Bajo el ramaje de varios mangos que aún mantienen en reposo su generosa producción de frutas, en círculo, hombres, mujeres, niños y niñas del asentamiento Sebastian Larroza, núcleo de la Federación Nacional Campesina (FNC) en San Pedro se ubican para relatar su historia, sus pesares y sus logros. (Comunicación - Serpaj) Mientras todos se van ubicando, varias mujeres dejan caer en la tierra una espiral de cáscara de pomelo. Con toda la fuerza con que cuentan, niños y niñas presionan con sus manos y extraen con la boca todo el zumo de esa monumental fruta colmada de vitamina c en tiempos de gripes y resfríos. En casi 20 años de ocupación, han sufrido 19 desalojos, comenta don Estanislao Arévalos. De las 213 hectáreas por las que luchan desde hace años, solo lograron que el Estado les reconozca 100, y es así que quedan más de 100 hectáreas en conflicto. Aclaran que las tierras no las tienen a nombre de nadie en particular sino de manera comunitaria de lo contrario, dicen, es más peligroso.   La historia del asentamiento 18 años atrás, el 4 de abril de 1996, ingresaron. Las comunidades más cercanas se unieron y ocuparon las tierras en un día que recuerdan como viernes santo. Para el lunes ya los sacaron “a la calle y fuera de acá”. 33 fueron presos durante un mes. En ese contexto las mujeres quedaron a resistir, las comunidades cercanas se solidarizaron y acercaron provistas mientras esperaban. Un mes después, los hombres salieron y volvieron a ocupar. “Luego se acercó el Indert y se comprometió a la compra pero finalmente solo 100 hectáreas, el resto es propiedad arrendada por sojeros brasileros”, Estanislao. En estos años de resistencia quedaron con 13 compañeros imputados por invasores. En medio de estos embates muchos retrocedieron pero así también muchos otros se unieron, cuentan. En el 2004 se legalizó una parte de las tierras lo cual no consideran del todo como una victoria ya que el Estado no solucionó de manera integral el problema. La comunidad La comunidad está compuesta de 28 casas o familias, que suman alrededor de 150 personas. La porción de tierra que calculan por cada familia es de 9 hectáreas más o menos. “Somos gente trabajadora”, dicen y mientras varios asienten, otro comenta que en las chacras el avati, kumanda, jety y otros, son destinados para el consumo, en cambio productos como el sésamo y la mandioca son para la venta. A lo largo y ancho de asentamiento el escenario natural de tierra, árboles y plantas, supera en proporción a las construcciones. Las sencillas casas de estilo campesino cumplen su función esencial de resguardar bajo techo cuando el ser humano lo requiere, pero la cotidianeidad transcurre en contacto con la naturaleza. Tienen la escuela construida por la misma comunidad pero solo hasta el 6to grado y no tienen puesto de salud. “Nos dicen que la soja trae progreso pero nosotros entendemos u sentimos al revés” Marcial Enciso es vecino de este asentamiento y apuesta por ellos. “La represión continúa en la presencia del Estado. Nosotros somos vecinos y apoyamos la lucha de la gente. En Paraguay la cárcel no es para los sinvergüenzas sino para los inocentes. Esta gente es trabajadora envía piña, pomelo rojo a Asunción…”, dice dejando ver que la ciudad debería tomar conciencia del papel que cumplen estos campesinos en la alimentación diaria de todo un país. Acá hay tortura psicológica, amenaza diaria de desalojo, pero sepan que esta gente no está sola. Si vienen a dialogar, dialogaremos; pero si vienen con intenciones de pelear pues vamos a pelear. Seguro nos van a matar a todos… “Si había presencia de Estado, en esta escuela debía haber hasta bachiller. Nosotros no somos invasores, porque vivimos en nuestra tierra. Otros son los invasores y el desalojo lo único que deja es trauma, bandidaje. Todo eso es el resultado del atropello del Estado”, sigue diciendo. Ya en el gobierno de González Macchi hubo promesas de luz, caminos, agua, pero nada. Insisten en que su historia les ha demostrado que solo mediante la lucha y la presión lograron legalizar las tierras, tan solo la mitad y han conseguido luz. “Nos dicen que la soja trae progreso pero nosotros entendemos y sentimos al revés, que la producción primaria será la que traerá el progreso. La única manera es ocupar de nuevo, sino en esas 100 hectáreas que quedan van a fumigar y dañarnos”, dice. La fumigación la hacían hasta hace poco y solo por presión, nuevamente, de la comunidad que se encontraba con criaturas con dolor de panza, diarrea, mareos y otros síntomas, lograron que el productor colindante, cambiara de rubro de producción que no precisa de una fumigación tan tóxica. Pero dicen que están atentos porque creen que algún momento podrían retomar las fumigaciones. ¿Quién fue Sebastián Larroza? El Informe Chokokue 1989 - 2013  se lanzó el 8 de agosto pasado y constituye un documento esclarecedor acerca del riesgo que corre la vida de campesinos que luchan por la tierra. 115 campesinos han sido asesinados de 1989 a 2013 en este contexto. En ese informe encontramos a Sebastián Larroza Velázquez. Tenía 18 años cuando fue asesinado el 2 de mayo de 1994 en la Colonia Bertoni, San Estanislao [San Pedro]. Era estudiante y militaba en la Asociación Campesina de Desarrollo Integrado (Acadei), a la que también pertenecían sus padres. Fue ejecutado por un agente de la Policía Nacional, durante la represión a una manifestación campesina en la huelga general del 2 de mayo de 1994. El caso quedó en la impunidad, porque la Justicia declaró la extinción de la causa por el paso del tiempo sin que la Fiscalía investigue el hecho. Dejó a sus padres y ocho hermanos y hermanas. En la actualidad, este caso es llevado por la Codehupy y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante el sistema interamericano de derechos humanos.