Pobladores de la zona Norte del país aúnan esfuerzos para lograr la derogación de la “ley de militarización”

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El pasado viernes 3 de noviembre tuvo lugar en el asentamiento Agüerito del distrito de Santa Rosa del Aguaray –San Pedro– un encuentro de carácter comunitario, social, político y religioso, donde más de 200 pobladoras y pobladores de esa y de otras localidades –Jaguarete Forest, Táva Guaraní, Curupayty, 10 de Agosto, Felipe Osorio– dialogaron sobre violaciones de derechos humanos supuestamente perpetrados por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y exigieron a las autoridades presentes la derogación de la ley 5036, la cual ha permitido la militarización de la zona Norte del país inmediatamente después de asumir el gobierno nacional de turno.

Los senadores Hugo Richer, Pedro Santacruz y Luis Alberto Wagner; el concejal departamental Elvio Benítez; los concejales municipales Agustín Maldonado y Mariano Gauto; el Monseñor Pablo Cáceres, el Padre Cristian Paiva, y el encargado de la Pastoral Social de Concepción, Padre Benjamín Valiente; junto al compañero Vidal Acevedo, del equipo de Serpaj, fueron invitados por la Coordinadora Interdepartamental por la Defensa de la Vida y la Seguridad Integral, que aglutina a organizaciones de Concepción y San Pedro, las cuales vienen desarrollando varias acciones en el marco de la derogación de la ley 5036, considerada inconstitucional.

Durante el desarrollo de la reunión, el senador Santacruz hizo referencia al problema de la militarización, que va más allá de la existencia de grupos armados si se observa la pobreza en que viven las familias de la zona Norte, para lo cual el Estado plantea como solución más presencia militar y nada de inversión social en salud, educación, apertura de caminos, etc. “El gobierno de Cartes utiliza la militarización como forma de criminalizar la lucha campesina por la tierra”, expusieron los pobladores.

Por su parte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, dijo que si el gobierno de Horacio Cartes consideraba que la FTC iría a acabar con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) “fracasó rotundamente”, y que se tienen que buscar “otras formas de enfrentar esta realidad”, además de entender que esta es una “lucha por el territorio y los recursos naturales”, aseveración en la que coincidieron los demás.

Se hizo hincapié en algunos casos en los que están involucrados la FTC y el Ministerio Público y cuyo proceso se desarrolló en el marco de muchas irregularidades, como el de los hermanos Gregorio y Víctor Morales, acusados de ser “brazo logístico” del EPP y que están recluidos en la penitenciaría regional de Concepción hace más de un año. La hermana de ambos, Francisca Morales, mencionó que el caso irá a juicio oral sin pruebas contundentes, “más bien ridículas como una lata de leche ‘Nido’ que vale 30 mil Gs.” y la declaración de un supuesto testigo que los reconoció como miembros del EPP, pero sobre quien la Fiscalía nunca presentó ninguna documentación y que al final falleció, según consta en el propio expediente judicial. La acusación contra los Morales es genérica y por lo tanto, desestimable.

También se habló del caso de Genaro Meza, integrante del Partido Paraguay Pyahurã, que a principios de octubre fue privado de su libertad en la cárcel de Cnel. Oviedo (Caaguazú) acusado también de formar parte del grupo armado con pruebas muy endebles, como ser “una mochila camuflada que cualquiera puede tener y botas de lluvia”. A Meza la fiscalía le llama “el cocinero del EPP” cuando en realidad es un agricultor que activa en un partido político y que realiza, durante marchas, manifestaciones o cortes de ruta, tareas de cocina.

El siguiente encuentro tendrá lugar el 24 de noviembre y será ampliada la invitación para seguir fortaleciendo el proceso de exigir la derogación de la Ley 5036/13.

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