Los derechos humanos en Paraguay tuvieron un año de altibajos este 2018, en un contexto regional que se muestra cada vez más hostil a esta área, con la aparición de la figura de Jair Bolsonaro en Brasil, defensor de la dictadura militar de su país y de la utilización de la tortura, quien se suma a Mauricio Macri en Argentina, cuyo gobierno ha puesto en duda la existencia de los 30 mil desaparecidos en la dictadura Argentina. Los primeros meses del año se caracterizaron por las disputas políticas de las elecciones presidenciales de abril, donde resultó ganador Mario Abdo Benítez, hijo del fallecido secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, reivindicador del régimen, y cuya asunción fue recibida el 15 de agosto con una manifestación de las víctimas que pedían no olvidar a los desaparecidos. Masacre de Curuguaty: El giro inesperado El caso Curuguaty representó este año, sin duda, el mayor logro de los defensores y defensoras de derechos humanos y las organizaciones, quienes en mayor o menor medida, pese a los reveses, han mantenido vigente el acompañamiento a los campesinos y campesinas. En un giro inesperado, el 26 de julio pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, admitió el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa de los condenados y resolvieron revocar las sentencias de condena de los 11 campesinos y campesinas, por la masare ocurrida en Curuguaty el 15 de junio de 2012. Allí habían fallecido 11 labriegos y seis policías, pero solo fueron investigados los ocupantes que reivindicaban la recuperación de las tierras públicas de Marina Kue, usurpada por el grupo empresarial Riquelme. Los camaristas fueron parte de la definición ante la inhibición de los nueve ministros de la corte. La sala señaló ineficiencias y falencias en las investigaciones de la fiscalía, que no pudo demostrar y justificar las responsabilidades penales de los condenados: “no logró convencer al órgano jurisdiccional de la participación criminal de los casasionistas”. Sin embargo, pese a este logro, el caso quedó sin resolución, no se investigaron los casos de ejecución extrajudicial, y los 6 años de prisión que han sufrido injustamente los acusados quedan pendientes de resarcimiento. Además, a instancias de la Fiscalía General del Estado, se inició en represalia el enjuiciamiento a los camaristas de parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde primaron las motivaciones políticas antes que jurídicas. Este hecho representa un grave y nefasto riesgo en las garantías de independencia de los poderes del Estado, en la frágil institucionalidad vigente. El Ministerio Público, órgano del Poder Ejecutivo, evidenciado en su incompetencia, recurre a una desprestigiada institución como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (cuyo manejo extorsivo y corrupto del sistema judicial fue justamente tema del año gracias a investigaciones periodísticas), para intentar forzar nuevamente el curso del caso Curuguaty. Violencia en el campo La situación de vulneración en materia de derechos en el campo sigue vigente, y este año se dieron casos paradigmáticos donde el Estado volvió a intervenir para amedrentar a grupos campesinos e indígenas que reivindican el derecho a la tierra, como fueron los casos de Guahory (Caaguazú) y Tacuara’i (Canindeyú), casos donde además han participado civiles armados, y donde además han tomado estado público los casos de soborno a las fuerzas del orden por parte de los terratenientes. De igual manera, se mantiene un estado de vulneración en las poblaciones afectadas por la militarización en los departamentos del norte de Paraguay. Durante el III Foro Social del Norte 2018, organizaciones civiles denunciaron “la nula presencia del Estado” en materia de derechos básicos y el sometimiento a la “violencia militar”. Derechos inundados En la ciudad, las poblaciones carenciadas de los bañados de Asunción se han visto nuevamente afectadas este año por las inundaciones, obligadas nuevamente a trasladarse a precarios refugios. Esto se da en contraste con los avances del proyecto Costanera, que se ha extendido en su sector norte, y avanza por el sur. La misma, estaría empeorando la situación de los afectados al producir un “efecto palangana”. Los pobladores han denunciado desde los inicios de esta obra, la falta de participación en las decisiones en el proyecto que los afecta directamente, y que por ley está obligada a ser sometida a audiencias públicas. Los pobladores afectados que reclaman su arraigo y viviendas dignas en la zona, a través de la Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (COBAÑADOS), tienen un proyecto desarrollado para utilizar la costanera como defensa costera, dando una solución definitiva a las poblaciones afectadas cíclicamente por las inundaciones. Esta propuesta ha sido ignorada continuamente por los distintos gobiernos. Feminicidios y violencia de género dentro del mismo Estado Desde finales de 2016 está en vigencia la “Ley de Protección Integral a las Mujeres, contra toda Forma de Violencia”, sin embargo, 2017 fue el año con más casos de feminicidios de los últimos 3 años, 48 en total. En 2018, según el Ministerio Público se dieron 9.285 casos de violencia familiar, mientras el Ministerio de la Mujer registra hasta el mes de mayo 21 casos y 154 tentativas. Cobró especial notoriedad el caso de Meliza Fleitas, cuyo caso estuvo inactivo prácticamente por un año, por inacción de la Fiscalía, tiempo en el cual logró escaparse el principal sospechoso. Solo logró visibilizarse el caso por acción de organizaciones feministas. Por dicha actuación fue iniciado un sumario sobre el caso dentro de la Fiscalía. Más recientemente se dio el caso del asesinato de Lidia Meza (18) en manos del narcotraficante Marcelo Piloto, en plena Agrupación Especializada, con el aparente fin de lograr su juzgamiento en Paraguay y evitar una extradición al Brasil. De esta manera manifiesta la responsabilidad del Estado en la impunidad de los homicidios, e incluso la presunta implicancia de agentes del orden como el caso de Liz Meza. A esto debe sumarse el caso de la niña de 13 años abusada por unos 13 miembros de la Armada Paraguaya, en pleno predio de la institución, exponiendo la manera en que la violencia de género incluso permea los estamentos más poderosos del Estado. Crímenes de odio, invisibles ante la justicia En ese sentido cabe destacar que este 2018 se mantiene la situación de impunidad sobre los casos de asesinatos y violencia contra personas transgénero. En agosto fue asesinada a machetazos y posteriormente incinerada, Viky Acosta (29), en la ciudad de Piribebuy, en lo que fue calificado como un “crimen de odio”. El autor confeso Cesar Guzmán (19) señaló que la asesinó por su condición. Un mes después, se produjo otro caso de homicidio en la ciudad de Obligado, Itapúa, donde fue asesinada a cuchillazos Nikol Ortellado. Desde la Asociación Panambi, integrada por personas trans, vienen denunciando la impunidad que se da en los casos de crímenes de odio contra su comunidad. Desde 1989 se han producido 60 casos de homicidio, ninguna de las cuales ha tenido condena, donde solo 36 casos fueron investigados. La dura batalla por la paridad El 2018 también ha sido un año duro para la lucha por los derechos igualitarios de las mujeres. A lo largo de los meses entró en pugna el proyecto de ley de paridad democrática, que proponía la participación equilibrada de hombres y mujeres en espacios claves de poder y decisiones. En marzo, con las manifestaciones de organizaciones de mujeres en las calles, e incluso con el apoyo de organismos internacionales, el senado aprobó con 32 votos el proyecto. A partir de entonces, empezaron a presionar los grupos conservadores y religiosos que rechazaban la propuesta por supuestamente responder a la “ideología de género” y ser “antidemocrática”. La cámara de diputados cercenó el proyecto dejando tan solo unos 3 artículos de los 18 del proyecto, eliminando los mecanismos para lograr la paridad, desvirtuándola por completo, y de esta manera la aprobaron en junio. Finalmente, el Poder Ejecutivo vetó el proyecto por completo señalando la incoherencia de la normativa, entre su objetivo (paridad) y la eliminación de los mecanismos para lograrlo. Leyes que discriminan Misma suerte han corrido las trabajadoras domésticas, que nuevamente han peleado este año contra la discriminación “legal” que actualmente les otorga posibilidad de acceder a tan solo el 60 % del salario mínimo legal, en una especie de subcategorización de su labor. En junio, las organizaciones de trabajadoras domésticas lograron que el senado apruebe el Ley “Que modifica el artículo 10 de la Ley Nº 5407/15, del Trabajo Doméstico”, que equipara sus derechos para acceder al salario mínimo legal, 2.041.123. Ya durante el nuevo gobierno, el proyecto fue tratado en Diputados, donde nuevamente la cámara baja obstaculizó el acceso a un derecho básico, modificando la ley, proponiendo solo el 70 % del salario mínimo, lo que fue calificado “como una burla”, por miembros del Sindicato de Trabajadoras Domésticas. El proyecto retorna al senado. Educación pública En materia de derecho a la educación, el nuevo gobierno ha dado señales preocupantes, al seguir la línea de obsecuencia ante sectores conservadores y religiosos, que rechazan la educación con enfoque de género y los planes de educación sexual. “Vamos a promover y a garantizar la protección integral de la familia compuesta por el hombre y la mujer”, expresó el actual ministro Eduardo Petta, para tranquilidad de las organizaciones “Pro Vida” en el mes de noviembre. Contradictoriamente, en agosto Petta había prometido una “mesa de diálogo amplia”, ante la manifestación de estudiantes organizados, que pedían consensuar temas referentes a la implementación de la educación sexual integral en escuelas y colegios, así como la aplicación del enfoque en derechos humanos. El fantasma del SMO El actual presidente de la república, Mario Abdo, siempre ha exaltado la figura del Servicio Militar Obligatorio (SMO), teniendo en cuenta su relación con la dictadura militar. Al ganar las elecciones, estaba cantada el impulso a dicha figura en su gobierno. Durante la campaña electoral había señalado que el SMO “puede garantizar a los jóvenes educación, disciplina y un sueldo”, mientras en una polémica expresión señaló que “existen muchas madres solteras que tienen entre cuatro y cinco hijos que se encuentran en edad vulnerable, y no los pueden contener”, ofreciendo el servicio militar para “contenerlos”, asegurando de alguna manera que evitaría que se vuelvan delincuentes. Al poco de asumir el nuevo gobierno, el ministro de defensa, Bernardino Soto Estigarribia, anunció un nuevo proyecto que prevé una multa de 1.300.000 guaraníes a quienes no cumplan con la ley del Servicio Militar Obligatorio. Esta situación promovería la reaparición de las redadas en busca de “infractores”, como en tiempos de la dictadura. Por otra parte, afectará principalmente a jóvenes pobres, campesinos o trabajadores, quienes se encuentren impedidos de pagar dicha suma. Cabe resaltar las deudas del Estado Paraguayo en relación a reparaciones y justicia sobre las muertes en los cuarteles. Entre 1989 a 2012 se han registrado 147 muertes en el Servicio Militar Obligatorio, solo 8 casos tuvieron condena. Es un hecho favorable a nivel de Estado la existencia de La Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, una instancia interinstitucional creada en 2009, coordinada por el Ministerio de Justicia y Trabajo, e integrada por las diferentes dependencias de Derechos Humanos de las instituciones públicas. Tiene el objetivo de implementar el Plan de Acción de Derechos Humanos aprobado en marzo del 2013, así como ejecutar las acciones de promoción e institucionalidad permanente y sostenible de los Derechos Humanos. Esto, mediante la coordinación y articulación de políticas, planes y programas provenientes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esta instancia está prácticamente paralizada. Durante la nueva administración se han limitado hasta el momento a realizar algunas capacitaciones a funcionarios públicos en el mes de octubre. En las calles Finalmente, el 2018 ha sido un año particularmente marcado por las manifestaciones de ciudadanos indignados por los casos de corrupción en los diversos estamentos del Estado. Los casos del tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de enriquecimiento ilícito en varias instituciones desataron reacciones sostenidas que lograron hacer caer a poderosos como Óscar González Daher y al clan Zacarías en Ciudad del Este. Las sentencias y justicia efectiva a diversos procesados en casos de corrupción están sin embargo postergados, por medio de chicanas, ralentizando el avance. De esta manera, se cierra un año donde el papel de las organizaciones sociales, la organización, las acciones ciudadanas, han sido clave para lograr, visibilizar y pugnar por los derechos de distintos sectores de la sociedad, lográndose pequeñas y grandes victorias, y también derrotas, pero que sobre todo, remarcan la necesidad de seguir esa línea de luchas para seguir avanzando en la obtención de los derechos fundamentales.