Defender la dignidad de la persona es la más rotunda afirmación de la vida; su negación es la expresión de la violencia más extrema

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Ante la decisión del ministro de Educación y Ciencias, Enrique Riera, de levantar del sitio web oficial del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el programa de estudios completo de la educación básica para su revisión, como derivación de una campaña promovida por las redes sociales contra la denominada “ideología de género”, es bueno recordar varios puntos.

Existen mandatos constitucionales claros respecto a la igualdad de las personas y a la responsabilidad del Estado en remover los obstáculos que mantienen discriminaciones. El artículo 46 de nuestra Constitución expresa que: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos”; por su parte, el artículo 73 reitera el mismo principio al señalar como uno de los fines de la educación el de “eliminar los contenidos educativos de carácter discriminatorio” como un aspecto de la promoción de los derechos humanos y los principios democráticos.

Asimismo, el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, señala que “el Estado, con la activa participación de la sociedad y especialmente la de los padres y familiares, garantizará servicios y programas de salud y educación sexual integral del niño y del adolescente, que tiene derecho a ser informado y educado de acuerdo con su desarrollo, a su cultura y valores familiares”.

El derecho a la educación, garantizado en nuestra Constitución Nacional, dispone de una serie de instrumentos normativos del derecho internacional, todos firmados y ratificados por el Estado paraguayo, que define los fines de la educación paraguaya con los principios de la educación en derechos humanos, la educación democrática y la educación para la paz.

Toda decisión asumida por las autoridades y en particular las del Ministerio de Educación y Ciencias, debe orientarse hacia la profundización de las implicancias que subyacen al consenso que resume la cultura de derechos humanos: todo ser humano es persona y debe ser tratado como tal.

Esta responsabilidad supone el esfuerzo permanente de promover y sostener espacios de diálogos, conversaciones, debates con diferentes sectores acerca de los temas y problemas que enfrentamos como sociedad ante la ausencia de los principios democráticos y de derechos humanos en diversos ámbitos, especialmente en el espacio de las relaciones entre las personas caracterizadas por criterios de jerarquización excluyente, de dominio y sumisión. Aun resultan muchas las prácticas y experiencias en las que no todos los seres humanos son incluidos como personas.

Los discursos, campañas, difusión de materiales que parten precisamente del no reconocimiento de la dignidad intrínseca de toda persona, funcionan como un significativo obstáculo para la realización cotidiana de los derechos humanos. Como sociedad nos urge que los derechos humanos se constituyan en un sentido común que nos permita confrontar crítica y creativamente toda propuesta que se sostenga en prejuicios y principios discriminatorios que derivan en la justificación de prácticas violentas hacia personas cuyas dignidades fueron previamente desconocidas.

La función de la educación es clave en la tarea de la ampliación progresiva de la cultura de derechos humanos en nuestra sociedad y por ello aún nos resta la tarea de generar una propuesta educativa enmarcada por la educación en derechos humanos que, entre otras cuestiones, no precisa apelar al miedo para exponer sus razones. Defender la dignidad de la persona es la más rotunda afirmación de la vida; su negación es la expresión de la violencia más extrema.

La responsabilidad constitucional de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias frente a la tarea mencionada. El derecho a la educación no es un derecho a cualquier educación; no puede definirse por criterios personales de ninguna autoridad, y más si los mismos no se referencian en los principios constitucionales.

(Material de reflexión y análisis elaborado por el Serpaj Paraguay y Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay – CODEHUPY)