TERCER SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

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Más de 200 docentes de escuelas y colegios públicos de todo el país participaron del Seminario Internacional de Educación y Derechos Humanos, en su tercer año de realización. Este 2016, con el lema “Por una educación pública garante de derechos: Jajapóva ha Jajapótava”, el encuentro fue organizado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj Py), y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA), con el propósito de analizar los desafíos y perspectivas para una Política Pública Educativa en Derechos Humanos.

Los diferentes paneles contaron con la participación de expositores nacionales e internacionales. Ramón Corvalán, del equipo de educación de Serpaj Py, explicó los alcances del enfoque de derechos en la Educación. “El derecho a la educación es un derecho bisagra: Un derecho habilitante a los demás derechos. Esta sola seña de identidad nos plantea en el karakú de la tarea de diseñar políticas públicas, porque nos lleva al trabajo intersectorial. Garantizar el derecho a la educación significa trabajar en la garantía al mismo tiempo de los demás derechos. Garantizar el derecho a la educación supone trabajar políticas intersectoriales. No es una competencia única del MEC, ni de una dirección, más allá de que tengan sus misiones particulares. Por eso es muy difícil hablar de calidad educativa en un contexto de desigualdad: El derecho a la educación exige integralidad de las políticas“.

Camilla Croso, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a La Educación (CLADE), hizo una síntesis de buenas prácticas a nivel regional. “Es interesante cuando un Estado se plantea cambiar su currículum para que las aulas puedan ser transformadoras y superar los estereotipos y discriminaciones. En Bolivia, la Ley General de Educación explicita la necesidad de superar el patriarcado, algo bastante atrevido en el sentido de que expone un problema social que pretende cambiar. El estado plurinacional no sólo tiene esta Ley, sino que ya tiene desarrollado todo currículum educativo en esa línea. Es decir, se nota además un esfuerzo por achicar la brecha entre la normativa y la realidad“.

En cuanto a experiencias locales, la Dirección de Educación Indígena del MEC presentó el proceso de elaboración de los currículums de educación indígena, de manera participativa con los 20 pueblos que viven en el país. “Cada pueblo elabora su programa en su propio idioma. Hasta el momento contamos con materiales educativos en lengua propia y bilingües para 15 pueblos, y estamos por terminar materiales para 3 pueblos más. En las escuelas se trabaja mayoritariamente en la lengua de la comunidad, con docentes de las propias comunidades. También tenemos experiencias interesantes en formación docente: Por ejemplo, 40 docentes del pueblo Pai Tavyterá, en Amambay, que participaron durante 3 años el profesorado, con 100% de asistancia y ahora ya están cursando la licenciatura en educación intercultural“, explicó Yvone Gaona.

Otra buena experiencia de promoción de derechos humanos en la educación fue la desarrollada en el Colegio Nacional Herrera, más específicamente en materia de memoria de la dictaduda. La docente Zulma Sosa, del colegio Nacional Herrera, compartió la iniciativa desarrollada por docentes y estudiantes y que derivó en que la institución educativa ganara el Premio Municipal a la Iniciativa Estudiantil, en la Categoría de Memoria Histórica, presentando una investigación sobre los crímenes cometidos contra el pueblo aché durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner, entre los años 1960 y 1970. “Es importante defender el valor de promover la memoria histórica, dando a conocer graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los aché fueron cazados, secuestrados, sometidos a todo tipo de violencia física y psíquica. Fueron asesinados y descuartizados para carnada de animales. El 70% del pueblo aché fue muerto durante la dictadura stronista. Estas atrocidades hasta ahora no se han investigado“.

El Seminario Internacional contó además con el apoyo de la Oficina de la Organización de estados Iberoamericanos (OEI), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y Diakonía.