DERECHO A LA EDUCACIÓN: FUERA DEL SISTEMA O BAJO FUEGO CRUZADO

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Artículo de Ramón Corvalán para el Informe de Derechos Humanos 2016

La situación de los más de un millón de jóvenes y adolescentes que se encuentran fuera del sistema educativo, y los niños, niñas y adolescentes afectados por la militarización –casos de Concepción y San Pedro– plantean la urgencia de la plena vigencia de las obligaciones internacionales en derechos humanos por parte del Estado paraguayo y un compromiso con el fortalecimiento de la tutela en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales. No es posible imaginar la realización del derecho a la educación sin la protección de derechos básicos de la población.

INTRODUCCIÓN

El 5 de mayo la Ministra de Educación Marta Lafuente comunicaba oficialmente su renuncia al cargo durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga. De esa manera se cerraba un proceso iniciado en el mes de marzo con el escándalo conocido como “cocido de oro”[1] y que luego derivó en la toma de un colegio capitalino con apenas 10 estudiantes. La incapacidad por parte del equipo de la cartera educativa para administrar el conflicto resultó en la multiplicación de la resistencia estudiantil, que rápidamente se reprodujo en más de 100 escuelas de todo el país[2].

La secretaria de Estado, al informar sobre su renuncia, defendió su gestión y negó de manera rotunda los hechos de corrupción de los que fuera acusada: “Nunca toqué un solo guaraní de lo que no me pertenece; regresaba incluso más de lo que la ley me exigía cuando me entregaban viáticos para viajes internacionales”, aseguró durante la referida conferencia de prensa. Asimismo, lamentó que “se hable muy poco de la educación y demasiado de la ministra” y dijo que si la noticia era ella y no la calidad educativa “no tenía nada más que hacer” en el cargo[3].

Durante todo el proceso que duró el conflicto, las figuras que ocuparon las primeras noticias fueron la Ministra de Educación y los estudiantes con sus reclamos. En simultáneo se reiteraban en diferentes puntos del país noticias sobre derrumbes de establecimientos escolares[4]. La urgencia de los temas (como ya es usual en el campo de la educación) volvió a desplazar a la calidad educativa como eje de reflexiones, debates y demandas ciudadanas. Desde la perspectiva del derecho a la educación, la situación en nuestro país se define precisamente por reunir –al mismo tiempo– cuestiones relacionadas con carencias básicas para el goce del derecho con temas que hacen al sentido mismo de la educación, y aparentemente siempre resulta más fácil disputar sobre los aspectos de infraestructura[5] o de gestión que acerca de los fines, los modos y las formas pedagógicas necesarias. En medio del tenso conflicto surgido en la cartera educativa, el Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) presentó el informe Paraguay Joven. Informe sobre Juventud, en el cual expuso con cifras preocupantes la situación de una dimensión básica del derecho a la educación: más de un millón de jóvenes y adolescentes se encuentran fuera del sistema educativo (UNFPA, 2015).

Por otro lado, una crónica periodística publicada en el mes de setiembre daba cuenta de la vida cotidiana de estudiantes y docentes en Concepción, en un marco donde conviven “criminales, narcos y militares”[6]. El hecho configura una situación particular en el contexto del derecho a la educación. En el informe correspondiente al año 2013 ya se había recomendado “desvincular a los establecimientos escolares de los procesos de militarización, definirlos y protegerlos como ‘espacios de paz’” (Corvalán, 2013). La persistencia del tema exige reconocer su existencia porque no solo se estaría afectando el derecho a la educación, sino una serie de derechos básicos de la infancia y adolescencia (juego, recreación, participación). Al mismo tiempo, dicha situación implica la necesidad de una afirmación inmediata y explícita de la plena vigencia de las obligaciones internacionales en derechos humanos del Estado paraguayo y un compromiso con el fortalecimiento de la tutela en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales. No es posible imaginar la realización del derecho a la educación sin la protección de derechos básicos de la población.

MARCO JURÍDICO

Se destaca que “el núcleo esencial del derecho a la educación comprende, entre otros elementos, la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en el sistema educativo” (Defensoría del Pueblo, 2003: 87).

El artículo 73 de la Constitución Nacional señala, en ese sentido, que “toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de su comunidad”. Por su parte, el artículo 74 expresa que “se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna”[7].

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 21, inciso d, expresa que el sistema educativo garantizará al niño, niña y adolescente, en concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Educación, “el acceso a escuelas públicas gratuitas cercanas a su residencia”.

Se reconoce que “tradicionalmente, el derecho a la educación ha sido entendido de manera restringida como derecho a acceder a la educación. No obstante, el derecho a la educación va mucho más allá de la matrícula, de la educación escolar, de completar o aprobar un determinado nivel y de obtener un certificado” (Torres, 2005: 74). Sin embargo, la existencia de dificultades a nivel del acceso a la educación señala la persistencia de un importante obstáculo que configura una violación del derecho a la educación y crea las condiciones para sumar otras violaciones. Al violarse el derecho al acceso al sistema educativo, se impide la democratización del aprendizaje en los términos enunciados en el artículo 74 de la Constitución Nacional. Y es clave remarcar que “democratizar el aprendizaje significa no sólo asegurar una educación de calidad, sino generar condiciones esenciales de vida que permitan liberar tiempo y energías para aprender tanto dentro como fuera de la escuela, en la familia y en la comunidad” (Torres, 2005).

Más de un millón en busca de un sistema educativo

En el documento Paraguay Joven. Informe sobre juventud, al abordar el tema del acceso al sistema educativo, se exponen los siguientes datos: “El 55,6% de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años no asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza, lo que implica que más de un millón de adolescentes y jóvenes se hallan fuera del sistema educativo, con los riesgos que esto conlleva” (UNFPA, 2016). Particularmente en el caso de los adolescentes, la inasistencia es del orden del 28,7%. El siguiente gráfico describe el problema:

 

Las marcadas diferencias de asistencia entre el sector rural y urbano (una brecha de 15,2 puntos porcentuales) se relacionan igualmente con las brechas de pobreza entre ambos sectores: “La tendencia sigue mostrando que la pobreza se concentra mayormente en la zona rural, especialmente la pobreza extrema” (Ídem).

Esto se manifiesta también en las razones de inasistencia escolar: “adolescentes y jóvenes no permanecen en el sistema educativo principalmente por razones económicas; en las mujeres –además– cobran relevancia los motivos familiares” (Ídem). El siguiente gráfico describe la situación:

En el gráfico puede observarse el peso significativo de lo económico (que incluye la necesidad de trabajar, el no contar con recursos en el hogar y el costo de materiales) entre las razones para dejar de estudiar.

Respecto a “los motivos familiares” (con porcentajes más altos en las mujeres), debe señalarse que “se asocian fuertemente a la construcción de roles de género en el hogar, porque el 82% de quienes señalaron esta causa son mujeres, lo cual muestra la plena vigencia de estereotipos de género en la división sexual del trabajo doméstico, en perjuicio de las mujeres” (Ídem). Se destaca también, en este sentido, que “una parte importante de adolescentes y jóvenes que figuran en la categoría de los que ‘no estudian ni trabajan’, realizan labores del hogar, especialmente las mujeres y en zonas rurales” (Ídem).

Igualmente debe llamar la atención que entre las razones personales para dejar de estudiar aparezcan el “no desear estudiar” o “considerar que la escolaridad alcanzada es suficiente”. Ambos “podrían estar relacionados a la percepción de la falta de pertinencia de la educación en la consecución de logros en diversos ámbitos de la experiencia social” (Ídem). De hecho, una de las conclusiones del estudio destaca que “el sector educativo formal no retiene a adolescentes y jóvenes, y muestra carencias en la calidad educativa” (Ídem).

Los datos muestran que la cuestión del acceso al sistema educativo no configura solo un problema a ser resuelto únicamente desde el sector educativo. Una “justicia educativa (iguales oportunidades de educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos) solo puede ir de la mano de justicia económica (satisfacción de las necesidades básicas de toda la población, entre ellas la propia educación)” (Torres, 2005).

Derecho a la educación entre el fuego cruzado

Arroyito es actualmente un distrito del departamento de Concepción y en la zona existe un modelo de producción alternativo, pero también se encuentra en el medio del fuego cruzado entre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). De hecho, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) caracteriza al territorio que incluye Concepción y San Pedro “como un área de afectaciones generalizadas de la libertad de sus habitantes” (MNP, 2016). En la zona intervienen diferentes grupos armados: las fuerzas estatales conformadas por los grupos constitutivos de la fuerza pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad); los grupos armados extraestatales compuestos por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la Agrupación Campesina Armada (ACA) y distintos grupos ligados al narcotráfico. Se cita igualmente entre estos grupos armados extraestatales a los que se encuentran al servicio de agroproductores y ganaderos. Los cruces, intersecciones, complementariedades, confrontaciones entre todos estos grupos, generan un contexto particularmente complejo, pero que definitivamente resulta la contracara de las condiciones requeridas para el disfrute del derecho a la educación, entre otras cosas.

Una crónica periodística describe algunos hechos asociados a dicho contexto: “En 2015, en una cancha de fútbol a 500 metros de la escuela Maricevich, miembros de la FTC interrumpieron un partido a balazos, supuestamente persiguiendo a integrantes de un grupo armado. «Aquí hay niños que dejaron de venir a la escuela por eso. Tienen miedo porque tienen que pasar por ese lugar», cuenta Neder Gómez”, vicedirector de la escuela. “Luego del último atentado contra los ocho militares, se dio una situación similar. Otro docente de Arroyito, Francisco Adorno, contaba en una entrevista televisiva, en el Programa Algo Anda Mal: «Antes los niños veían un avión y corrían de alegría. Ahora ven uno y corren de miedo»[1]. Una tanqueta con militares armados se estaciona frente a la escuela Maricevich desde entonces. «Nosotros queremos tanques de agua, no de guerra», dice Francisco Jara, concejal de Horqueta”[2].

El informe del MNP también rescata un hecho ocurrido en la ciudad de San Pedro, en el contexto del movimiento “UNA no te calles”: “Los estudiantes denunciaron que estando en tiempo de manifestación por las reivindicaciones que planteaban, las fuerzas de tareas conjuntas ocuparon calles usadas de acceso a la Universidad y realizaban un control documental que molestaba y retrasaba a la gente; todo ocurría con apoyo de tanques y armas que parecían de guerra, por su porte” (MNP, 2016).

Asimismo, en Yaguareté Forest, “un grupo de docentes y estudiantes fueron detenidos en el camino, sin motivo, por aproximadamente 30 minutos. Estas personas se dirigían en moto hacia un punto de encuentro desde el que decidieron hacer una protesta con estudiantes y docentes de otros distritos. Fueron inquiridos por los policías en el sentido de que aclaren que con qué permiso contaban para tal movilización ciudadana” (Ídem).

Resulta evidente que la militarización del territorio posee un carácter constituyente porque redefine las relaciones comunitarias y de la vida cotidiana en clave de guerra, donde el primado de la seguridad, que se traduce en la exasperación de controles en rutas, calles, potenciación de trabajos de inteligencia que multiplica las sospechas y la desconfianza en la población, instala como natural la gestión en términos militares de las amenazas. Esto produce dos consecuencias: a) ciertas categorías de seres humanos, por ser sospechosas de connivencia con el enemigo, son despojadas de las garantías jurídicas constitucionalmente establecidas, y b) se crea un estado de acusación virtual y real de los grupos humanos considerados peligrosos (Dal Lago, 2014).

Esta función constituyente de los procesos de militarización configura un contexto definido por el MNP como de “afectaciones generalizadas de la libertad de sus habitantes” y debe señalarse que el derecho a la educación resulta especialmente sensible a la situación de disfrute de los demás derechos. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) difundido en el 2009, ante el registro de un proceso acelerado y desproporcionado aumento de los niveles de pobreza, ya señalaba que “los jóvenes han crecido y se han socializado en un contexto en el cual la inseguridad ya era un problema. Se trata de la primera generación de jóvenes para los que la inseguridad como amenaza aleatoria sobre cada uno en cualquier lado, es un dato que hay que aprender a gestionar cotidianamente” (PNUD, 2009). Destacaba el informe que “casi 80% de los adolescentes experimentan al menos una privación” (Ídem) y si a este panorama se le agrega hoy, en los casos de Concepción y San Pedro, la presencia constante de una trama de grupos armados que se disputan el control de población y territorio, se tiene un problema cuyos rasgos en términos de derivaciones a nivel personal, comunitario, social y cultural se desconocen actualmente, debido a la invisibilización de los mismos a nivel de las políticas sociales implementadas, del abordaje de los medios masivos de comunicación y, en especial, de las ofertas educativas oficiales. Particularmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, un estudio realizado en Colombia muestra, entre otras consecuencias, que la capacidad de vinculación y las habilidades sociales son probablemente las que más resultan afectadas en las poblaciones sometidas a intensos procesos de militarización.

Si en el informe del 2013 una de las recomendaciones planteaba la necesidad de proteger las escuelas de las derivaciones de los procesos de militarización en términos de definirlas como “espacios de paz”, actualmente dicha recomendación resulta débil ante la situación planteada por la persistencia de los grupos armados que despliegan una serie de modalidades de relación con la población afectando derechos básicos.

RECOMENDACIONES

  • Las dos situaciones expuestas –más de un millón de adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo y los territorios afectados por procesos de militarización– plantean la urgencia de la afirmación estatal con la tutela de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, por tanto son claves determinadas acciones en dicha línea:
  • Reiterar la necesidad de implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos de conformidad con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.
  • Adecuar las estrategias y política de seguridad gubernamental a la luz de los criterios del derecho internacional de los derechos humanos.
  • Considerar el perfil de la exclusión educativa con el propósito de adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar la inclusión completa lo más pronto posible.
  • Implementar, de manera particular en los territorios actualmente militarizados, Planes de Desarrollo que tengan un eje trasversal de derechos humanos. Las obligaciones internacionales del Estado en derechos humanos comprometen a todas sus instancias a incorporar los derechos humanos en todas las estrategias, políticas y acciones, y requieren del concurso de todas las ramas del poder público.

BIBLIOGRAFÍA

Dal Lago, Alessandro (2014). “La guerra-mundo”, en Fernando Quesada (coord.) (2014) Paz para la paz. Prolegómenos a una filosofía contemporánea sobre la guerra. Barcelona: Horsori editorial.

Fondo de Población de las Naciones Unidas (2016). Paraguay joven: Informe sobre juventud. Asunción: UNFPA.

Góngora Mera, Manuel (2003) El derecho a la educación en la Constitución, la Jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Bogotá: Defensoría del Pueblo.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2014). Impacto del conflicto armado en el estado de niños, niñas y adolescentes. Bogotá: ICBF, OIM ,UNICEF.

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2016). Desamparo y abuso del Estado en el área de actuación de la Fuerza de Tareas Conjuntas. Asunción: MNP.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2009). Innovar para incluir: jóvenes y desarrollo humano: informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010. Buenos Aires: PNUD.

Torres, Rosa María (2005). Tesis para el cambio educativo: Justicia educativa y justicia económica. Madrid: Fe y Alegría/Entreculturas.


[1] @enriquedavalos, 11 de septiembre de 2016. Disponible en: https://twitter.com/enriquedavalos/status/775155790097293312

[3] Paraguay.com, 30 de marzo de 2016. Disponible en: http://www.paraguay.com/nacionales/investigan-cocido-de-oro-del-mec-142231

[7] En rigor, estos ‘aspectos de infraestructura’, corresponden a la dimensión de asequibilidad o disponibilidad del derecho a la educación. En su Observación General N° 13, párrafo 6, el Comité DESC, al referirse a disponibilidad, señala: “Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc”. Y estas obligaciones son de cumplimiento inmediato a fin de que el Estado pueda superar interferencias indeseables que dificultan el acceso a servicios educativos.

[7] El derecho a la educación es reconocido en instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos –tanto del sistema universal como interamericano–. Estos establecen obligaciones de respeto y garantía del mismo por parte del Estado. Pueden mencionarse, la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art.26); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art.13), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, (Art 10), Convención sobre los Derechos del Niño (1989) (Artículos 28 y 29), Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Art.XII) y Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo De San Salvador” (art.13).