La militarización de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, a partir de la ley 5036/13, impactó en todos los ámbitos de vida de las poblaciones campesinas de estas regiones, de por sí ya estructuralmente olvidadas por las políticas de Estado.

Esta realidad impactó de forma aún más específica a las mujeres, cuando  afectadas por problemas de salud reproductiva o la salud de sus hijos e hijas, se encuentran con el abandono estatal en los centros de asistencia sanitaria; en contrapartida, ven como se incrementan los presupuestos de guerra para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que en los últimos cinco años se multiplicó por nueve.

“Necesitamos equipos de mamografía en vez de armas y balas”, dijo Perla Rodríguez (43), referente de la comunidad de Tacuára, municipio de Arroyito, ubicada a 400 km de Asunción.

Agricultora familiar y promotora de salud materno-infantil en su comunidad, dice que sienten el abandono del Estado ante la falta de caminos, escuelas, salud y apoyo a la agricultura e infraestructura, lo que violenta la mayoría de sus derechos.

Cuando la FTC realiza controles en los caminos o sobrevuelan las comunidades, dijo, hay zozobra y el miedo se apodera de las poblaciones ante la incertidumbre de lo que va a pasar. En ese tipo de situaciones, las mujeres, los niños y niñas no pueden salir a la calles, por lo que todas las actividades paran.