Pasaron semanas del sorpresivo desenlace del caso Curuguaty. En las primeras horas de la noticia la exaltación se apoderó de los espíritus, por lo inesperado y repentino del resultado. Hoy, con los ánimos sosegados, rebrota la pregunta ¿qué pasó en Curuguaty? Desde el inicio y hasta el final, todo lo viciado del proceso de investigación fiscal se llevó adelante sin disimulo, y en esas condiciones se logró elevar el caso a juicio –proceso nuevamente plagado de irregularidades- para finalizar con una sentencia de años de cárcel para el grupo de campesinas y campesinos señalados como culpables. No olvidemos que para el fiscal Rachid, 60 campesinos-entre los que se cuentan mujeres, niñas, niños, ancianos- orquestaron un plan para hacer frente a 324 policías de élite con armas automáticas.

¿Qué pasó para tener que forzar durante 6 años el sostenimiento una farsa malísimamente montada, frustrando la posibilidad de esclarecer las muertes de los 6 policías y los 11 campesinos en aquella masacre? Cuando las garantías a un debido proceso se pervierten, no es posible siquiera acercarse a la verdad ni señalar a los verdaderos responsables.

El documental audiovisual Desmontando Curuguaty, del Serpaj Paraguay, acopió todo lo más notable y escandaloso de las irregularidades de la investigación de la fiscalía, con testimonios, fotos, filmaciones, perspectivas de expertos en leyes y derechos humanos que echan por tierra la tambaleante tesis del fiscal Rachid que presentaba a los campesinos como responsables de la masacre. La titularidad de las tierras fue la principal controversia desde el inicio, que de haberse tenido en cuenta, el caso hubiera tomado otra dirección. Recordemos que la presencia de los policías en Marina Kue, el 12 de junio de 2012, se debió a una orden de allanamiento dictada por un juez ante el reclamo de la familia Riquelme que se adjudicaba la titularidad de la propiedad como parte de Campos Morombí. Hoy está comprobado que esas son tierras del Estado (ver Marina Cue en 6 minutos). Un punto que se señaló hasta el hartazgo fue que en esa ocasión, el cuerpo policial ejecutó una orden diferente de la que figuraba en el documento: no procedió a un allanamiento sino a un desalojo. En cuanto al levantamiento de evidencias claves, es donde las mayores violaciones a los derechos humanos se dieron en relación a las garantías al debido proceso: anotaciones, filmaciones desde el helicóptero de la policía, vainillas de armas automáticas…desaparecieron. Se incorporaron evidencias falsas, fuera de tiempo (el caso de un rifle). Se pervirtió la escena del crimen, como ocurrió con Adolfo Castro, uno de los campesinos fallecidos: en una foto aparece con la masa encefálica derramada, tiene el kepi en la espalda y ningún arma alrededor que pudiera habérsele caído de la mano. En una siguiente foto presentada como evidencia en la carpeta fiscal: la misma escena pero el kepi en otra ubicación y un arma cerca de una de sus manos. La defensa de los campesinos señaló que hubo ejecuciones extrajudiciales pero la fiscalía decidió no investigar esta grave denuncia. Por otra parte, en todo momento se remarcó la relación de vínculos muy estrechos entre la familia Riquelme (quienes reclamaron las tierras como suyas) y la familia del fiscal Jalil Rachid, lo cual lo inhabilitaba para ejercer un proceso imparcial y justo. Así, en medio de reiteradas incoherencias y ridiculeces jurídica. Como en todo momento la presunción de inocencia de los campesinos se pasó por encima, el Serpaj Paraguay trabajó un segundo material audiovisual al que llamó Sentencia previa, que, una vez más, recopiló todo lo referente al juicio. Si la tenencia de la tierra fue el origen de todo, si esto caía al determinar que quienes reclamaron las tierras no eran dueños -por ende la orden dictada no era válida- caía lo de invasión criminal, pero en el juicio no hubo interés de tomar y despejar este punto. Se siguió sosteniendo la supuesta asociación criminal de las y los campesinos. En aquel entonces la fiscal Ninfa Aguilar junto con otros fue parte del equipo de fiscales que ejecutó el desalojo (según la orden escrita debía ser un allanamiento) que derivó en la masacre, los cuales a su vez se encargaron de dirigir la investigación de las muertes. “Funcionaros que debían ser investigados, son los que investigan”, señaló en el documental el abogado Hugo Valiente. Finalmente, el que tal vez puso el broche de oro al rosario de escandalosas irregularidades fue el desempeño del perito principal, el doctor Lemir. El audiovisual recoge los increíbles  momentos del juicio en que asume que no se hicieron autopsias, además en su informe no consignó detalles del estado en que llegaron los cuerpos (las prendas que tenían en ese momento, por ejemplo). Su revisión no incluyó radiografías ni medidas de las heridas, no consignó la estatura de los cuerpos información clave para calcular la trayectoria del impacto, algunos cuerpos le llegaron con heridas suturadas –el abogado de la defensa se refirió a eso como profanación- y más. Además de la pregunta central acerca de qué pasó, la otra duda que flota es qué hubiera sido de este grupo humano sin el acompañamiento sostenido de organizaciones sociales e individualidades. Con todos los vicios y las violaciones al debido proceso en las instancias anteriores, recién en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se decidió revocar la condena de estos 11 campesinos y campesinas sin tierra, y dejarlos libres. Serpaj Paraguay y la CODELUCHA expresaron en un comunicado que “La matanza de 11 campesinos y 6 policías en Marina Kué aún no encuentra sitio en el territorio de la verdad. Por ello la revocación de la condena de las campesinas y campesinas sentenciados en dicho caso, es clave para la tarea de hacer que la impunidad como despojo del derecho, deje de considerar a nuestro sistema de justicia como una prolongación de la lógica del crimen y del delito.” Exigieron también al Estado paraguayo verdad, justicia y reparación. Tres enunciados válidos ante este daño consumado. Aunque nos hubiéramos ahorrado seis años de penurias si el debido proceso era respetado. Por eso, es un imperativo colectivo una poderosa campaña donde exijamos una irrestricta garantía al debido proceso para este y para todos los casos invisibles. Te sugerimos Cuatro materiales audiovisuales del Serpaj sobre Curuguaty, que desmontan el discurso perverso de sentencia