En un contexto cada vez más complejo, organizaciones sociales de departamentos del Norte del País coordinan acciones para hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). A las complejas problemáticas sociales y a la fuerte incidencia de grupos que operan al margen de la ley se suma la falta del debido proceso para personas acusadas de ser apoyo logístico de las organizaciones criminales.

Pobladores Santa Rosa del Aguaray sienten que su ciudad ha sido sitiada, mientras que, en Arroyito, el 27 de agosto quedó evidenciada la zozobra en que vive la población, con el atentado que se cobró la vida de 8 militares que conforman la FTC, que hasta la fecha no ha sido reivindicado por organización criminal alguna pero que hasta ahora ocasionó la detención de algunos pobladores, acusados de ser integrantes del EPP. Para hacer frente a la difícil realidad en el Norte, desde el año pasado representantes de organizaciones campesinas se reúnen, convocados por las Pastorales de Concepción y San Pedro, de manera a poner en común la situación de las comunidades en las que opera la FTC desde la modificación de la Ley de Seguridad Nacional y posterior aprobación del decreto 103, en el 2013, que dio potestad al Poder Ejecutivo para la utilización de las Fuerzas Militares en operaciones de seguridad interna, una tarea que –por Constitución Nacional- compete exclusivamente a las Fuerzas Policiales. En ese marco, recientemente, los delegados diocesanos de la Pastoral Social emitieron un comunicado haciéndose eco de los abusos y violencia durante la permanencia y actuación de la FTC.

Junto a otras organizaciones de derechos humanos, el Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj PY) acompaña este proceso de dialogo y trabajo conjunto para contrarrestar las violaciones cometidas por las Fuerzas de Seguridad. En lo particular, contribuye al acceso a la justicia de personas violentadas en allanamientos irregulares de las FTC y el Ministerio Público, y en el seguimiento a los casos de algunas personas procesadas, acusadas de ser “apoyo logístico” a los grupos armados Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y Agrupación Campesina Armada (ACA). También contribuye en la articulación de las organizaciones locales del Norte del país y la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) que en su última plenaria resolvió incorporar entre las reivindicaciones de su próxima movilización la derogación de la Ley 5036/13 y el desmantelamiento de la FTC.

ALGUNOS CASOS RECABADOS

Hermanos Morales Martínez

Francisca es hermana de Víctor y Gregorio Morales Martínez, dirigentes sociales de Agüerito, acusados de la muerte de 5 políticas en 2015 en la zona de Jaguareté Forest y del secuestro del suboficial Edelio Morínigo. El 28 de enero pasado, el allanamiento a la casa familiar dejó a su paso destrozos y heridas. Durante el procedimiento golpearon a toda la familia y se llevaron 150.000 guaraníes. Desde ese momento, Víctor y Gregorio están presos en la penitenciaría de Concepción. La familia tuvo que contratar a un abogado particular para que ejerciera la defensa.

17 años de cárcel por una selfie

Pablo es un joven de 23 años, estudiante de la Universidad Tecnológica Intercontinental y funcionario de la empresa Panamá Trading Company, ambos en Pedro Juan Caballero, quien está preso desde 2014, acusado de ser apoyo logístico del ACA y el EPP, en un proceso judicial iniciado a raíz del hallazgo de 2 fotografías suyas en un pendrive incautado en un allanamiento en Núcleo 2, Arroyito. Las 2 fotografías las había tomado el propio Pablo: Una de ellas, en el patio de comidas en el Shopping China, de Pedro Juan Caballero, y la otra era una selfie que se en su dormitorio en el inquilinato en el que vivía, también en Pedro Juan. Ambas fotos las había subido a su perfil de Facebook, con lo cual cualquier persona tenía acceso a ellas. Hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado una hipótesis sobre de qué forma Pablo Valiente efectuaba el apoyo logístico a las 2 organizaciones, según se menciona en el expediente. Sin embargo, está preso desde hace 2 años y recientemente fue condenado a 17 años de cárcel. Este es uno de los casos que acompaña el Serpaj PY a través de su apoyo en orientación jurídica.

MOVILIZACIÓN EN ARROYITO

Organizaciones sociales y pobladores de Arroyito se movilizaron el pasado 1 de setiembre, en solidaridad con los 8 militares víctimas del atentado del 27 de agosto pero, además, denunciando la situación de zozobra en la que viven, en medio de ataques de grupos que operan al margen de la ley y abusos de la propia FTC.

Una de las organizaciones que sufre la estigmatización por parte del Ministerio Público y de la FTC es la Asociación Comunitaria Campesina del Asentamiento Arroyito (ACCA), que por el parecido de sus siglas con la ACA ha sido vinculada a ella. Su coordinador, Francisco Jara, quien es es además concejal de Horqueta, explica en este video la compleja situación que debe soportar la comunidad.