La militarización permanente de la región Norte de Paraguay vino a reforzar otros factores ya existentes que fomentan la emigración forzada de jóvenes campesinos, concluye nuestra investigación “Juventudes en zonas militarizadas”. Al contexto estructural de ausencia de políticas públicas  y falta de oportunidades por no pertenecer a partidos tradicionales, por un lado; y la presencia de bandas delictivas como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), narcos y sicarios de explotaciones sojeras /ganaderas… se sumaron los abusos, arbitrariedades y extralimitaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). La presencia de  esta fuerza  estatal, creada por la ley 5036/2013 para combatir las bandas delictivas de la región, impacta en varias dimensiones de la vida de jóvenes campesinos y acarrea consecuencias psicológicas; restricciones a los derechos políticos; serias barreras para estudiar y trabajar y; afectaciones al derecho a la recreación y la vida personal, concluye la investigación. Frente a este escenario adverso, muchas y muchos jóvenes deciden marcharse a buscar oportunidades en ciudades capitales o fronterizas, como Pedro Juan Caballero, lo que directamente impacta sobre los procesos de recreación de valores culturales e identitarios del teko campesino, amenazado de por sí por la permanente expansión de tierras sojeras y ganaderas del modelo agro-exportador. “Muchas familias del asentamiento Arroyito se mudaron a otros lugares, se fueron a vivir en las ciudades, a partir de la presencia de la FTC. Las familias que se mudaron vendieron sus lotes a un brasilero, dueño de una estancia colindante al asentamiento, una parte del Núcleo 6 ya acaparó todo ese brasilero. Las familias que se mudaron, se mudaron por miedo. Algunos recibían amenaza por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta”, resume uno de los testimonios recogidos. La militarización de territorios en Paraguay y varias regiones del mundo forma parte de una estrategia de vencer las resistencias de comunidades rurales y desplazarlas de aquellos territorios deseados por corporaciones agrícolas, mineras y aguateras, por la presencia de recursos naturales explotables en dichos lugares. “La militarización y la criminalización de la protesta no son desviaciones, no son errores, no son accidentes, sino que son co-sustanciales al modelo de desarrollo extractivista, un modelo de (…) acumulación por desposesión, acumulación por robo, por despojo de los pueblos. No se puede robarle el agua y los bienes comunes a un pueblo sin someterlo, sin reprimirlo, sin militarizarlo, por eso digo que no hay acumulación por desposesión, no hay extractivismo sin militarismo y sin represión”, analiza Raúl Zibechi, uno de los estudiosos del tema en Latinoamérica. “Juventudes en zonas militarizadas” se realizó a partir de testimonios de jóvenes de los departamentos de Concepción y San Pedro, y en ella se usaron categorías conceptuales como “poder”, para describir la coacción estatal sobre las comunidades, a partir de la FTC; y “micro-escenas de violencia” para describir las situaciones más comunes de violaciones de derechos y libertades de las juventudes estudiadas, junto con sus consecuencias. En la parte final del material, las y los jóvenes participantes acercaron sus propuestas para revertir la realidad que viven: retiro de la FTC; inversión en políticas públicas para el sector, antes que en armamentos; oportunidades efectivas para terminar sus estudios; fortalecimiento de las escuelas agrícolas de la zona; acceso de las juventudes a la tierra; generación de oportunidades laborales; políticas de arraigo; unidad en las organizaciones y movimientos sociales; fortalecimiento de organizaciones a partir de la participación juvenil; erradicación de la cultura política clientelar de la instituciones estatales. Texto: Jorge González Edición: David González Foto de portada: Edilberto Álvarez