Jesareko: sistema de denuncias de violaciones de derechos humanos en el norte del país

0
77

Ko kuatiañe’e (Este boletín)

Descargar Boletín JESAREKO

Jesareko es el nombre que pusimos al Sistema de Criminalización de Acciones de las Organizaciones de Defensoras de DD.HH. (SICAODH). Es una palabra guaraní que significa atención, cuidado, mirada atenta.

Queremos que esta sea una herramienta de comunicación para reunir, entre otras cosas, voces, testimonios e historias de personas, comunidades y organizaciones que han sentido que sus vidas y su dignidad han sido violentadas. Por tanto, para nosotras, nosotros del equipo de Serpaj Paraguay, Jesareko es mirada atenta, concentrada, que cuida y se compromete con las personas, sus voces, sus relatos, y sus testimonios de vida.

Antecedentes
El SICAODH fue creado en 2016 con el fin de documentar, informar, investigar y sistematizar casos de Criminalización de Acciones de las Organizaciones de Defensoras de DD. HH. A través de su plataforma web (jesareko.org) producirá, de manera permanente, información para la incidencia nacional e internacional.

Esta iniciativa del Serpaj Paraguay busca, en primer lugar:
• Relevar datos en base a reportes de los referentes comunitarios y otras fuentes, que sean relevantes, de calidad, oportunas, consistentes, confiables y de difusión pública, acerca de la situación de criminalización de las luchas sociales.
• Contar con una red de organizaciones locales, nacionales que le reportan información sobre la criminalización de acciones de las organizaciones de defensoras de DD. HH. en el país y publicar semestral y anualmente, informes analíticos sobre la información recopilada.

 

Editorial “Jesareko”
El Informe Chokokue 1989-2013 (CODEHUPY, 2014) tiene como título: El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino, porque los hechos registrados y analizados “no ocurrieron de modo casual, inconexo o como consecuencia del descontrol de algún jefe policial. Estos atentados fueron planificados y tuvieron la coherencia de una finalidad política. Se perpetraron en el contexto de un plan general de ataque sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios”.

Esta finalidad política caracterizada por la criminalización de acciones de las organizaciones de defensoras de derechos humanos persiste en su impunidad. En mayo de este año, en el marco de una audiencia realizada durante el 162 período de sesiones extraordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Buenos Aires, el comisionado José de Jesús Orozco, relator para defensoras y defensores de derechos humanos, precisamente señaló su “preocupación por el uso indebido del derecho penal contra defensores de la tierra” en Paraguay. Esto se producía en un clima de circulación de diversos discursos estigmatizantes y de hechos de afectación a la vida e integridad física de líderes y lideresas campesinas.

De hecho, los procesamientos a defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país, particularmente en territorios campesinos, se producen como derivación de una situación más inquietante, señalada en una investigación publicada en el 2015 (Base Is, 2015) sobre la situación de los derechos humanos en comunidades campesinas: “desde la perspectiva de derechos y, en particular, en materia de reforma agraria, la situación actual de las personas campesinas remite a un estado de fraude constitucional” y esto, a su vez, hace que “la autonomía de la que deben gozar las ciudadanas y los ciudadanos para desarrollar sus proyectos de vida en una democracia, en vez de ser ampliada en la forma que manda la norma constitucional para este sector, va siendo anulada”. La estrecha articulación entre el modo de proceder estatal y el avance del agronegocio sobre los territorios se destacaba como marco más general de esta situación.
Debe señalarse que estos hechos ocurren como aspectos de un proceso aún más complejo.

Posterior al estallido de la crisis financiera mundial en el 2008, surgió la tierra como destino clave de capitales de inversión porque se constituyó en un medio estratégico para acceder a una gama cada vez mayor de mercancías (alimentos, cultivos industriales, minerales raros y agua). Esto produjo un extraordinario aumento de la escala de adquisiciones de tierras caracterizada por un enorme número de población campesina expulsada, crecientes niveles de toxicidad en las tierras y las aguas. La investigadora holandesa Saskia Sassen describe el panorama: “Hay números cada vez mayores de personas desplazadas –migrantes rurales que se mudan a barrios míseros en las ciudades-, aldeas y economías de subsistencia destruidas, y a la larga, mucha tierra muerta”.

Desde esta perspectiva, visibilizar la criminalización de acciones de las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos, es parte de la tarea de recordar al Estado su responsabilidad en establecer una política global de protección a los mismos y que dicha “protección se de en un máximo nivel posible”.