A la ausencia de planes estatales, la presencia de bandas armadas y la militarización de su territorio, las familias de Arroyito ahora se enfrentan a la corrupción de sus autoridades, a solo casi tres años de convertirse en municipio.

Desde el 1 de noviembre distintos sectores de su ciudadanía decidieron ocupar el edificio de la municipalidad, para reclamar que el Ministerio Público y las demás instituciones estatales encargadas esclarezcan un aparente desvío de poco más de 1.100 millones de guaraníes por parte de la administración del intendente Samuel González (ANR). González es el primer intendente del distrito y asumió en marzo de 2017 luego de que Arroyito se desanexara del municipio de Horqueta, donde el político se desempeñó como concejal. La medida ciudadana se activó luego de que los lugareños y lugareñas accedieran a documentos donde el municipio justificaba ante la Contraloría de la República el uso de fondos municipales en obras que nunca se ejecutaron: la construcción de baños para la escuela Julio Otaño, la construcción de aulas para la escuela Serapio Valenzuela, una cancha de fútbol y obras de alcantarillado. La ocupación del edificio municipal la encabezaron los estudiantes y familiares de ambas escuelas, y luego se fueron sumando los demás sectores sociales indignados. El pasado 7 de noviembre en la Junta Municipal local los nueve concejales estudiaron en sesión extraordinaria la intervención de la administración, pero los que estaban a favor de la medida perdieron por 4 a 5.

A lo largo de una semana el Ministerio Público no intervino a pesar de las denuncias formales arrimadas. El aparato judicial, contrariamente, se mostró eficiente, pero para favorecer al intendente con un amparo para que pueda entrar al edificio municipal. Lo hizo, pero al salir fue escrachado y despedido con una furiosa lluvia de huevos en medio de custodia policial.

Al día después el fiscal de la unidad de Horqueta, José Luis Torres, allanó la sede del municipio para requisar documentos y computadoras que servirán en la investigación.

El pasado 9 de noviembre, la Junta Municipal sesionó de vuelta de forma extraordinaria y logró los votos para la intervención comunal.

Lo que está pasando en Arroyito nos muestra la naturaleza del discurso político tradicional, que mientras habla de combatir la inseguridad de la zona, desvía los fondos que debería invertir para ir revirtiendo los conflictos sociales de la región, la levadura de la injusticia social reinante.

Las bandas armadas, la militarización estatal, la presencia del narcotráfico, la expansión agresiva del modelo extractivista comparten un elemento con esta corrupción política: tienen como víctima común a las poblaciones y sus derechos.

Herederas de una cultura de organización, autogestión y lucha social, las poblaciones de Arroyito están haciendo valer su desarrollada conciencia democrática, con los resultados a la vista.