En uno de los párrafos del boletín informativo del Centro por los Derechos Civiles y Políticos acerca de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU a Paraguay, habla de que este organismo preguntó a la delegación del Estado paraguayo qué lecciones se habían aprendido en Paraguay tras el juicio político al ex presidente Lugo, para evitar que un proceso similar se repita en el futuro. La delegación respondió que el proceso había sido legal, que respetó el debido proceso y por tanto no era necesario ahondar sobre las lecciones aprendidas. Por otra parte, sobre el caso Curuguaty, el Comité insta precisamente al Estado a asegurar una investigación independiente e imparcial sobre los abusos ocurridos (recomendación 23).   Extracto de boletín informativo del Centro por los Derechos Civiles y Políticos acerca de la 107 Sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU  y, más en concreto, respecto al examen del tercer informe periódico de Paraguay los días 11 y 12 de marzo de 2013.   Paraguay (tercer informe periódico) El examen del tercer informe periódico de Paraguay (CCPR/C/PRY/3)[7] ante el Comité tuvo lugar el 11 y 12 de marzo de 2013, meses después del juicio político y consecuente destitución del ex-presidente Fernando Lugo en junio de 2012, tras el allanamiento que tuvo lugar en Curuguaty. Quizás por ello, la delegación estatal contaba con altos dirigentes del nuevo gobierno, entre los que destacaron la Ministra de Justicia y Trabajo, Maria Lorena Segovia, que presidía la delegación, así como el Fiscal General y jueces del Supremo. La sociedad civil estuvo representada por la red CODEHUPY, entre otros, que junto con el CCPR Centre y OMCT presentó un informe colectivo[8]. La investigación de las muertes de 17 personas en Curuguaty en junio del 2012 fue altamente discutida por el Comité durante el diálogo con la delegación, en el que se cuestionó la posible existencia de una sola línea de investigación fiscal hacia el procesamiento de los campesinos y la falta de investigación de las ejecuciones extra-judiciales y las detenciones ilegales. En sus Observaciones Finales[9], el Comité insta precisamente al Estado a asegurar una investigación independiente e imparcial sobre los abusos ocurridos (recomendación 23). Asimismo, la recomendación 15 exhorta al Estado a proteger eficazmente a defensores campesinos e indígenas, tras la muerte de algunos dirigentes que fueron testigos de la matanza en Curuguaty o que criticaron las comisiones vecinales de seguridad ciudadana, creadas en los departamentos de Caaguazú, Canindeyú y San Pedro. Dichas comisiones fueron objeto de crítica por el Comité, que en su recomendación 14 aconseja evaluar su funcionamiento e investigar los abusos que le han sido atribuidos. De manera novedosa, el Comité preguntó a la delegación qué lecciones se habían aprendido en Paraguay tras el juicio político efectuado al ex presidente Lugo, para evitar que un proceso similar se repita en el futuro. La delegación indicó que el proceso había sido legal, que respetó el debido proceso y por tanto no era necesario ahondar sobre las lecciones aprendidas. Quizás debido a dicha respuesta el Comité, de manera inusual, incluyó una recomendación (la 24) que insta al Estado a garantizar que el proceso de destitución de un Presidente siempre se lleve a cabo con plena conformidad con los principios básicos del debido proceso. Tanto la recomendación 23, sobre las investigaciones en Curuguaty, como la recomendación 24, sobre el juicio político, generaron una gran atención mediática en Paraguay[10], así como en otros países de Latinoamérica[11]. El gobierno de Paraguay emitió un comunicado[12] indicando, con respecto a las investigaciones en Curuguaty, que el Ministerio Público y el Poder Judicial, «garantizan una investigación imparcial e independiente» y ofreciendo al Comité toda la información adicional necesaria. Con respecto al juicio político, el gobierno indica que no existe impedimento alguno para estudiar las preocupaciones del Comité sobre las modalidades del juicio político en el ámbito del Poder Legislativo. Otra novedad lo constituye la recomendación 11, que insta al Estado a reformar el Código electoral para eliminar la denegación de voto a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, a las personas sordomudas y a las personas privadas de libertad. Cabe destacar también el alto número de recomendaciones efectuadas al Paraguay (23 en total, cuando el promedio son 20 recomendaciones). Las recomendaciones seleccionadas para el seguimiento, sobre las que el Estado tendrá que presentar un informe transcurrido un año, son las relativas a la investigación del allanamiento de Curuguaty (recomendación 23), la relativa a las comisiones vecinales de seguridad ciudadana (recomendación 14) y la relativa a las indemnizaciones adecuadas a las víctimas de la dictadura Stroessner (recomendación 8).