Las dos niñas que sufrieron discriminación por su orientación sexual – una de ellas intentó, incluso, quitarse la vida – en un colegio católico privado de la capital, retornaron a su institución, luego de la intervención realizada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través de su Dirección de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. La directora de la referida instancia del MEC, Sonia Escauriza, señaló que se pedirán informes constantes al colegio para evitar la revictimización. El hecho nos debe motivar no sólo a implementar las medidas puntuales para acompañar la situación particular de las dos niñas, sino a pensar en el lugar de la institución educativa frente a las situaciones de discriminación. El derecho a la educación en su realización político-pedagógica que consiste en la educación en derechos humanos, puede ofrecernos algunas pistas al respecto. En ese sentido, el comunicado de prensa emitido en agosto del 2015 por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia, ante el caso de Sergio David Urrego Reyes, estudiante colombiano que se suicidó en el año 2014, víctima de homofobia, señala precisamente cuestiones asociadas con el papel de la institución educativa . La Corte consideró que “el Colegio Gimnasio Castillo Campestre, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la Comisaría Decima de Familia de Engativá y la Fiscalía General de la Nación, vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre, a la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad” de Sergio Urrego y de su madre. Es por lo anterior que la referida Sala, considera que “la función del colegio como escenario objetivo de reflexión y como espacio transparente para la toma de decisiones formativas dentro del proceso disciplinario, fue una realidad que se vio totalmente truncada en detrimento de los derechos de Sergio”. Asimismo, puntualiza que en casos como el de Sergio, es “donde las instituciones educativas juegan un papel crucial en la promoción del respeto y de la inclusión de la diferencia en el sistema social”. Y esto responde a “la responsabilidad que tienen los colegios de construir en su interior un espacio de encuentro para resolver de manera amigable y constructiva los conflictos que se derivan de las interacciones que se producen en la comunidad educativa”. En la misma línea argumental, la Sala aclara que “la realización del derecho a la educación, exige un proceso de interiorización y práctica efectiva, por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, de principios fundamentales para la convivencia armónica, tales como la tolerancia, el respecto a la diversidad, el pluralismo y la igualdad en la diferencia”. En cuanto a la disciplina en los establecimientos educativos, la Sala aclara que “si bien es una necesidad garantizar una formación ordenada y rigurosa de los jóvenes, y esa visión es protegida por la Carta, la misma no puede incluir metodologías que vulneren, desconozcan o transgredan los derechos fundamentales de los distintos actores que participan en el proceso. De esta manera, sólo en la medida en que los valores y principios que aspiran a transmitir los educadores a sus alumnos constituyan realmente un reconocimiento de los propios y diversos proyectos de vida, su labora será efectiva”. Reafirma la Sala esta idea al puntualizar que “solamente unas autoridades que predican la tolerancia y que mantengan un profundo sentido de respeto por la diversidad, serán capaces y tendrán la suficiente legitimidad para participar en la construcción de una sociedad éticamente justa”. Estas ideas nos dibujan una institución educativa que se propone como eje estratégico la realización efectiva de una educación en derechos humanos transformándose en un espacio de reflexión y de práctica efectiva de los principios de derechos humanos. Una transformación educativa que asuma este desafío a plenitud, puede ofrecernos una buena educación que sustituya a lo que Melía (2005) denominaba “mala educación” que “es la metástasis que se reproducirá en todas las áreas del ser y actividades sociales y culturales y acaba con la vida”. Una educación en derechos humanos puede hacer posible que los procesos de aprendizaje coincidan con los procesos de vida; por ahora, nuestra “mala educación” se opone a los mismos.