Con la ley Alianza Público Privada, APP, el gobierno de Horacio Cartes logra la tercera ley que le otorga superpoderes. Ley 1.337 en la lucha contra EPP, la de responsabilidad fiscal y ahora la de concesiones sin control. Realmente el Nuevo Rumbo, ha pensado en todas sus dimensiones y ha puesto a jugar todos los elementos para concentrar el poder. Por Cristina Coronel Con 60 votos a favor, 15 en contra, 3 abstenciones y 2 ausencias la Cámara de Diputados aprobó el pasado lunes 28 de octubre, la ley de alianza público-privada, con las modificaciones dadas por el Senado. De esta manera el documento queda sancionado, con las modificaciones que ya cuentan con el respaldo del presidente de la República, Horacio Cartes. La Cámara Alta había incluido entre sus modificaciones que el Ejecutivo tiene la potestad de autorizar inversiones sin la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, ni la intervención del Congreso Nacional. El proyecto original de la ley de alianza público-privada había sido presentado al Congreso en noviembre de 2012 por el entonces ministro de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis. Con entrada en vigencia el nuevo periodo presidencial, el proyecto volvió a aparecer pero ya con las sugerencias de modificaciones del nuevo presidente Horacio Cartes, que incluye la ampliación del proyecto a bienes y servicios. Uno de los puntos polémicos de la Alianza Público Privada, es que otorga al Ejecutivo la potestad de autorizar inversiones sin la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas ni la intervención del Poder Legislativo, al cual solo deberían remitirse informes acerca de los proyectos autorizados. En ese sentido, el 28 de octubre, fue un día por demás especial para los movimientos sociales, donde Sindicatos, centrales obreras, organizaciones campesinas, sociales y estudiantes universitarios aglutinados en una coordinadora, salieron a protestar el artículo 52, que, además de proyectos de infraestructura pública, incluye salud, educación, generación, distribución y transmisión de energía eléctrica y otros recursos naturales. Lamentablemente esta articulación no pudo lograr frenar la aprobación de esta ley, pero si ha mostrado que las fuerzas de unidad están presentes y que seguirán en pos de la defensa de la soberanía y vida, muy a pesar de los hoy detentan el poder de decidir. Con esta ley lo cuestionable e inadmisible es que se concentraría todo el poder de decisión en el Ejecutivo, atentando de esa manera contra nuestra democracia, que de por sí ya esta muy frágil. Aunque el discurso del Ejecutivo asegura que no se trata de la privatización de los entes estatales, cae de maduro que todo entrará en la mercantilización de los entes. Esta ley nos retrotrae nuevamente a momentos de nuestra historia que no quisiéramos volver a vivir, pero ya lo tenemos entre nosotros/as: el poder concentrado en una sola persona, la trastocación de derechos en servicios y, para su sostenimiento, represión criminalización. No creemos que el estado de derecho se construye en base a una única autoridad, ni con las enajenaciones de nuestros recursos y ni de nuestros entes. Al pueblo lo que es del pueblo. No hay caminos para la paz, la paz es el camino.