¿Constitución Nacional? Despliegue obsceno de la indiferencia de autoridades ante el pisoteo permanente de la dignidad de las personas

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Actualmente la democracia social es apenas una línea perdida en el texto de nuestra Constitución y quienes se encargan de su vaciamiento sistemático, son las mismas autoridades, en principio, responsables del cumplimiento de los principios constitucionales asociados con la defensa y protección de los derechos humanos y de los valores democráticos. Hoy, de manera cada vez más preocupante, esas autoridades asumen el rostro de esa guerra parecida al “monstruo grande que pisa fuerte toda la inocencia de la gente”.
Dos recientes acontecimientos se constituyeron en muestras perversamente crueles de esta situación: por un lado, en el barrio San Miguel del Bañado Norte, y en el marco de los trabajos de la Costanera II, y sin ninguna explicación previa de parte de ninguna autoridad responsable, equipo de obreros con maquinarias, comenzaron a remover y descargar tierra en las cercanías de varias viviendas habitadas afectándose, incluso, curso de agua de una laguna cercana cuyas aguas fueron desviadas mediante la canalización de las mismas con el derivado de que terminaron en varias casas de la zona. Increpados los obreros, los mismos explicaron que sólo “cumplían órdenes”. Este hecho apenas fue noticia en los medios que estaban concentrados en los eventos que se desarrollaban en el Senado y que estaban asociados con la disputa por la enmienda constitucional.
Este segundo acontecimiento instaló aparatosamente un clima de guerra: acuartelamiento de fuerzas militares, mediante una “orden del señor comandante de las fuerzas militares” que incluyó al Regimiento Escolta Presidencial, a francotiradores de la Policía Nacional Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el Comando Logístico, la Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización, Dirección de Material Bélico, Equipos al Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE), RC-4 y TCG FFMM. ¿Fueron avasalladas las fuerzas policiales por algún evento caótico para justificar todo este amenazante despliegue?
Ante ambos hechos, el Servicio Paz y Justicia, Paraguay recuerda a las autoridades de los tres poderes de la República, en principio encargadas del cumplimiento de ese pacto social y político conocido como Constitución Nacional, que sus responsabilidades tienen que ver con generar el clima y las condiciones, aunque sean mínimas, que nos permitan “superar la sociedad subdesarrollada, oligárquica y excluyente, que funciona contra los principios de la Constitución Nacional que nos define como una democracia social”. Definitivamente esto no incluye la violación de la Constitución Nacional y el despliegue obsceno de la indiferencia de dichas autoridades ante el pisoteo permanente de la dignidad de las personas.
Persistir en esta línea de práctica institucionalizada del delito impune y del olvido cruel de la dignidad de la persona como fundamento del Estado, del gobierno y de la democracia, habilita a que la violencia se constituya en el fundamento de la convivencia social. No se puede hacer cualquier cosa y menos para satisfacer deseos personales, de grupos o de corporaciones e intentar hacer pasar dichas acciones como modelos de práctica democrática. En manos de nuestras autoridades queda la decisión de avanzar hacia una sociedad más compadecida con la dignidad de la persona u optar definitivamente ya por instaurar el delito impune como forma cotidiana de resolver los conflictos.
El Servicio Paz y Justicia, Paraguay se constituirá en firme acompañante de la primera opción.