El sábado 2 febrero del corriente se cumplirán 21 años de la desaparición de los niños soldados Cristian Ariel Núñez Lugo y Marcelino Gómez Paredes. Ambos tenían 14 años cuando fueron reclutados ilegalmente por las Fuerzas Armadas de la Nación.

Los niños soldados oriundos de la ciudad de Caaguazú prestaban el servicio militar obligatorio en el destacamento militar “Gral. Patricio Colmán”, hoy día denominado “Cptán. Ceferino Vega Gaona” en Lagerenza – Chaco, de donde desaparecieron el 2  de febrero de 1998.

La versión oficial emitida por las autoridades militares señalaba que los dos conscriptos fueron a buscar una vaca. Estaban bajo el mando del  entonces Sub-Teniente Blas Vera y desde ahí nunca más se supo de ellos.

El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y admitido en el 2003. En noviembre del 2009, el Estado reconoció su responsabilidad internacional en la desaparición forzada de los niños soldados mencionados.

El Estado paraguayo y los familiares firmaron un Acuerdo de Solución Amistosa, del cual varios puntos ya se han cumplido: Pedido de perdón público, reparación económica, pensión graciable, conformación de Comisión de Verdad y Justicia, exhibición del documental “Cuerpo a Tierra, los Niños Soldados del Paraguay” en la Academia Militar. Así también para preservar la Memoria de los niños, dos calles en la ciudad de Caaguazú llevan sus nombres y se instaló una placa frente al destacamento militar de donde desaparecieron.

Sin embargo, el gobierno paraguayo hasta la fecha aún no ha dado respuesta al punto tercero del Acuerdo de Solución Amistosa, con respecto a las “Garantías de Justicia” por el que se encuentra obligado a “Disponer de todas las medidas que estén a su alcance para investigar los hechos y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de los niños Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez”.

Asimismo, no se han tenido resultados del trabajo del equipo interdisciplinario encargado de la búsqueda, localización e identificación del ADN de los restos de los desaparecidos, en su caso, que fuera prometido por la delegación oficial a las madres ante la mesa de trabajo con la CIDH, que se llevó a cabo en Asunción en mayo de 2017.

Desde el Servicio Paz y Justicia, igualmente expresamos nuestro repudio y preocupación ante la   admisión de adolescentes en el servicio militar obligatorio, incitada por el propio Presidente de la República Mario Abdo Benítez, ya que esta práctica desobedece lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va a contramano de lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuya resolución del 26 de septiembre de 2006 obligó al Paraguay a implementar reformas legislativas de modo a prohibir categóricamente la incorporación de menores de 18 años en el servicio militar y en el Cimefor.

Reivindicamos, la hacemos nuestra y nos solidarizamos con la incansable lucha de doña Deogracia Lugo y de doña Zulma Paredes, madres de los niños soldados desaparecidos, puesto que con ellas seguiremos reclamando al Estado paraguayo “VERDAD y JUSTICIA” y asimismo, ¡Nunca más niños soldados en los cuarteles!