La Mesa Memoria Histórica (1954-1989) se dirige a la opinión pública para expresar su pleno apoyo a la auditoría que realiza la Contraloría General de la República en las diferentes dependencias de la Defensoría del Pueblo. Estimamos que el examen de los gastos realizados por tratarse de fondos públicos, es de vital importancia pues toca a una institución que ha sido denunciada en numerosas oportunidades por el manejo discrecional de fondos y que se ha mantenido con un nivel de secretismo en cuanto a los mismos. Consideramos también que la auditoría debería ampliarse a los últimos tres años, ya que según denuncias de las víctimas de la dictadura y de organizaciones ciudadanas, el actual Defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, ha realizado viajes al exterior junto a equipo de funcionarios/as, alojándose en hoteles lujosos de distintos países, o él personalmente los ha llevado a cabo sin ninguna justificación. Al igual que el nombramiento sin concurso de parientes y amigos. Práctica que se ha extendido a otras direcciones de dicha repartición y que deben ser investigadas. De manera que sus responsables sean castigados conforme a la ley. Mientras las víctimas de la dictadura, numerosas organizaciones sociales, acuden con frecuencia al despacho del citado Páez Monges, se encuentran con que el mismo no hace oficina y no recibe a la gente, como manda la ley. Es más, según publicaciones periodísticas, a pesar de su nula acción en favor de las víctimas y las denuncias de violaciones a los DDHH, aparece ordenando un servicio de bocaditos para todas las dependencias por un valor de más de 18 millones de guaraníes, lo que constituye una burla frente a la necesidad de impulsar acciones para la defensa de los DDHH en diversas partes del país. Urgimos por tanto a la Contraloría General de la Nación a desarrollar una investigación exhaustiva, la que debe ser dada al conocimiento público, así como los antecedentes remitirse a la Fiscalía General de la Nación.

Repudio a dilación por parte de líderes en el Senado

Por otra parte, expresamos nuestro repudio a la decisión de los líderes del Senado de postergar, una vez más, la nominación de las ternas de candidatos para la Defensoría del Pueblo hasta después de las elecciones municipales. Esto constituye una actitud de burla a la demanda ciudadana, ya que la Cámara de Senadores debía haber iniciado el proceso una vez iniciado el nuevo período legislativo. No obstante han pasado dos años y este cuerpo legislativo no ha cumplido con su misión de seleccionar las ternas, a pesar de que se han presentado alrededor de 80 candidatos y candidatas. Insistimos igualmente, que se acepten los criterios de selección como lo han pedido de manera conjunta esta Mesa y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), de modo que las ternas sean integradas por personas con trayectoria en el campo de los DDHH, reconocida honorabilidad, capacidad de trabajo más otras condiciones requeridas tendientes a su idoneidad. Los resultados del cuoteo político están a la vista con la gestión del actual Defensor del Pueblo y de su equipo.

Asunción, 24 de octubre de 2015