El Estado paraguayo debe auditar la gestión del general retirado Ramón Benítez al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), entre junio de 2014 y abril de 2015, años donde dicha fuerza manejó un presupuesto total de más de 80 mil millones de guaraníes. El militar fue recientemente detenido a raíz en un operativo del Ministerio Público que lo acusa de encabezar, como titular del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (DETAVE), una estructura criminal que cobraba sobornos a contrabandistas para dejar pasar sus cargas. Las autoridades de Paraguay, además, están obligadas a investigar y esclarecer la aparente ejecución por parte de la FTC de los civiles Hermenegildo y Marco Ovelar, en un operativo comandado por Benítez el 5 de setiembre de 2014 en Kurusú de Hierro. En el episodio sobrevivió María Gloria González, que relató que aquella tarde mientras arreaba sus vacas junto a sus sobrinos, fueron asaltados sorpresivamente por la FTC y fueron acribillados. Ella logró sobrevivir a pesar de ser herida en la mandíbula y el glúteo. La mujer negó su vinculación a alguna banda delictiva y dijo que mientras estaba herida en el piso, miembros de la fuerza estatal empezaron a patearle, amenazarle de muerte, cortarle el cabello y tajearle partes del cuerpo con chuchillos, para luego abandonarlos durante horas y posteriormente buscarlos en un camión militar. Este episodio fue investigado y documentado por el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que encontró indicios de que la FTC acribilló a personas desarmadas, que luego le plantó pruebas a los Ovelar y a la mujer y que hubo torturas por parte de efectivos de la FTC. Con el acompañamiento del Serpaj Paraguay y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), María Gloria querelló en agosto de  2018 a miembros de la FTC por “lesión corporal en ejercicio de funciones públicas”. Sin embargo, hay una inacción del Ministerio Público en torno a esta denuncia, explicó Natalia Rodríguez, asesora jurídica del Serpaj. Donde sí se muestra activo el Ministerio público es en su intento de acusar a María Gloria -a partir de las controversiales pruebas que documentó el MNP en su informe-  de estar vinculada a la banda armada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), donde el principal testigo de los fiscales era, hasta antes de su detención, el general Ramón Benítez. A raíz de este y otros episodios que involucran a miembros de la FTC en hechos de tortura y ejecuciones, en 2017 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas expresó su preocupación al Estado paraguayo y le instó a esclarecer los hechos y sancionar a los agentes estatales involucrados, como también reparar integralmente a las víctimas.