrato criminal como fundamento de lo social en Paraguay. En el marco de este contrato, existen vidas que no valen la pena ser perdidas ni lloradas; sólo cuerpos baleados con armas reglamentarias que no justifican ni siquiera un remedo de averiguación por parte del sistema de justicia.

¿Cómo incluir todo esto en un comunicado, en una declaración? Por ahora el horror no encuentra lugar, pero al menos no deberíamos otorgarle espacio en nuestros cuerpos. Pese a la decisión del Tribunal de Sentencia, hoy – y desde hoy como siempre- sostener la dignidad humana precisa ser el fundamento rotundo de lo que hacemos, de lo que soñamos. Esa dignidad cuyo dolor profundo hoy no encuentra ningún breve rincón en la perversa armazón estatal.

jun 212016
 

 A raíz de los últimos acontecimientos, que involucra a agentes y dependencias del Estado en hechos criminales, como el que causara graves lesiones a una persona y matara a  una niña de tan solo tres años, quienes junto a su familia fueron atacadas con armas de fuego, sin justificación ni amparo legal alguno, por funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), como Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), expresamos cuanto sigue:

1.        Nuestro más amplio rechazo a la actuación protagonizada por los agentes antidroga el día de ayer, así como nuestra plena solidaridad con los familiares de las víctimas, en su dolor e indignación, que aguardamos despierte una amplia crítica social y política orientada a poner límites a los abusos de poder que se han vuelto intolerables en la República, como la actuación parapolicial de la SENAD, que tácitamente es aceptada sin que esté constitucional ni legalmente autorizada.

2.       Asimismo, solicitamos una rigurosa investigación, no solo en relación a los nueve agentes de la SENAD imputados, sino también de la conducta del agente fiscal interviniente, cuya actuación busco encubrir un operativo más parecido al modus operandi de una banda de sicarios, que al de un organismo de seguridad cuyos agentes están obligados a respetar la Ley, observando especialmente el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia.

3.      Por último, basado en el análisis y las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), la CODEHUPY solicita que el informe N° 2/2014 emitido por el mismo, sea tenido en cuenta y se proceda a la inmediata intervención y reconducción del funcionamiento reputado como ilegal e ilegitimo de la SENAD, cuyos agentes portan armas, detienen y recluyen personas en recinto propio, sin un marco jurídico habilitante, con lo cual usurpan funciones que son propias de la Policía Nacional.

Asunción, junio 20 de 2016

 

Por la Coordinación de turno,

 

Rosa Posa                      Buenaventura Cabañas                  María Noguera

AIREANA                                   UNES                                        AFAVISEM

Oscar Ayala Amarilla

Secretario Ejecutivo

Para contactos: Oscar Ayala A., Cel 0971 284 292

 

CON RUEGO DE DIFUSIÓN

jun 142016
 

En memoria de los campesinos caídos: Arnaldo Ruíz, Luciano Ortega, Adolfo Castro, Delfín Duarte, Avelino Espínola, Francisco Ayala, Andrés Riveros, Luis Paredes, De los Santos Agüero, Ricardo Frutos Jara, Fermín Paredes

Desde la Articulación por Curuguaty, en vísperas del 4° aniversario de la masacre, a pocos días de que el juicio oral y público llegue a su fin y tras haber seguido todo el proceso judicial sobre el caso Marinakue, nos ratificamos en que este juicio viciado, producto de un proceso judicial y fiscal falsario, debe ser anulado. Está en manos de los jueces que presiden el caso dictaminar la nulidad de todo el proceso, exigir una nueva e imparcial investigación y liberar a quienes sufren esta acusación injusta e ilegal, y con ello responder al desafío histórico de justicia que Paraguay y el mundo exigen para este caso emblemático.
La Articulación por Curuguaty, observadora desde 2012 de este proceso, solidaria con las víctimas y firme en la exigencia por tierra, justicia, libertad y reparación, ve la anulación de este juicio como una medida que ayudará a reparar el daño producido contra decenas de familias paraguayas en lucha por un pedazo de tierra.
Desde un principio venimos denunciando formalmente las irregularidades del caso, las cuales no se subsanaron durante el desarrollo de la audiencia preliminar ni durante el juicio oral y público; de hecho, en el juicio no se aclararon ni las primeras dudas que existían sobre este proceso, antes bien, se han generado más dudas por las contradicciones que se dieron entre los principales testigos llamados a declarar, tales como la fiscala interviniente, los policías, médicos forenses y funcionarios del Ministerio del interior que participaron en el procedimiento. Tampoco se rectificaron los múltiples vicios dentro del debido proceso, las acusaciones genéricas que atropellan todo sistema de justicia garantista, las claras violaciones a los derechos humanos ni la irregularidad de limitarse a una sola línea de investigación, cuando es responsabilidad del Ministerio Público aclarar todas las muertes.
Por otra parte, el Estado paraguayo está omitiendo las importantes observaciones hechas al proceso judicial de la masacre de Marinakue por parte de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desconociendo de este modo el sometimiento al orden jurídico supranacional que nos impone la Constitución vigente.
El cariz político del caso no solo no se ha borrado, sino que se ha venido acentuando por el intento de resolver políticamente la titularidad de Marinakue por parte del Congreso Nacional, lo que nos hace temer que el juicio tendrá igualmente una sentencia política, basada en asegurar la impunidad de policías, jueces y fiscales intervinientes en la masacre.
Esta sentencia, de hecho, nula –propia de la farsa de un juicio nulo–, no significará la resolución del caso ni la exigencia nacional de justicia, tantas veces y en tantos lugares pregonada. El Estado paraguayo, con el trato que le brinda a este caso, demuestra falta de seriedad, irresponsabilidad y sobre todo una inseguridad jurídica enorme.
El tribunal de este juicio tiene la posibilidad de otorgar la libertad a todos los encausados y encausadas y, con ello, enmendar todo lo que se ha hecho mal hasta ahora. La masacre de Marinakue no terminó el 15 de junio de 2012 sino que siguió con la violación de derechos elementales que dejó en la indefensión a las víctimas: Dolores López, Felipe Benítez Balmori, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Adalberto Castro, Rubén Villalba, Fani Olmedo, Luis Olmedo y Juan Carlos Tillería; como asimismo afectó a la entonces adolescente Raquel y a Felipe Nery Urbina (preso por auxiliar a un herido).
Articulación por Curuguaty*
Asunción, 14 de junio de 2016
* Con esta comunicación, la instancia de la Articulación por Curuguaty –que ha reunido a diferentes voces, sectores, organizaciones e individualidades–, concluirá su accionar tras cumplir su última tarea que es la de acompañamiento al juicio. Las voluntades que la conforman seguiremos aportando a la causa nacional de tierra, justicia, libertad y reparación desde los espacios que nos toque estar.
jun 132016
 

El pasado 5 de mayo, los bañados marcaron presencia por las calles de Asunción, poniendo el cuerpo y dando la cara para exigir al gobierno la construcción de la Defensa Costera, por la defensa de sus vidas y sus familias y en reivindicación del derecho al arraigo.

Desde las distintas comunidades, tanto del Bañado Norte como el Bañado Sur, las organizaciones de vecinos se congregaron en la Plaza Uruguaya desde donde partieron hasta el Ministerio de Obras Públicas, donde representantes de las organizaciones mantuvieron una reunión con el viceministro de Obras. Fruto de esa movilización, se generó una mesa de diálogo que se reúne cada 15 días y en la cual representantes de las organizaciones de Bañadenses exigen cuentas al Ministerio de las acciones emprendidas en la zona de los Bañados.

Compartimos algunas imágenes de la jornada de protesta.

jun 132016
 

Artículo de Ramón Corvalán, del Servicio Paz y Justicia, Paraguay.

De una pregunta que nos lleva a la necropolítica.

¿Qué pasó en Curuguaty? “El horror. El horror[1], pero uno puede quedar encerrado dentro de la intensa emoción que ello produce y nos urge bordear, al menos, Curuguaty con el pensar porque a cuatro años del hecho, nos sigue pasando. También está el vocablo masacre haciendo vecindad y éste tiene la ventaja de ofrecernos algunos rasgos por donde salirnos de la encerrona del horror. Sucede que “la masacre es una acción pública que escapa a la vigilancia y la moral sociales”; además – y esto es una clave importante- “en la masacre, los victimarios no tienen miedo, vergüenza, ni culpas, no existe ninguna presión sobre ellos”[2] pero tampoco es una locura furiosa; el golpe asesino no se efectúa con furor ciego. Más bien, la masacre es el pleno ejercicio de una soberanía cuyo poder reside en la capacidad de dictar quién puede vivir y quién debe morir. Es desde este marco que podemos hablar de la masacre en Curuguaty.

Curuguaty es, por tanto, la necropolítica hecha acto y por ello es que la experiencia del horror asume otras dimensiones. No estamos ante el espanto individual derivado de la visión de los cuerpos ensangrentados, sino es el despliegue de esa soberanía definida por el derecho de matar el que nos horroriza pero del que preferiríamos no hablar. Por eso nuestros esfuerzos por intentar decodificar Curuguaty desde el marco del Estado social de derecho, de los derechos humanos violados, de las normas procesales esquivadas, herramientas hoy más que precarias para dar cuenta de la dimensión del horror que emergió en Marina Kue. También por eso no podemos comprender el carácter bufonesco de los argumentos jurídicos, del discurso del ex fiscal Rachid que desata risas pero que –cruel paradoja- es capaz de decidir sobre la vida y la muerte de personas, sin que sea posible eludir sus efectos de poder y “que puede funcionar precisamente en todo su rigor y en el límite extremo de su racionalidad violenta, aun cuando esté en manos de alguien que resulta efectivamente descalificado”[3].

El perfil local de la necropolítica.

Curuguaty, entonces, como acontecimiento necropolítico nos lleva a preguntarnos “cómo es posible que un poder político mate, reclame la muerte, la demande, haga matar, dé la orden de hacerlo, exponga a la muerte no sólo a sus enemigos sino aun a sus propios ciudadanos”[4]? Porque estamos en un mundo donde “cualquier cosa o cualquier persona, ya sea una ley o un esfuerzo cívico, que dificulte el lucro, corre el riesgo de que la hagan a un lado, de que la expulsen”[5]. La forma local asumida por este mundo que se define por su brutalidad y complejidad se nos describió en el Informe Chokokue. En su primera edición, el informe planteaba que las 75 ejecuciones arbitrarias y 2 desapariciones forzosas de dirigentes y miembros de organizaciones de trabajadores rurales respondieron “a un plan encaminado a detener espirales de protesta, atemorizar a comunidades y organizaciones campesinas y desalentar las ocupaciones”[6] y ante la existencia de un patrón en el que se constata “aquiescencia estatal” a las bandas parapoliciales ejecutoras de los crímenes, la CODEHUPY atribuía al Estado la responsabilidad internacional de las ejecuciones arbitrarias. En su segunda edición, el Informe Chokokue no sólo ya sumaba 115 casos de ejecutados y desaparecidos, sino que nos presentaba en dos esquemas el perfil de la necropolítica local: 31% de las ejecuciones perpetradas por agentes públicos (policías y militares), 67% por bandas parapoliciales, 2% de las muertes bajo custodia; las 115 ejecuciones y desapariciones forzosas de militantes de organizaciones campesinas forman parte de un plan sistemático de ataque a comunidades campesinas con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios. El plan articula a terratenientes, intereses corporativos del agronegocio y líderes políticos tradicionales y se producen durante todo el período electoral (1989-2013) mostrando ciclos que se relacionan con el calendario de elecciones. Por su parte, el patrón de la impunidad, de acuerdo al Informe Chokokue, nos mostraba que todos los casos – no es redundancia la repetición: TODOS LOS CASOS- quedaron impunes, ningún autor moral fue castigado, se amedrenta y amenaza a víctimas y testigos, el Poder Judicial y el Ministerio Público funcionales al plan sistemático de ejecuciones  cierran los casos mediante sentencias fraudulentas, la actuación fiscal encamina a malograr pruebas y a encubrir a los perpetradores, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deja impunes a los jueces y fiscales denunciados, las investigaciones son inefectivas y carentes de la debida diligencia y la actuación fiscal es deficiente: se contamina la escena del crimen, se viola la cadena de custodia, se pierden evidencias y no se producen las pruebas obligatorias (como autopsias)[7]. Así se despliega la necropolítica entre nosotros y por esta razón lo espantoso no es que haya sucedido Curuguaty… sino por qué no ha ocurrido más veces.

La sombra del caso Bonsi y un país “al día” con los derechos humanos.

La destitución del juez Bonsi[8] también anticipó, a su modo, Curuguaty: “imagínese lo duro que fue para todos el hecho de que el cumplimiento de un deber tan básico de todo magistrado sea declarado causa de destitución. Hoy todos piensan dos veces para salir en contra del Ministerio Público”, opinaba una jueza sobre el caso. “En el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento, no fue presumida su inocencia, no hubo comunicación previa y detallada de la acusación formulada, no se le dio el tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa, no dejaron producir pruebas ni presentar alegatos finales orales”[9]. Así, el 20 de diciembre de 2011 –6 meses antes de Curuguaty-, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituye el juez Bonsi que se atrevió a ajustar su conducta a la Constitución Nacional y al Código Procesal Penal en un marco donde el Ministerio Público puede llevarle a alguien a juicio por crímenes, sin siquiera tener un relato de los hechos. De vuelta nos encontramos con ese discurso ridículo, que da risa pero a su vez letal para decidir sobre la vida y la muerte de personas. La necropolítica dispone de su necrojusticia y también de su versión de los derechos humanos.

El pasado mes de mayo, el canciller Eladio Loizaga afirmó que el Estado paraguayo se encuentra “al día” en materia de derechos humanos gracias al Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales de DD.HH. (Simore) y Paraguay, además, es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, el Estado paraguayo no le dio mucha importancia a la observación número 23 del Comité de Derechos Humanos de la ONU que expresaba preocupación “por las alegaciones de importantes irregularidades en el accionar del Ministerio Público, la judicatura y las fuerzas de seguridad con ocasión del allanamiento en Curuguaty en junio de 2012. En particular, el Comité está preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados”. Ante esto, el Comité recomendaba “asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso, incluyendo en el caso del adolescente condenado y de las dos mujeres en estado avanzado de embarazo en prisión preventiva”. La preocupación del Comité no alteró el ritmo de la necropolítica y así la violencia homicida impune siguió con su tarea destructiva. ¿Los restos que quedan en el camino, aún pueden denominarse estado social de derecho, democracia, sociedad, justicia?

Esa colonia nuestra de cada día.

Cuando el filósofo camerunés, Achille Mbembe, elaboró la noción de necropolítica (2006)[10], buscaba comprender cómo la muerte es una tecnología específica, de origen colonial, de gestión de determinadas poblaciones en el mundo. Por ello analizó aquellas prácticas que producen muertes a través de un ejercicio sistemático de la violencia y el terror sobre determinadas poblaciones. Esto es el necropoder que siempre e indisolublemente se liga con el racismo que, a su vez, encuentra su origen en las experiencias coloniales donde la condición de esclavo resulta de una pérdida triple: la pérdida de un ‘hogar’, la pérdida de los derechos sobre el propio cuerpo y la pérdida del estatus político. Y así, la necropolítica se constituye como una política diferenciada que tiene por fin la masacre poblacional y que desborda los límites de la estatalidad.

Curuguaty, entonces, como punto de inflexión de la necropolítica en Paraguay que entró “en lo más específico del espíritu colonial apenas en el siglo XX. Sólo en este siglo se da la liquidación definitiva del usufructo de la tierra por el campesino y del indígena, que pasa en su totalidad a manos privadas”[11] y es así que “las mismas tierras públicas que fueron usurpadas por Domingo Barthe y reivindicadas posteriormente por el Estado paraguayo, reaparecen en el centro del conflicto agrario en el 2011, en las tierras de Ñacunday, hoy convertidas en desiertos de soja. Los personajes y el contexto cambiaron: Domingo Barthe se trasmutó a Tranquilo Favero, brasilero, rey de la soja, utilizando la misma modalidad de acumulación por apropiación de tierras públicas; también en este caso la élite política exalta el enclave y desde el Estado se favorece la apropiación por extranjeros de bienes públicos y se vilipendia a campesinos paraguayos. Se trata de la misma historia que se repite, otra vez como pesadilla”[12]. Pesadilla que avanza como una depredación terrible: en el período de 2002 al 2008 la agricultura campesina perdió más de 38 mil fincas y 613 mil hectáreas; en el mismo período el Informe Chokokue registraba 28 casos de campesinos víctimas de ejecución arbitraria o desaparición forzosa; por su parte, en sólo un período de ciclo productivo -2003 y 2004- la agricultura empresarial creció en cerca de 400 mil hectáreas a costa de las tierras pertenecientes a la agricultura campesina[13].

Buscar el no infierno.

Pensar Curuguaty, por tanto, a cuatro años de lo ocurrido en Marina Kue, implica pensar desde el centro espeso de la necropolítica, espacio donde las ficciones conocidas como Estado social de derecho, democracia, justicia, derechos humanos son – como en toda cultura colonial- desconocidas y negadas porque lo colonial no escucha, monologa. Curuguaty es el horror porque es el retorno – si es que entre nosotros alguna vez se retiró – de la vieja soberanía en un contexto capitalista/post colonial con su modo de funcionamiento arcaico, tortuoso y mortífero. Hoy busca seducirnos con su grotesca utopía: ser la China de Sudamérica. Curuguaty nos sigue pasando e interpela profunda y radicalmente a nuestros modos de vida, de resistencias y de construir alternativas. “Contra la cadaverina no hay resurrectina”, sentencia Yo el Supremo pero la vida siempre encuentra su camino. Quizás por eso Marco Polo recuerda al Gran Kan que existen dos maneras de no sufrir el infierno que vivimos todos los días: “La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio”. Pensar Curuguaty hace valer la pena optar por esta segunda manera. Optar por la dignidad, le dicen.



[1] Palabras finales del coronel Kurz, personaje interpretado por Marlon Brando en la película Apocalyse Now.

[2] Elsa Blair. Muertes violentas. La teatralización del exceso. Editorial Universidad de Antioquía. Medellín. 2004.

[3] Michel Foucault. Los anormales. Fondo de Cultura Económica. Argentina. 2000.

[4] Michel Foucault. Defender la sociedad. Fondo de Cultura Económica. Argentina. 2000.

[5] Saskia Sassen. Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Katz editores. España. 2015.

[6] CODEHUPY. Informe Chokokue. Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay (1989-2005). CODEHUPY. Asunción. 2007.

[7] CODEHUPY. Informe Chokokue 1989-2013. El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino. CODEHUPY. Asunción. 2014.

[8] El juez Gustavo Bonzi fue suspendido luego de sobreseer a los 14 acusados por el secuestro del ganadero Luis Lindstron.

[9] INECIP. Disciplinamiento judicial. Análisis a partir del caso Bonzi. INECIP/Universidad Nacional de Pilar. Asunción. 2015.

[10] Achille Mbembe. Necropolítica seguido de El gobierno privado indirecto. Editorial Melusina. España. 2011.

[11] Bartomeu Melia. El Paraguay inventado. CEPAG. Asunción. 1997.

[12] Ramón Fogel. Guerra y territorio. Incidencias de los modos de producción, en Más allá de la Guerra. Aportes para el debate contemporáneo. Autores varios. Secretaría Nacional de Cultura. Asunción. 2016.

[13] Quintín Riquelme. Agricultura familiar campesina en el Paraguay. Notas preliminares para su caracterización y propuestas de desarrollo rural. Documento de trabajo. CADEP. Asunción. 2016.