Tres efectivos de la fuerza pública estatal, armados con fusiles, intervinieron en la tarde de ayer el Colegio Nacional Alfonso Cue, de la ciudad de Horqueta, aparentemente ante el robo de 100 mil guaraníes que sucedió dentro del aula de clases del 1° de la Media.

De acuerdo al relato de estudiantes y registros fotográficos, uno de los efectivos es de la Policía Nacional y los otros dos visten de para parara’i (camuflaje), por lo que podrían formar parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), apostada en el departamento de Concepción.

Fuentes estudiantiles informaron que ayer, luego del recreo, se habría registrado el robo del dinero, y que aparentemente las mismas autoridades de la institución habrían llamado al puesto policial de Capitán Giménez.

Ante el llamado, siempre según el relato estudiantil, acudió una patrullera con los tres efectivos, que entraron a la institución armados con fusiles.

De acuerdo a las informaciones, los efectivos no habrían registrado a estudiantes, y aparentemente no se volvió a encontrar el dinero, aunque el curso entero se comprometió a juntar la plata y devolver al estudiante afectado.

Hablamos telefónicamente con una de las autoridades de la institución, la directora Elizabeth Mendoza, que decidió no dar su versión telefónicamente, sino solamente presencialmente. Ante esto le explicamos que telefoneábamos desde Asunción e insistimos en la importancia de que este artículo cuente con una versión institucional de lo sucedido. Se mantuvo en su postura en no hacerlo telefónicamente.   

Abusos y violaciones de derechos

“De corroborarse el hecho, llama la atención lo extremo de la actuación de las autoridades del colegio, y estaríamos ante un abuso, una extralimitación de autoridad, incluso ante un hecho de maltrato psicológico contra los estudiantes, sometiéndoles a amenazas”, analizó la asesora jurídica del Serpaj Paraguay, Abg. Natalia Rodríguez.

Las instituciones educativas tienen la obligación de hacer uso de mecanismos administrativos para atender internamente este tipo de situaciones, por eso llama la atención la práctica de sus autoridades, más todavía porque están obligadas por el Código de la Niñez y la Adolescencia (en específico en su artículo 21) a garantizar la protección y promoción de derechos, como asimismo a respetar la dignidad de estudiantes adolescentes, explicó.

Si bien la ley penal de nuestro país contempla intervenciones en el caso extremo de que se sospeche de la comisión de un acto delictivo, existe un protocolo específico que se debe seguir cuando se trata de niños, niñas y adolescentes; y el sistema nacional de protección obliga a que en todo procedimiento relativo a niñez y adolescencia, tome participación personal calificado.

“Todo el curso de manera colectiva fue sometido a la intervención de los efectivos, lo que configura un maltrato psicológico, en todo caso bastaba una denuncia fuera de la institución, una vez agotadas las vías internas”, dijo.