Abril, 11 de 2013
En la mañana de ayer se entregó nota a la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y a la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados donde se recuerda que la tortura es un delito imprescriptible y previsto en el artículo 309 del Código Penal y se castiga con penas no menores de 5 hasta 25 años de cárcel. En marzo pasado, en plena Semana Santa, los medios de comunicación informaban sobre el caso de Joel Sala, Cindy Fleitas, Cecilia López quienes denunciaron ser agredidos a machetazos por el Cadete del 4to. año Pablo César Cuevas. Esta última denuncia hizo que César Vladimir Cardozo recordara que en años anteriores él había abandonado la institución luego de denunciar haber sido maltratado y quemado con una plancha por un cadete de curso superior. Este superior resultó que era el mismo que en esta oportunidad agredió a Joel, Cindy y Cecilia. Es ante esta situación reiterada que el Servicio Paz y Justicia Paraguay decide levantar su voz de alarma, ante las diversas denuncias de maltratos físicos y psicológicos que se vienen repitiendo en la Academia Militar “Mcal. Francisco Solano Lopez”. En las notas que entregará este día a entregará nota a la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y a la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, se recuerdan los principios que en la teoría sostienen a esta institución castrense, pues se define en su visión “Constituirse en una Institución de formación militar, del nivel Universitario, basamentada en la ética, integrada a la excelencia académica y técnica-táctica profesional, en consonancia con los más modernos conceptos educacionales y de las artes y ciencias militares”. Sin embargo, el Serpaj alerta que los casos denunciados podrían ser tipificados de tratos crueles, inhumanos o degradantes agravándose por el hecho de que se cometen en el lugar donde se imparte instrucción profesional a los militares y recuerda que la tortura es un delito imprescriptible y previsto en el artículo 309 del Código Penal y se castiga con penas no menores de 5 hasta 25 años de cárcel. En el cierre de la nota se solicita la investigación que pueda esclarecer las circunstancias en que se dieron los hechos de manera a evitar que situaciones como éstas se sigan repitiendo en “las instituciones bajo el dominio estatal, específicamente castrense”.
Otros casos de denuncias de abuso