ago 292016
 

 

El Servicio Paz y Justicia Paraguay, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Asociación de ONGs de Paraguay (POJOAJU), organizaciones fraternas que promueven el desarrollo, la democracia y los derechos humanos, ante el atentado criminal producido en el Núcleo 6, Arroyito, Concepción y en el que fallecieron 8 personas integrantes de las Fuerzas de Tarea Conjunta, manifestamos cuanto sigue:

1. Condenamos rotundamente el hecho registrado que altera principios básicos de derechos humanos y de convivencia democrática. Atentar contra la vida de personas más que configurar un gravísimo hecho punible, conforma el derrumbe del sentido de la dignidad de la vida como núcleo fundamental de la sociedad.

2. Extendemos nuestra solidaridad con los familiares de las personas fallecidas en el atentado y nos sumamos a sus clamores que demandan a las autoridades nacionales responsables, y a toda la sociedad a pedir Verdad y Justicia.

3. Exigimos, por tanto, a dichas autoridades realizar todo lo necesario en el marco de los principios democráticos y las garantías de los derechos humanos, para esclarecer el hecho que se produjo en un contexto de prolongado conflicto en el que demasiadas vidas ya fueron perdidas.

Los tres poderes del Estado tienen en sus manos las debidas responsabilidades para crear las condiciones requeridas a modo que el sufrimiento por la violencia llegue a su fin y que la pérdida de vidas deje de ser la norma cotidiana de convivencia en Paraguay.

 27 de agosto de 2016

Contactos para entrevistas

Cristina Coronel, integrante de Serpaj PY. Tel: (0981) 516-033

Maribel Mercado, Secretaria General del Consejo Directivo de CDIA. Tel: (0985 523-938

Susana Aldana, Secretaria Ejecutiva de Pojoaju. Tel: (0981) 835-422

ago 192016
 

Paulo Vannuchi, relator para Argentina, Bolivia y Paraguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en nuestro país. Durante su visita, dialogó con representantes de organizaciones sociales los bañados, quienes le informaron acerca del grave conflicto generado ante el inicio de la segunda fase de la Avenida Costanera Norte, sin que todos los entes gubernamentales involucrados con la prosecución de las obras de la segunda etapa de la Avenida Costanera pusieran en marcha acciones de información y participación ciudadana efectivas y con capacidad de incidencia, que permitan garantizar los derechos de la población bañadense.

Participaron del encuentro con Vanucchi, María García, dirigente de la Coordinadora de Defensa Comunitaria (CODECO) y la Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (COBAÑADOS); Benita Falcón, de la CODECO, Selva Miranda; directora de la escuela Caacupemí, de la Asociación Fe y Alegría Paraguay, en Bañado Norte, y Eva Pereira y Angélica Gamarra, de la COBAÑADOS, además de Ángel Domínguez, del Serpaj Paraguay.

Durante el encuentro, María García explicó la postura de las organizaciones bañadenses, en el sentido de que se apoya la construcción de la Avenida Costanera pero contemplando las obras de Defensa Costera, que permitirán la permanencia de las comunidades bañadenses en su territorio. Informó además que, de momento, las obras de construcción no contemplan la Defensa Costera, así como ningún componente social, y que ello afectará de manera directa a las y los pobladores, muchos de los cuales sufrirán un proceso de desarraigo de manera inconsulta y arbitraria. “Este es un proyecto de desalojo de por vida del cual todavía no sabemos nada”, dijo.

Doña Benita Falcón es pobladora de la zona de Banco San Miguel y comentó que frente a su casa, a diario, pasan las maquinarias, generando la sensación de que “el Estado sólo nos da una opción, que es la de irnos”. Por ello, junto a sus vecinos ha instalado una carpa que reúne a la comunidad en un lugar estratégico desde el cual se plantea hacer un seguimiento a las obras y reivindicar su derecho al arraigo, y que es llamada “Carpa de la Resistencia”.

Selva Miranda señaló de qué manera afectan las obras a la Escuela, recientemente habilitada tras el cierre por la subida del Río Paraguay. Comentó que, por ejemplo, el incesante pasar de maquinarias pesadas pone en riesgo de vida a los niños y niñas que asisten a la escuelita, y que aunque ya han solicitado más cuidado en horas de ingreso y salida de estudiantes, no se constata que las autoridades hayan tomado ningún tipo de precaución. El comisionado Vannuchi recordó su visita a la escuelita y comunidades de esa zona del Bañado Norte en una misión anterior, durante el 2015. Vanucchi, que además es encargado de la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), tomó nota de la situación planteada y señaló que tendrá en consideración las reivindicaciones bañadenses en un informe a ser presentado próximamente, entre otras acciones de monitoreo a las preocupaciones de las organizaciones de los Bañados.

ago 182016
 

Los delegados diocesanos de la Pastoral Social, quienes nos reunimos en Ypacaraí, encabezados por nuestro Obispo Responsable, Mons. Juan Bautista Gavilán, en fecha 11 y 12 de agosto de 2016, analizamos la coyuntura social que está viviendo actualmente nuestro país, en esta ocasión hacemos eco de las preocupaciones que manifestaron los delegados de las Diócesis de Concepción y San Pedro del Ycuamandiju, que nos han entregado, como muestra, un listado de abusos y violencias durante la permanencia y actuación de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) creada por Ley Nº 5.036/13 (que modifica y amplia los Artículos 2, 3 y 56 de la ley 1.337/99 “de defensa nacional y seguridad interna”) o Militarización del Norte. Y por ello,

Nos preocupa:

La inseguridad generalizada en distintos puntos del país y, en particular, agravada en el Norte, por la presencia y acción de las FTC, en vez de dar tranquilidad a la población, por su forma prepotente de actuar mantiene en zozobra a gente humilde y a líderes sociales sin que tengan implicancia o pruebas delictivas. Algunos hechos registrados entre otros son:

  • Asesinato de dos miembros y una herida con ensañamiento de la familia Ovelar Candia en Kurusu de Hierro (05/09/14).
  • Allanamiento y tortura a varias familias de los Núcleos 3 y 6 de Arroyito (22/09/14) o Retención y tortura de Gumersindo Toledo, en Calle 14, Lucero Cué, presentando éste una demanda contra las FTC, con el apoyo de organismos de DDHH, de Asunción (21/10/14) o El Fiscal Joel Cazal acusó a la Pastoral Social Diocesana de Concepción y a dirigentes campesinos del primer Departamento de entrenar a jóvenes y adolescentes para ingresar a la guerrilla, en radio AM 970 y diario La Nación (08/01/15).
  • Violento allanamiento de las viviendas de los hermanos Víctor y Gregorio Morales, apresamiento y traslado de los mismos a la cárcel de Concepción, acusados de apoyo logístico del EPP, sin prueba alguna.
  • El amplio presupuesto de gastos con que cuentan las FTC y el prolongado tiempo de permanencia sin efectividad alguna. Pensamos que con el mismo presupuesto y tiempo se hubiera invertido en educación, salud y obras viales que son necesarias para los pobladores, para poder salir de esa situación extrema.

Con este actuar nos preguntamos:

  • ¿Qué pruebas concretas tienen las FTC con referencia a los secuestrados en la zona?
  • ¿Por qué deja duda a la población la coordinación del mando entre policías y militares de las FTC?
  • ¿Por qué parece que el movimiento del narcotráfico está más seguro en las zonas de control de las FTC?
  • ¿Por qué en esta Región, la única medida del Gobierno constituya la represión, sin que exista una verdadera lucha para defender a la ciudadanía de la violencia y de los abusos, del consumo de las drogas y de las operaciones mafiosas de los narcotraficantes?
  • ¿Por qué aumenta la criminalidad, hasta asesinatos de intendentes y sin pistas de los autores en dicha región?
  • ¿Por qué, hasta la fecha, no pudieron llegar hasta los cabecillas del grupo armado, contando con tantos efectivos militares y policiales y con un ingente respaldo en materiales bélicos, tecnología y dinero?
  • ¿No sería mejor derogar la mencionada ley de militarización que permite el uso indiscriminado de las fuerzas armadas y el derroche presupuestario, con tan poco resultado?
  • ¿En vez de este derroche no sería mejor que la acción del Gobierno se vuelque a través de sus Organismos a promover el desarrollo de los desplazados?

Finalmente, nos solidarizamos con las familias afectadas por estas causas y proponemos que las fuerzas de seguridad legítimas resguarden la seguridad de las personas más vulnerables en zonas conflictivas y la presencia del Estado se haga con todas las fuerzas con los programas sociales con que cuentan.

Recordamos lo que ha dicho el Papa Francisco ante policías y soldados de uniforme, llegados para escucharle al pontífice durante el Jubileo de la Misericordia. Les pidió ser instrumentos de reconciliación: “Estáis llamados a prevenir, gestionar o poner fin a los conflictos, pero también a contribuir a la construcción de un orden fundado en la verdad, en justicia, en el amor y la libertad”. CIUDAD DEL VATICANO, 30 Abr 2016

“Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz”. Lucas 16,8.

Delegados de Pastoral Social

ago 172016
 

Compartimos esta publicación que detalla tres allanamientos efectuados por integrantes de la FTC en los cuales se incurrió en graves violaciones a los derechos humanos. Estos 3 hechos son investigados por la Unidad Penal N° 3 de la Fiscalía Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, a cargo de Marta Sandoval.

ago 082016
 


La Sala Constitucional conformada por los ministros de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro, Myrian Peña y Antonio Fretes resolvieron recientemente dar trámite a la acción de inconstitucionalidad contra la ley 5036/13, que modifica la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna y el decreto del Poder Ejecutivo 103/2013, que desde el año 2013 han permitido el despliegue de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en violación de lo que establece la Constitución Nacional, la cual otorga atribuciones de seguridad interna exclusivamente a la Policía Nacional.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por pobladores de los departamentos de San Pedro y Concepción que fueron víctimas de abusos por parte de la Fuerza de Tareas Conjunta. Se trata de los ciudadanos Ramón Denis Cardozo, Ignacio Sosa Ortega y Epifanio Cabañas, pobladores de Colonia Oñondivepá, en Nueva Germania, en el departamento de San Pedro; quienes sufrieron atropellos y agresiones en un operativo de las FTC entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de setiembre del 2013; y Gumersindo Toledo, del asentamiento de Arroyito, en el departamento de Concepción, víctima de torturas, golpes y simulacro de asfixia por miembros de la FTC en octubre de 2014.

“Analizando el escrito de presentación, se constata que los accionantes han justificado concretamente la lesión constitucional alegada como también han citado las normas que consideran vulneradas, exponiendo con claridad y precisión su planteamiento, razones por las que corresponde el trámite a la acción de inconstitucionalidad y correr vista al Fiscal General del Estado”, señala parte de la resolución de la Sala Constitucional, fechada el 15 de Julio pasado.

Los accionantes cuentan con patrocinio del Servicio de Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ PY), quien en el marco de estas acciones solicitó primeramente un dictamen al reconocido abogado Juan Carlos Mendonça, documento que expone claramente la inconstitucionalidad del decreto y de la ley que han sido objeto de esta acción de inconstitucionalidad, y que puede ser descargado aquí.

A continuación, el documento completo de la resolución:

jul 272016
 

Ante la decisión de pobladoras y pobladores de Bañado Norte aglutinados en la Coordinadora de Defensa Comunitaria CODECO, de instalar una carpa para alertar sobre el ingreso de materiales y maquinarias para el trabajo de la Avenida Costanera – Segunda Etapa, sin su debido conocimiento, el Servicio Paz y Justicia Paraguay manifiesta cuanto sigue:

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO constante a las legítimas demandas de la población de los Barrios San Miguel Guerrero, Caacupemí, Banco San Miguel, entre otros aledaños a la calle San Estanislao, Camino al Mbigua – Bañado Norte –, relacionadas con las exigencias al Estado de garantizar que todas las familias afectadas por el proyecto Avenida Costanera continúen sus vidas en el ámbito de las comunidades construidas por generaciones, con reconstrucción de viviendas dignas en el marco del respeto al derecho a vivir en la ciudad atendiendo responsablemente su arraigo histórico, mediante la implementación de una Defensa Costera como alternativa inclusiva que las proteja de las inundaciones al igual que asegure su permanencia.

EXIGENCIA puntual al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a reunirse con las familias en torno a la mesa de trabajo creada el pasado mes de mayo para proporcionar la información oficial completa y acabada requerida por pobladores y pobladoras de esta zona acerca de la afectación de viviendas por las obras del proyecto y las políticas de acción social previstas por el gobierno para responder al impacto, dando lugar a su participación con capacidad de incidencia real en lo que tiene que ver nada menos que con su futuro inmediato.

Al mismo tiempo, el Servicio Paz y Justicia Paraguay, señala que la lucha de pobladores y pobladoras del Bañado Norte, traduce en el presente los derechos, principios y propósitos de más de medio siglo de lucha registrado en diversas ciudades del mundo por una reforma urbana custodia del derecho y acceso integral a la ciudad.

Este movimiento apuesta por el ejercicio pleno de la ciudadanía, la función social de la ciudad, el territorio y la propiedad, la gestión democrática de la ciudad, la producción democrática de la y en la ciudad, el manejo sustentable y responsable de los bienes comunes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno, así como el disfrute democrático y equitativo coherente que corresponde en este sentido.

Hoy, la carpa instalada por pobladores y pobladoras del Bañado Norte, insta a las autoridades encargadas a respetar y garantizar derechos, a construir una ciudad en la que todas las personas (niñ@s, jóvenes, adult@s mayores, mujeres y hombres) gozan y realizan todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a través de la construcción de condiciones de bienestar colectivo con dignidad, equidad y justicia social.

jul 272016
 
  • EN LA TARDE DEL MARTES 26 VECINOS DEL BARRIO SAN ESTANISLAO INSTALARON UNA CARPA EN LA CALLE SAN ESTANISLAO, ZONA BANCO SAN MIGUEL, DONDE ACTUALMENTE SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA.
  • RECLAMAN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) LA FALTA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.

Pobladoras y pobladores del Barrio San Estanislao, de Bañado Norte, aglutinados en la Coordinadora de Defensa Comunitaria (CODECO) instalaron una carpa en la zona de obras de la segunda etapa de la avenida Costanera Norte, en el marco de sus acciones de movilización. Exigen al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que garantice a las familias afectadas por el proyecto que continuarán residiendo en la zona con la reconstrucción de viviendas dignas, respetando así su arraigo y derechos consecuentes.

La población histórica de los bañados no se opone a la construcción de la Avenida. No obstante, exige la construcción de una Defensa Costera que pueda protegerles de las inundaciones, debido a que -de continuar las obras como están planificadas- se verán obligados a abandonar sus hogares.

En este marco, desde hace varios meses reclaman al gobierno la falta de información y consulta acerca de esta obra pública que les afecta de manera directa, y que ya ha sido iniciada. En mayo pasado realizaron una primera movilización. En esa oportunidad, el MOPC se comprometió a dialogar de manera permanente con los bañadenses y se habilitó una mesa de trabajo. No obstante, la falta de información y participación persistió y, por ello, el pasado 19 de Julio los bañadenses realizaron una nueva movilización, sobre la Avenida Artigas. Ante la persistencia de esta situación, los vecinos y vecinas de San Estanislao han decidido instalarse en la zona de obras de manera permanente.

CONTACTO PARA MEDIOS DE PRENSA:

  • Ña Benita Falcón, tesorera de CODECO. Tel: (0981) 783-197
  • María García, coordinadora de CODECO y de Cobañados. Tel: (0994) 493-574
jul 212016
 

La abogada Mirta Moragas –una de las defensoras de Raquel en el caso Curuguaty– señala que el proceso a la joven es totalmente nulo, pues según las reglas del proceso penal adolescente una persona es penalmente responsable “solo si” al momento de realizar el hecho tenía la capacidad de entender el alcance de sus actos y determinarse conforme a ese conocimiento, según el artículo 194 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se aplica en este caso, pues al momento de los hechos Raquel era menor de edad.

En este sentido explica que la única manera de determinar el grado de madurez es a través de un estudio sicológico. Sin embargo, este estudio nunca fue realizado a Raquel, por lo que todo el proceso es nulo. Además, Moragas añade que durante el juicio de los adultos, la fiscalía insistió mucho en indagar sobre ella, es decir, ella empezó a ser juzgada con los adultos, “lo que a todas luces es la ruptura de muchos principios constitucionales del derecho a la defensa”, sostiene.

Enfatiza, asimismo, que este es un vicio procesal insalvable, pues en caso de que se intente reparar esta violación del debido proceso ordenando que la pericia se realice cuatro años después, esta carecerá de completa validez pues no existe ningún instrumento para determinar el grado de madurez de una persona en el pasado. “La máquina del tiempo no existe”, grafica.

La abogada observa además que Raquel será juzgada por el mismo tribunal que condenó a los adultos, que ya tiene una opinión previa en la causa y que ya falló condenando a las mujeres a penas de seis años de cárcel. La condena se basa en el supuesto de que las mujeres se mostraron con sus hijos para tomar desprevenidos a los policías y corrieron del lugar luego de iniciarse el tiroteo. “Ella será sometida al mismo escarnio que el resto de las mujeres, por proteger a su hijo y por correr ante el peligro”, señala Moragas.

El juicio a Raquel está marcado para el lunes 25 de julio, a partir de las 8.00 horas, en el salón auditorio del campus de la Universidad Nacional de Canindeyú (Unican) en Saltos del Guairá.

Contactos:

Mirta Moragas: 0992 445 192

Sonia Von Lepel: 0991 450 481

jul 182016
 

Quienes conformamos el Servicio Paz y Justicia Paraguay, organización defensora de los derechos humanos y con plena opción por los principios democráticos, la justicia y la noviolencia activa, ante la lectura de los fundamentos del fallo del juicio oral por la matanza de Curuguaty manifestamos cuanto sigue:

Rechazamos de forma rotunda la sentencia  y exigimos la revisión de la causa y la nulidad del juicio por vicios de origen que le impiden responder adecuadamente a condiciones básicas de imparcialidad y exhaustividad.

Mencionamos, al respecto,  que 17 personas, 6 policías intervinientes y 11 campesinos, murieron durante el desalojo en las tierras conocidas como Marina Kué, el pasado 15 de junio de 2012; pero en los argumentos leídos sólo fueron abordadas las muertes de los agentes policiales.

Recordamos a las autoridades responsables de administrar justicia que sigue abierta la pregunta: ¿Qué pasó en Curuguaty? porque las muertes de Luis Paredes, 26 años; Luciano Ortega, 18 años; Fermín Paredes, 28 años; Adolfo Castro, 28 años; Avelino Espínola, 54 años; Arnaldo Ruiz Díaz, 35 años; Ricardo Frutos Jara, 42 años; Delfín Duarte, 56 años; Francisco Ayala, 38 años; De los Santos Agüero, 23 años y Andrés Riveros, 67 años, no fueron investigadas y, por tanto, el Estado paraguayo aún no ofrece una explicación a la sociedad ni a los familiares en los términos de Verdad y Justicia. En los casos de Luciano Ortega, Adolfo Castro, Francisco Ayala y Andrés Riveros, existen, incluso, testimonios y evidencias forenses que apuntan a que fueron acribillados y ejecutados de forma arbitraria, posterior al enfrentamiento producido durante el desalojo.

Destacamos que la legitimidad del Estado Social de Derecho, referido en el artículo 1° de nuestra Constitución, se apoya fundamentalmente en el cumplimiento de su función de protección de los Derechos Humanos, “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, conforme lo expresa en su tercer considerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Señalamos la gravedad del hecho derivado de que los argumentos de la sentencia en el caso Curuguaty desconozcan principios básicos de garantía y protección de derechos humanos, de verdad y justicia, pero que optan por apoyarse en una moral perversa que culmina en la naturalización del crimen y la crueldad. Aceptar los argumentos leídos simplemente implicaría reiterar en el presente la histórica discriminación al campesinado, la naturalización social de sus sufrimientos y el desprecio al derecho que forma parte de la cultura política autoritaria en nuestro país.

Insistimos en que la tensión instalada por la pregunta: ¿Qué pasó en Curuguaty?, sigue sin resolverse y que se encuentra en juego la posibilidad de construir y consolidar una sociedad sobre los fundamentos de la paz y la justicia. Esta tarea colectiva se vuelve imposible cuando se pretende, mediante una perversa pedagogía, convencernos de que no existe mal alguno en el asesinato de ciudadanos y ciudadanas. La vida no es sólo la extensión funcional de ningún objeto económico ni de alguna mercancía intercambiable.

Reiteramos nuestro rechazo rotundo a los argumentos de la sentencia e instamos a las autoridades a investigar de forma responsable, independiente e imparcial, todos los hechos relativos a la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la masacre de Curuguaty. Los derechos humanos son la ética de la democracia; la persistencia de la impunidad, su contracara más perversa.

jul 182016
 
  • MARTES 19 DE JULIO, 07.00 HS., SOBRE ARTIGAS Y SAN ESTANISLAO (FRENTE A IMPRENTA ZAMPHIRÓPOLOS).

  • RECLAMAN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), INFORMACIÓN SOBRE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN.

  • ASIMISMO, EXIGEN AL GOBIERNO QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL OPERATIVO RETORNO DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS, CON LA PROVISTA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS (LUZ, AGUA, LIMPIEZA, ETC.).

Ante el avance de las obras de construcción de la segunda etapa de la avenida Costanera Norte, pobladoras/es del Bañado Norte se movilizarán para exigir al gobierno información acerca de una obra pública que les afecta de manera directa, que ya ha sido iniciada y de la cual no han recibido información suficiente. La movilización es organizada por la Coordinadora de Defensa Comunitaria (CODECO) con apoyo de la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (Cobañados). Se realizará a las 07.00 hs. del martes 13 de Julio, sobre Avenida Artigas y San Estanislao (frente a la imprenta Zamphirópolos).

El pasado  mes de mayo, luego de una movilización de organizaciones bañadenses frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se instaló una mesa de trabajo integrada, en un principio, por el viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y posteriormente por el jefe de las obras de la avenida Costanera, ingeniero Pedro Cardozo. En el marco de esta mesa de trabajo, el MOPC ha entregado a las organizaciones bañadenses el mapeo de obras, en el cual se desaparecen barrios enteros, como es el caso de la zona del Banco San Miguel, en la cual viven más de 100 familias. Hasta el momento, el MOPC no se ha reunido con esas familias para informarles oficialmente de la afectación de sus viviendas, ni de las políticas de acción social que el gobierno tiene previstas para responder a este impacto y las legítimas demandas consecuentes. Es por ello que los bañadenses exigen información completa e inmediata por parte de las autoridades responsables.

Asimismo, en la movilización prevista reclamarán a las autoridades el cumplimiento de las condiciones necesarias de conexión eléctrica, servicio de agua potable y limpieza de las zonas en las que ya ha bajado el río Paraguay, en el marco del operativo retorno de las familias afectadas por las inundaciones que ya pueden retornar a sus casas.

CONTACTOS PARA MEDIOS DE PRENSA:

María García, coordinadora de CODECO y de Cobañados. Tel: (0994) 493-574.

Carmen Castillo, integrante de CODECO. Tel: (0992) 302-888.