nov 252016
 

Ante las situaciones de privación ilegítima de libertad, denuncia de torturas por parte de efectivos de seguridad del Estado, la desprotección constante de la niñez y la adolescencia en la zona norte del país y las injerencias de otros poderes del Estado en las actuaciones de la defensora publica María Inés Acosta Fernández; la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia – CDIA y el Servicio de Paz y Justicia – SERPAJ-Py, manifestamos cuanto sigue:

1. RECHAZAMOS de forma absoluta lo sucedido con una adolescente de 17 años, madre de dos niños (2 años y 9 meses respectivamente), detenida y presentada a los medios como apoyo logístico del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), junto con otras dos personas, en la zona de Kuruzu de Hierro, ciudad de Horqueta, departamento de Concepción.

2. APOYAMOS el accionar responsable de la Defensora Pública, María Inés Acosta Fernández, quien, en el ejercicio de su labor como defensa de la adolescente, denunció públicamente que la misma sufrió hechos de torturas por parte de militares (vestidos de particular). En dicho acto la misma expresa haber sido golpeada, luego le han colocado bolsa de plástico por la cabeza, como forma de asfixia; con la finalidad de indagar sobre el paradero de un familiar. También, relató la adolescente que le implantaron armas de fuego y otras pruebas.

3. SOLICITAMOS una investigación sobre la denuncia de la Defensora Pública, quien expresó que un funcionario de alto rango del Ministerio del Interior, le envió mensaje de texto que dice: “deje de apretar tanto, como defensa obstruye los trabajos del Ministerio Público”. Debe primar la independencia de los Poderes del Estado, más en los casos concernientes a las actuaciones de la justicia, de modo libre e imparcial.

4. REITERAMOS nuestra preocupación sobre militarización de la zona norte, lugar donde las FTC y el Ministerio Público generan zozobra en la población antes que prestar seguridad real; es la tercera adolescente en menos de dos años que es aprehendida como supuesto “apoyo logístico”, cuando deberían de aplicarse medidas de protección, dada sus edades.

5. REPUDIAMOS todo tipo de violencia ejercida desde grupos armados regulares e irregulares, que genera zozobras y amedrentamientos a la población que habitan los territorios del Norte.

6. NOS SOLIDARIZAMOS con las personas afectadas por todos estos hechos (secuestros, detenciones arbitrarias, persecuciones, represiones, asesinatos sin investigación, ejecuciones extrajudiciales, etc.)

7. RECORDAMOS que el artículo 38 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño¹ exhorta a los gobiernos a que tomen todas las medidas posibles a fin de velar para que ningún niño, niña o adolescente participe directamente en conflictos armados. El Protocolo Facultativo de Naciones Unidas sobre la participación de los niños en los conflictos armados² entró en vigor el 12 de febrero de 2002 y tiene como objetivo aumentar la protección de los niños, niñas y adolescentes durante los conflictos armados.

8. URGIMOS al Estado la aplicación del artículo 4 del protocolo facultativo que exige a los gobiernos adoptar todas las medidas posibles para impedir que grupos armados recluten y utilicen para sus fines a niños, niñas y adolescentes, cada Estado deberá tomar las medidas legales necesarias para prohibir y castigar esas prácticas.

9. EXIGIMOS que las autoridades nacionales de los tres Poderes del Estado y los operadores de justicia tomen las medidas urgentes para que este tipo de hechos cesen, como ser: a) La tipificación penal del acto de reclutamiento por grupos no estatales como delito; b) El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes reclutados como víctimas junto con sus familias; c) La creación de programas especializados para la prevención, la protección y el restablecimiento de derechos y d) la ampliación de los planes, programas y proyectos que el Estado viene desarrollando tendientes a garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

10. REALIZAREMOS una comunicación urgente a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre las actuaciones del Estado en estas situaciones manifestadas en el presente posicionamiento conjunto; tanto al Comité de Derechos del Niño/a, como a la Relatoría de Independencia de Magistrados y Abogados.

Como sociedad tenemos la responsabilidad de ser partes activas en la aplicación de los Protocolos Facultativos ratificados por nuestro Estado, especialmente en la exigibilidad y la vigilancia de su aplicación y en este caso en particular, el reclutamiento de adolescentes por grupos distintos a las Fuerzas Armadas es un fenómeno reiterado en la zona norte y que nos es reconocido ni abordado por el Estado, a pesar de que organizaciones como el Serpaj – Paraguay e integrantes de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, han venido advirtiendo que Paraguay debía tomar todas las medidas necesarias para evitar que este fenómeno se instale en el país.

Asunción, 25 de noviembre de 2.016.

Contacto por el SERPAJ–Py:
Vidal Acevedo – (0971) 336 934

Contacto por la CDIA:
Maribel Mercado – (0985) 523 938

¹ NNUU / UNICEF, Convención de Derechos del Niño, ver en: http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino

² NNUU / UNICEF, Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados, ver en: http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30203.html

nov 192016
 

El día 15 de noviembre de 2016, en el marco del II Foro Social del Norte,  un grupo de 16 representantes de organizaciones, redes e instituciones de Argentina, Suecia, Colombia, Perú, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Brasil  y Paraguay,[1] desarrollamos una Misión de Observación Internacional con el objetivo de relevar la situación de los derechos humanos de los/as campesinos/as de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en el marco de la implementación de la Ley Nº 5036/13 De Defensa Nacional y Seguridad Interna.

Las organizaciones, redes e instituciones participantes en la Misión, nos identificamos con la Noviolencia y manifestamos nuestro profundo rechazo al uso de la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones, con especial énfasis en la violencia armada.

Este pronunciamiento presenta algunas consideraciones recogidas durante el dialogo desarrollado dentro del eje temático “Derechos Humanos: Testimonios de violaciones de DDHH en el contexto de la criminalización de las luchas sociales y la militarización” realizado en el marco del II Foro Social del Norte.

Los y las representantes, instamos al Estado paraguayo, a través de sus diferentes organismos, a garantizar la protección de las personas que han dado relatos y testimonios a las y los integrantes de la Misión, así como a abstenerse de someterles a represalias por ello.

Para el desarrollo de la Misión, los y las representantes escuchamos testimonios de personas individuales, así como de referentes de organizaciones sociales y campesinas que han sufrido violaciones a sus DDHH en el marco de la aplicación de la LEY N° 5.036/13 “QUE MODIFICA LA LEY 1.337/99 DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD INTERNA”, en los territorios de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Varios de los cuales se encuentran judicializados.

A través de los testimonios se ha constatado que, con el argumento de la persecución al enemigo interno, autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el Estado paraguayo ha profundizado y deteriorado el cumplimiento de sus obligaciones en DDHH, al asignar funciones de seguridad interna a los cuerpos militares, los cuales aparecen en los testimonios ofrecidos a esta Misión como los principales responsables del aumento de la violencia física y simbólica. Observamos que la militarización de los territorios, lejos de llevar la seguridad a los departamentos, lo que produce es temor, desarticulación de las comunidades y de las propias organizaciones sociales, a través de la estigmatización y el amedrentamiento constante.

A la vista de los testimonios recogidos, las Fuerzas de Tarea Conjunta(FTC) se encuentran seriamente cuestionadas por casos de violaciones de derechos humanos que incluyen serias presunciones de homicidios por ajusticiamientos y/o errores y casos de torturas. A continuación pasamos a   relatar los testimonios de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos ante la Misión de Observación:

Caso de los hermanos Gregorio y Víctor Mortales: dirigentes campesinos del Asentamiento Agüerito, también conocido como Yaguareté Forrest (Departamento de San Pedro).

Nunila Fernández de Morales: Esposa de Víctor Morales, dirigente campesino con una trayectoria de más de 25 años de lucha: “Mi esposo nunca fue un dirigente vendido, siempre tuvo una idea del bien común para nuestra comunidad; la persecución de los dirigentes campesinos comenzó durante el gobierno de Wasmosy( 1995). y todos los sucesivos gobiernos siguieron esta misma práctica de persecución a los dirigentes campesinos y sociales.

Pero durante el actual gobierno de Horacio Cartes, mi marido y su hermano fueron detenidos y remitidos a la cárcel acusados de ser supuestamente miembros del brazo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP.). El caso se inició el 28 de enero de este año, a las 3 y media de la madrugada, cuando los militares de la FTC ingresaron violentamente a mi casa; paralelamente y en forma simultánea allanaron también la casa de Gregorio, y en ese lugar los uniformados actuaron en forma más violenta. A Gregorio le taparon la cara con unos trapos, luego le apuntaron con armas de fuego de grueso calibre.

Los militares buscaban, según nos enteramos posteriormente, los dólares del EPP que supuestamente teníamos nosotros. Sin embargo, solo encontraron e incautaron 5 aparatos celulares, así como CDs de videos sobre la historia de lucha campesino. Ellos escribieron en sus informes que nuestros familiares tenían frondosos antecedente que nunca pudieron comprobar, nosotros teníamos muchos víveres en nuestra casa, que era para el personal que trabajaba con Víctor, que también incautaron y pusieron como supuestas pruebas, de que esos productos eran para los del EPP.

Por su parte el Ministro del Interior decía y aseguraba que Gregorio y Víctor Morales eran miembros de la logística el EPP y que eran personas peligrosas. La prensa se hizo eco de esas falsas noticias y mantuvieron esas versiones para procesarlos. Por todo esto hasta ahora están detenidos y encarcelados.

Nosotros en la comunidad Agüerito somos gente organizada, todas las conquistas que logramos fue gracias a nuestra lucha, a la organización, por eso nos duele mucho toda esta injusticia que estamos sufriendo. Además, después de la incursión violenta de los militares nuestros hijos quedaron asustados, están traumados porque fuimos víctimas de robos, se llevaron nuestras cosas, nuestro dinero; ellos rompieron nuestros roperos buscando los supuestos dólares. Los allanamientos se realizaron sin orden judicial, nuestros familiares ni siquiera sabían por qué fueron detenidos o por qué fueron torturados; desde hace 10 meses, hasta ahora, están detenidos en la Penitenciaria Regional de Concepción”.

Leónida Villalba, de la Colonia Fortuna: Caso Julián Ojeda, asesinado el 18 de diciembre de 2015, cerca de un arroyo, cuando salió de su vivienda para  cazar armadillos, “ni siquiera me entere en el día que sucedió el hecho, me entere al día siguiente, cuando me avisaron los vecinos, La FCT acuso a mi marido de ser parte del EPP y que supuestamente murió durante un enfrentamiento con los militares, que supuestamente él estaba vestido con ropa parapara’i,(Uniforme camuflado) eso es falso. Julián dejo huérfano a 10 hijos”. Ningún funcionario estatal dio explicaciones a los familiares sobre la muerte de Julian Ojeda.

Sindulfo Agüero: Dirigente campesino, miembro fundador de la Organización Campesina del Norte (OCN) “estuve preso en 8 ocasiones durante la dictadura por ser parte de las ligas agrarias; ahora cuando me acuerdo de todo esto me duele y tengo ganas de llorar. Ahora en esta supuesta democracia seguimos siendo perseguidos, en una democracia nadie debería necesitar; sin embargo, seguimos estando en la dictadura de la pobreza y ahora en nuestro país, y en esta parte del mundo, reina la dictadura de la riqueza, que derroca gobiernos progresistas.

Soy uno de los fundadores de la OCN, y mi caso se inició en el 2011 nuevamente fui víctima de una dictadura, esta vez por la FTC cuyos integrantes violentaron mi casa, asustaron a mi familia pues me detuvieron, me llevaron preso y esposado como supuesto apoyo logístico del EPP caso por el cual posteriormente también una de mis hijas fue detenida.

Durante mi detención arbitraria realice 72 días de huelga de hambre en la cárcel, donde fui torturado. Me hicieron mucho daño a pesar de tener, en ese momento, 69 años. Por eso hasta ahora denuncio la injusticia que sufrimos los campesinos y no tengo miedo de morir si es necesario. Pero durante el caso que les relato los detenidos tuvimos el apoyo de las organizaciones de DDHH, en mi caso mis abogados, que hoy están presentes en este Foro, Roque Orrego y Juan Martens, realmente me defendieron y gracias a ellos y a  nuestra organización que siempre nos acompañó, por eso no fuimos condenados”.

Adelfa Gómez: de Alfonso Cue, miembro de la Cooperativa Coocanor. “Soy víctima de injusticias desde mi niñez, durante la dictadura mis padres fueron perseguidos porque formaban parte de los grupos eclesiales de bases cristianas. Mi padre fue detenido y torturado en varias ocasiones, durante mucho tiempo vivimos en zozobra fuimos torturados, hasta que cayó la dictadura. Desde ahí tuvimos esperanza de mejorar nuestra situación y ahora nos damos cuenta que esa situación nunca cambio y que ahora estamos viviendo en condiciones peores.

Antes teníamos tierra donde cultivar, ahora nos despojan de la tierra y nos siguen matando y torturando, nos acusan de ser miembros de la logística del EPP. En mi caso, actualmente estoy acusada de ser parte de ese grupo y esas acusaciones comenzaron luego del allanamiento de la casa de Sindulfo Agüero, que es mi vecino y como tal lo asistimos en el momento en que su vivienda fue allanada. Les ayudamos como personas y como vecinos, les dimos apoyo y acompañamiento y desde esa vez soy perseguida.

Tengo los teléfonos intervenidos, también están acusando a mi familia como miembros del EPP. En el 2010 allanaron mi casa. Los militares rodearon mi casa, no estaba mi marido, solo yo, mis hijos menores y mis nietos estábamos en la casa. Ellos buscaron supuestas evidencias, encontraron una computadora descompuesta y dijeron que encontraron lo que buscaban. Además, llevaron unas carpetas de la facultad de mi hija y un arma de mi padre que usaba para cazar taguato, esas fueron las únicas cosas que llevaron y hasta ahora no pude recuperar.

El fiscal de mi caso fue Guillermo Ortega, que actuó mal, realizo mal procedimiento en todo momento. Por eso quiero pedir a las autoridades que controlen la actuaciones de los fiscales antisecuestros, pues estos ordenan acciones contra los campesinos y actúan en mala forma sin respetar nada, también pido que los militares y policías que acompañan estas actuaciones sean controlados, pues no pueden actuar de esta manera como forma de justificar los gastos que tienen la FTC”.

Alberto Pimentel: del Asentamiento Arroyito, relata que “desde el año 2008, cuando se creó la comisión sin tierra dentro de la comunidad, que aglomera a más de 350 personas, comenzaron las persecuciones. En esa época se ocupó la Estancia Santa Edelia, sabíamos que ese inmueble estaba en una situación irregular; ocupamos el terreno durante 15 días, luego volvimos a salir pero nos ubicamos en frente al inmueble.

 Para el desalojo llegaron varios contingente de policías y el desalojo fue violento, A causa de esto mucha gente se fue detenida pero a los tres días la mayoría fueron liberados solo quedaron detenidos los dirigentes comunitarios, porque según la denuncia estaban acusado de abigeato. Benjamín “Toto” Lezcano, uno de los dirigentes, estuvo preso durante 3 meses. Al ser liberado, sin embargo ya quedo marcado y sabíamos que podían matarlo. Unos meses después dos sicarios asesinaron a nuestro dirigente “Toto” Lezcano, de 36 balazos, un tiempo después otros dos sicario asesinaron a otro de los dirigentes de nuestro asentamiento de 5 balazos.

El otro caso que me afecta personalmente se produjo en abril de este año, cuando allanaron mi casa. En el momento del procedimiento yo y mi esposa Cecilia Acosta no estábamos presentes, pero al enterarnos nos fuimos inmediatamente. Los de la FTC y la fiscalía ya habían entrado a mi vivienda, por la fuerza abrieron una de las puertas y cuando llegamos nos pidieron la cedula de identidad. El fiscal interviniente nos comunicó que mi esposa estaba con orden de captura desde hacía dos años, no estábamos enterados de esa supuesta orden de captura. Más tarde nos enteramos que la supuesta causa por la que Cecilia fue procesada ocurrió cuando ella se encontraba fuera del país.

Lo que nos llama la atención es que cerca de mi casa funciona un puesto de control policial, los efectivos de ese sitio nos conocen pero nunca intentaron detener a mi esposa.

El 19 de octubre pasado se cumplieron 6 meses de detención de Cecilia, hasta el momento a nuestro abogado nunca se le permitió acceder a la carpeta judicial. En pocos días más se va a realizar la audiencia preliminar en este caso y vamos a pedir la nulidad de todo el procedimiento.

Cecilia Acosta está acusada de los hechos de coacción y coacción grave, asociación ilícita, terrorismo y otras cosas más.

A consecuencia de esta situación, la gente del asentamiento Arroyito, siempre identificada con la lucha por sus derechos, por ahora ya casi no participan de las reuniones comunitarias”.

Damián Valiente: del Asentamiento Arroyito, padre de Pablo Valiente Chaparro de 23 años, estudiante del segundo año de la carrera de derecho; actualmente condenado a 17 años de cárcel por supuestamente ser parte de la logística del EPP.

Relata cuanto sigue “Nuestras leyes y nuestros derechos son violados por la FTC; mi hijo fue detenido en su lugar de trabajo en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde también residía; allí también estudiaba en la universidad.

Cuando los militares detuvieron a Pablo dijeron que lo hicieron en la vía pública, eso quedó demostrado que fue mentira pues mi hijo fue detenido en su lugar de trabajo. Su detención fue primero un secuestro porque nadie sabía en donde estaba mi hijo; inclusive sus hermanos realizaron la denuncia en la comisaria y fue allí donde nos dijeron que paso con Pablo. Al enterarnos lo primero que hicimos fue intentar verlo pero los policías nos aseguraron que solo con un abogado íbamos a poder hablar con el detenido.

Durante el proceso contratamos varios abogados pero ninguno pudo hacer nada más que sacarnos dinero, mi familia gasto más de 100 millones de guaraníes en ese tiempo, tuvimos que vender nuestra casa, animales y otros bienes.

Finalmente fue un defensor público que hasta ahora lleva el caso, luego del juicio oral los de la FTC anunciaron que gracias al trabajo de inteligencia mi hijo fue detenido. Nosotros presentamos los testigos durante el juicio, principalmente compañeros de trabajo y amigos de mi hijo; sin embargo, el tribunal no acepto a nuestros testigos y posteriormente condeno a mi hijo a 17 años de cárcel sin tener ninguna prueba en su contra.

Este tribunal solo dio lugar a las supuestas pruebas presentadas por la fiscalía y no fueron tenidos en cuenta las pruebas de la defensa. Mi hijo fue condenado injustamente y se le condeno porque un ex compañero de mi hijo era parte de estos delincuentes.

Ahora pedimos la libertad de mi hijo, eso es lo que pido”.

Igualmente los/as integrantes de la Misión de Observación Internacional estamos preocupados por los casos de las victimas abajo detallados ya que estas personas presentaron  Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en el mes de mayo y hasta ahora no encuentran respuestas a este pedido.

Ramón Denis Cardozo: poblador del departamento de San Pedro, docente y director de la Escuela 3707 de la Colonia Oñondivepa desde hace más de 20 años, denunció que en la noche del jueves 5 de setiembre de 2013, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, que se identificaron como militares, derribaron todas las puertas de su domicilio, destruyeron su computadora, lo echaron de la cama, le pisaron en la nuca, golpearon a uno de los hijos en la cabeza, les apuntaron con armas, acusando a Ramón de ser Elvio Ramón Cardozo, buscado por supuesto triple homicidio y por ser miembro del EPP.

Ignacio Sosa Ortega: poblador de la Colonia Oñondivepa, departamento de San Pedro, denunció vulneraciones en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta la madrugada del 6 de setiembre del 2013: Fue demorado en forma ilegal Le atropellaron 5 sujetos con pasamontañas y “parapara´i”,(ropa camuflada) quienes lo tiraron al suelo boca abajo, así como a su esposa e hijos. Posteriormente fue llevado al fondo de su casa para cavar una fosa donde fue amenazado de que sería asesinado, estos fueron algunos de los atropellos sufridos y denunciados a la fiscala Marta Sandoval, de la unidad especializada en derechos humanos.

Epifanio Cabañas: poblador de San Pablo de Kokueré departamento de San Pedro, fue víctima de agresiones en el mismo operativo de la FTC, en la madrugada del 6 de setiembre del 2013. En su denuncia ante la Fiscalía, señaló que las FTC actuaron con agresividad, amenazándolo a él y a sus 3 hijos, apuntándoles con armas de fuego.

Gumersindo Toledo: poblador de Arroyito, del departamento de Concepción,en octubre de 2014 fue víctima de torturas, golpes y simulacro de asfixia por miembros de la FTC en presencia y coautoría de una persona que le fuera presentada como el fiscal Joel Cazal.

Como resultado de ello, familias enteras se encuentran sin condiciones mínimas para desarrollar una vida digna. El despojo que sufren trasciende el aspecto territorial y se traduce en la vulneración integral de sus derechos, su cultura y formas de vida.

Los testimonios recabados, evidencian una Justicia que desarrolla actuaciones judiciales con abierto desapego al debido proceso y deja en absoluta impunidad las violaciones de los derechos humanos.

Con base en los testimonios escuchados, los y las representantes de la Misión instamos

al Poder Ejecutivo:

  • que el Presidente de la República y otras autoridades cumplan sus responsabilidades en sus deberes de protección y garantías de los DDHH, dando cumplimiento a lo dispuesto en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por el Estado paraguayo;
  • que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa implementen mecanismos eficientes para que los integrantes de las fuerzas de seguridad actúen basados en el cumplimiento de los estándares legales nacionales e internacionales de protección de la vida e integridad física y psíquica de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, absteniéndose de cometer abusos y diferentes actos de violencia física y psíquica contra ellos y ellas;

al Poder Legislativo:

  • derogar la Ley 5036/2013 que consolida la militarización de la seguridad interna y crean las condiciones para la profundización de una espiral de violencia en dichos departamentos. Teniendo en cuenta que la Constitución Nacional en su Art. 173 establece y limita la misión de las Fuerzas Armadas a solamente: 1) Custodiar la integridad territorial y 2)  defender a las autoridades legítimamente constituidas.
  • remitir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados los antecedentes de Jueces y Fiscales que apliquen procedimientos que violan garantías del debido proceso.

a la Corte Suprema de Justicia:

  • instar a Jueces de Garantías que velen por el accionar adecuado de los Agentes Fiscales  de manera a que actúen con la debida diligencia;
  • instar a los jueces a aplicar los estándares de derechos humanos y control de convencionalidad en sus sentencias y resoluciones;
  • ejercer el control jurisdiccional sobre la regularidad de las imputaciones fiscales presentadas en el contexto de la militarización.
  • dictar Resolución en la Acción de Inconstitucionalidad, presentada contra la Ley 5036/13.

a todo el Estado paraguayo:

  • asegurar el cumplimiento efectivo y oportuno de las sentencias y recomendaciones formuladas por los organismos internacionales de protección de derechos humanos.

Asimismo, instamos a la ciudadanía y a las organizaciones sociales del Paraguay a documentar las violaciones de derechos humanos, a monitorear y mantenerse vigilantes en su cumplimiento efectivo e irrestricto.

Las y los integrantes de la Misión agradecemos la disposición y la confianza para compartir los testimonios y destacamos el compromiso de defensores y defensoras de derechos humanos de Paraguay, que en situaciones adversas persisten en la construcción de un país más justo desde la opción de la Noviolencia Activa.

Horqueta, 15 de noviembre de 2016.



[1] Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, Argentina; Viveka Carlestam, Magnus Hallbater, Suecia; Diana Montealegre, Martín Martínez, Claudia Marcela Gómez, Lina Erazo, Vicky Cabezas, Julian Rodríguez y César Grajales, Colombia; Rocío Palomino, Perú; Francis Araica, Nicaragua; Sotero Sincal, Guatemala; Reina Rivera, Honduras, Daniel Santini, Brasil y el Dr. Roque Orrego, Presidente del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Paraguay.

nov 102016
 

Bañado: Tierra, Techo y Trabajo en zona de arraigo” es el lema del Foro Social de Bañado Norte, que se realizará el próximo lunes 14 de noviembre, a partir de las 10.30 hs., con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. El evento tendrá lugar en un sitio emblemático de la lucha bañadense por el derecho al arraigo: la Carpa de Resistencia (sobre la calle San Estanislao, Camino al Mbigua, Barrio Banco San Miguel; o en caso de mal tiempo en la Escuela Caacupemí, de la Asociación Fe y Alegría, en la misma zona).

Se prevé, además, la presencia del intendente de Asunción, Mario Ferreiro; el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona; y la Ministra de la SENAVITAT, Soledad Núñez, quienes fueron convocados a participar de un panel central, encabezado por Pérez Esquivel, en el cual las autoridades debatirán con las y los pobladores de los bañados acerca de los problemas que les afectan en el marco de la implementación del Proyecto de la Franja Costera. La principal reivindicación es la incorporación del componente social en el Proyecto de Franja Costera en todo su alcance demandado, que garantice el derecho al arraigo y otros derechos adquiridos de las familias vecinas.

El Foro Social del Bañado Norte es organizado por una mesa impulsora integrada por la Coordinadora de Defensa Comunitaria de Bañado Norte (CODECO), la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (COBAÑADOS), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), el Centro de Estudios Padre Antonio Guasch (CEPAG), la Asociación FE Y ALEGRÍA Paraguay, el Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj Py), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP PY) y el Grupo Jetyvyro: Cultura y Participación. Apoyan este evento We Effect y Desarrollo y Paz.

Contactos para medios de prensa:

  • María García, COBAÑADOS. Tel: (0982) 162-943
  • Carmen Castillo, CODECO. Tel: (0992) 302-888
  • Benita Falcón, CODECO. Tel: (0981) 783-197
  • Ángel Domínguez, Serpaj PY. Tel: (0971) 634-689
nov 072016
 

 

  • ESTE MARTES 8, A LAS 10.30 HS. EN LA SALA PARROQUIAL DE HORQUETA.

Organizaciones sociales darán a conocer el programa del Foro Social del Norte durante una conferencia de prensa a realizarse este martes 8 de noviembre, a las 10.30 hs. en la sala parroquial de Horqueta. Estarán presentes Marciano Jara, Adriano Muñoz y Delia Gómez, dirigentes de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Concepción (COOC), organizadora del Foro Social del Norte que se realizará el 15 de Noviembre, en la ciudad de Horqueta, con la participación de  más de 1.000 personas, representantes de pobladores de Concepción, San Pedro y Amambay, y la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980.

Con el lema “Por territorio, soberanía y derechos humanos”, el Foro Social del Norte se constituirá en un espacio de debate sobre los distintos problemas que afecta a la sociedad en general, involucrando a todos los sectores de manera a generar una alianza a nivel nacional e internacional para visibilizar las realidades del Norte. Algunos de los temas que serán abordados en los diferentes espacios son la agricultura campesina, el acceso a la tierra y a la reforma agraria y el contexto de militarización que aqueja al Norte del país. Asimismo, se realizarán espacios de debate sobre la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la resistencia al modelo extractivista, entre otros. El panel central será sobre “El territorio en disputa: El papel del Estado, las Políticas públicas y los movimientos sociales ante el modelo extractivista”.

El Foro Social del Norte está organizado por la Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesinas de Concepción, la Pastoral Social, la Asociación de Mujeres Santo Domingo, Serpaj Paraguay y Preconor, con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, Diakonía, Oxfam y Desarrollo y Paz.

Contactos para entrevistas:

  • Marciano Jara. Tel: (0983) 533-144
  • Gladys Gómez. Tel: (0975) 576-102
  • Adriano Muñoz. Tel: (0971) 858-394
oct 312016
 

El próximo 15 de noviembre de 2016, de 7.30 a 17.00 hs., más de 1.000 personas, representantes de pobladores de Concepción, San Pedro y Amambay se reunirán en la ciudad de Horqueta para pensar ese otro Norte posible, en compañía de Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la Paz 1980 y fundador del Servicio Paz y Justicia. 

Los Objetivos del FSN 2016 son:

  • Generar espacios de debates sobre los distintos problemas que afecta a la sociedad en general, involucrando a todos los sectores.
  • Levantar ante las autoridades las inquietudes del pueblo.
  • Lograr alianzas a nivel nacional e internacional para visibilizar las realidades del Norte.
  • Instalar un espacio de diálogo multisectorial.

Ejes temáticos:

  • Fortalecimiento de la agricultura campesina.
  • Tierra y reforma agraria.
  • Militarización.
  • Soberanía alimentaria.
  • Agricultura campesina.
  • Resistencia.
  • Biodiversidad.

El panel central será sobre el tema “El territorio en disputa: El papel del Estado, las Políticas públicas y los movimientos sociales ante el modelo extractivista”.

Habrá carpas temáticas, que son las siguientes:

  • Soberanía alimentaria.
  • Reforma agraria integral.
  • Derechos Humanos y Militarización.
  • Resistencia al modelo extractivo.
  • Pensar desde las mujeres.
  • Experiencias de los y las jóvenes.

El Foro Social del Norte está organizado por la Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesinas de Concepción, la Pastoral Social, la Asociación de Mujeres Santo Domingo, Serpaj Paraguay, Preconor, con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, Diakonía y Oxfam.

oct 262016
 

  • SE REALIZARÁ ESTE JUEVES 27 Y VIERNES 28 EN PRODEPA (AVDA. EUSEBIO AYALA, KM. 4 ½)
  • PARTICIPARÁN EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, GREMIOS DOCENTES Y ESTUDIANTILES, AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Por tercer año consecutivo Paraguay será sede de un Seminario Internacional sobre las políticas educativas y la garantía de los derechos humanos. “Por una educación pública garante de derechos: Jajapóva ha Jajapótava”, es el lema del III Seminario Internacional, a llevarse a cabo el jueves 27 y viernes 28 de octubre en el Centro Paraguayo de Educación Permanente Ko´e Pyahu (PRODEPA), km. 4 y 1/2, Asunción, de 8.00 a 17.00 hs. La apertura del Seminario se realizará este jueves 27, a las 08.30 horas.

Este evento es organizado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj Py), y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA), con el propósito de analizar los desafíos y perspectivas para una Política Pública Educativa en Derechos Humanos.

Los diferentes paneles contarán con la participación de expositores nacionales e internacionales, entre quienes se encuentran Camilla Croso, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a La Educación (CLADE), Gabriela Urthiague, del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y Celeste Adamoli, coordinadora del Programa “Educación y Memoria” del Ministerio de Educación y Deportes de Argentina.

Esta actividad cuenta además con el apoyo de la Oficina de la Organización de estados Iberoamericanos (OEI), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y Diakonía.

Información adicional sobre el PLANEDH

El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos desarrolla mecanismos de garantía y exigibilidad de la educación, considerada un derecho humano, al tiempo de establecer el desarrollo de una política educativa participativa, pluralista e inclusiva.

Contactos para entrevistas:

  • María Gloria Pereira de Jacquet, Directora General de Currículum, Evaluación y Orientación del MEC – Paraguay. Tel: (0981) 176-194
  • Ramón Corvalán, Equipo de Educación del Serpaj Py. Tel: (0982) 414-289
  • Aníbal Cabrera, Director Ejecutivo de la CDIA. Tel: (0971) 914 915
oct 242016
 

La eliminación de la FTC fue el reclamo mayoritario durante la Audiencia Pública realizada en el Parlamento Nacional, a los efectos de analizar el proyecto de Ley “Que deroga la Ley 5.036/13, que modifica y amplía los artículos 2°, 3° y 56° de la Ley 1.337/99, De Defensa Nacional y Seguridad Interna”, presentado por el Senador Pedro Santa Cruz en mayo pasado.

Durante la Audiencia, pobladores de varios lugares de los departamentos de Concepción y San Pedro denunciaron violaciones a los derechos humanos, incluidos atropellos, abuso de autoridad, simulación de hechos punibles y falta del derecho al debido proceso, entre otras. En nuestro boletín, compartimos algunos de los testimonios.

Con el objetivo de contribuir al debate en torno a la Ley 5.036, el Serpaj Py ha promovido la realización de un dictamen del abogado constitucionalista Juan Carlos Mendonça, documento que expone claramente la inconstitucionalidad de la ley y su Decreto Reglamentario. El dictamen puede ser descargado aquí.

Marciano Jara: “A Julián Ojeda lo mataron y acusaron de guerrillero. Y era inocente”.

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Francisca Morales: “Mis hermanos Gregorio y Víctor no tuvieron derecho al debido proceso”.

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Hugo Pereira: “Esto no se trata de la guerrilla, sino del extractivismo armado”.

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Teodolina Villalba: “Exigimos la derogación de esta ley antinacional”.

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Vidal Acevedo: “La ley 5.036/13 es claramente inconstitucional”.

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Adelfa Gómez: “En vez de defender a la gente, la FTC defiende al ganado”.

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oct 122016
 

Foto de Edilberto Álvarez

Los abajo firmantes, mayores de edad que habitamos barrios y comunidades de los bañados de Asunción, con pleno conocimiento, manifestamos cuanto sigue:

Luchamos por el Derecho de todas las familias bañadenses a vivir en la Ciudad en Viviendas Dignas y Barrios Saludables. Rechazamos toda política que nos expulse y margine. Exigimos respeto a nuestros Derechos Humanos. Construimos nuestras casas y nuestras comunidades por lo que reclamamos Respeto. Sobre estas bases, expresamos nuestra completa predisposición al diálogo con todas las autoridades competentes.

Exigimos participación real en las obras que se llevan adelante en los bañados de Asunción. Reprochamos el “juego” de la participación tan practicada por las entidades públicas que sólo sirve para engañar a la gente y seguir con los planes públicos que desconocen nuestros derechos. Queremos que se escuche realmente a la población y se respete a sus organizaciones. Que las mesas de trabajo sirvan para encontrar verdaderas soluciones y no sean pérdidas de tiempo.

Deseamos como nadie que la crecida del río Paraguay ya no inunde más nuestros hogares y nuestras comunidades. Por una solución inmediata a las inundaciones. Sabemos que hay 2 alternativas: el relleno y la defensa costera. No aceptamos que nos impongan el relleno como única solución. Por un inmediato Estudio de Factibilidad de la Defensa Costera comparando con el Relleno, presentado por la COBAÑADOS y cajoneado por el MOPC. Desde nuestra organización levantamos la Defensa Costera como la mejor solución porque garantiza más respeto a nuestros derechos.

Tenemos derecho a vivir donde siempre hemos vivido. Por viviendas dignas en barrios saludables en la misma comunidad a las familias afectadas por la Avenida Costanera u otras obras públicas en los bañados de Asunción.

No aceptamos los barrios cerrados de pobres, ni que nos amontonen en Viviendas desechables tipo cajas de fósforo. Levantamos también el derecho a Indemnizaciones justas para las familias que opten por dicha alternativa.

Por la regularización de la tenencia de la tierra a precios y tarifas sociales para garantizar el arraigo. Por la Aprobación de la Ampliación de la Ordenanza de Tierras presentada por la COBAÑADOS en la que se da una solución a las familias bañadenses.

Por diseños urbanos participativos que mejoren integralmente los barrios bañadenses.

oct 102016
 
  • LA CONCENTRACIÓN SE REALIZARÁ ESTE MIÉRCOLES 12, A LAS 08.00 HS., EN LA PLAZA URUGUAYA

  • DE AHÍ, PARTIRÁN LOS MANIFESTANTES HASTA LA SEDE DEL MOPC

Los bañados Norte, Sur y Chacharita se concentrarán a las 08.00 hs. en la Plaza Uruguaya y desde ahí marcharán hasta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para exigir que no se violen más sus derechos en el marco de las obras de la Franja Costera, tal como viene siendo ejecutada.

Pese a los reiterados intentos por hacer oír sus reclamos, el MOPC continúa sin atender ni considerar las propuestas técnicas y sociales de la COBAÑADOS, al tiempo que ha habilitado mesas de trabajo que hasta el momento no han contribuido a garantizar la participación efectiva de la población afectada por las obras. Se trata de espacios de diálogo en el cual las autoridades siguen haciendo oídos sordos, en las que no se hace efectivo ningún avance en relación a las demandadas planteadas reiteradamente, y sólo se pierde tiempo.

Los bañadenses exigen políticas que respondan adecuadamente a garantizar el derecho al arraigo, la vivienda y el hábitat de las familias afectadas, así como una solución definitiva a las inundaciones a través de la construcción de una Defensa Costera, para lo cual ya han presentado un pre-estudio técnico completo al MOPC.

La COBAÑADOS denuncia que las obras como la Avenida Costanera Norte y Sur, el Proyecto de Relocalización como RC4, las rutas conectoras previstas, y la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales en Trinidad, que se enmarcan en el Plan General de Franja Costera, siguen su curso en un contexto autoritario y excluyente, sin tomar en consideración los derechos de la gente y sin ninguna participación real de la población organizada. Es por ello que saldrán a las calles en una nueva movilización pacífica, la tercera en lo que va del año.

RECLAMOS BAÑADENSES:

  • Viviendas en la misma zona para las familias afectadas por la Avenida Costanera, segunda etapa.
  • Titulación de las tierras bañadenses a favor de su población histórica.
  • Realización de un estudio de factibilidad de los proyectos de Franja y Defensa Costera.
  • Respeto del derecho al arraigo de la población bañadense.
  • Diseño participativo de los proyectos de viviendas y mejoramientos del hábitat.Regularización de las tierras y precios sociales.
  • Participación real y efectiva de la población de los Bañados en las políticas que les afectan de manera directa.-¡DEFENSA COSTERA YA! como solución definitiva a las inundaciones.

Contactos para entrevistas:

María García, coordinadora de la Cobañados: (0982) 162 943Sergio Trepowski, vicecoordinador de la Cobañados: (0994) 406664

Angelica Gamarra, secretaria de la Cobañados: (0971) 383134

Francisco Ortiz, dirigente de la Cobañados: (0981) 24899

sep 302016
 

Con el lema “13 años marchando por la identidad de género y todos nuestros derechos” se convoca a la 13° Marcha de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex (LGTBI) de Paraguay, que se realizará este sábado 1 de octubre próximo en Asunción. La convocatoria es a partir de las 11:00 horas en la Escalinata de Antequera (Antequera y Fulgencio R. Moreno) desde el lugar de la concentración, se marchará hasta la plaza Juan E. O’Leary donde se realizará el acto central y posterior festival .

Este año, la reivindicación central es para generar el debate por una Ley de Identidad de Género y la aprobación de la Ley Contra Toda Forma de Discriminación, que pretende hacer efectivo un derecho garantizado en el art. 46 de la Constitución Nacional y de esta forma lograr un avance de los Derechos Humanos en Paraguay.

El encuentro contará con la conducción de Envidia Metenes, reconocida drag queen de Asunción, además estarán presentes, el reconocido grupo músical Purahey Soul, la drag Menta Green, danza de Clari Marecos, la Tatucada de Aireana y para bailar al ritmo de salsa estará presente Nelson Aguinagalde.

Convocan a la 13°Marcha LGBTI de Paraguay la Coalición LGTBI de Paraguay; Aireana: grupo por los derechos de las lesbianas; Panambi: asociación de travestis, transexuales y transgéneros del Paraguay, Las Ramonas: organización feminista; Unidos por el Arcoíris: asociación de padres, familiares y amigos de personas gay, lesbianas y trans; Ñepyru: Centro de investigación y educación sexual; Escalando, asociación de personas trans; La Mansión 108; Todo Mejora Paraguay: asociación de jóvenes LGBT para la educación; Somos Pytyvoháras: en derechos sexuales y reproductivos y activistas independientes).

Y apoyan: Serpaj Paraguay; Centro de documentación y estudio CDE, Centro Paraguayo de Teatro (CEPATE), Asociación Tatarendy, Unidas en la Esperanza UNES y Movimiento Objeción de Conciencia MOC, y donantes independientes.