Con la resolución asumida por el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Luque de no hacer lugar al amparo planteado por la abogada de una alumna trans, que denunció discriminación en una institución educativa de Fernando de la Mora, se cerraría, en principio el caso, pese a que la defensa de la estudiante señaló que apelarán el fallo judicial.

Lo preocupante del caso es que expone la incapacidad del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de construir al interior de los establecimientos educativos espacios de encuentros para resolver de manera constructiva (y pedagógica) los conflictos. De hecho, cada vez resulta menos claro qué es lo que puede gestionar adecuadamente el MEC en el campo del derecho a la educación y en este caso puntual, la decisión asumida por la jueza funciona como un analgésico para el dolor de cabeza institucional pero no como una experiencia pedagógica de aprendizaje de principios fundamentales para la convivencia armónica, como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo y la igualdad en la diferencia.

Seguro que desde la defensa se insistirá con la apelación de la medida porque es lo que en el ámbito de lo jurídico se espera que ocurra. Pero lo que igualmente seguirá abierta es la pregunta acerca del porvenir de la educación en nuestro país.

Actualmente se encuentra en marcha un proceso de elaboración al interior del MEC de un Plan de Educación que hasta el momento se desconoce si en su diagnóstico registrará el profundo deterioro que experimenta la sociedad paraguaya en relación a valores y principios democráticos y a la vigencia plena de los derechos humanos. Hace demasiado tiempo que el derecho a la educación no encuentra siquiera un cajoncito como lugar al interior del sistema educativo y en la actualidad el sistema educativo se encuentra desbordado por tensiones, agresiones y violencias que se entraman en sus entornos.

No sólo se precisa garantizar una formación sólida y rigurosa, sino que en el mismo nivel se requiere de un proceso sostenido de interiorización y práctica efectiva, por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, del sentido profundo que supone reconocer la dignidad humana, y las instituciones educativas deben asumir su crucial papel en la promoción del respeto y de la inclusión de la diferencia en el sistema social. La tarea no es – debe reconocerse- sencilla porque implica una revisión a fondo -entre otras cosas- del reglamento escolar que, en realidad, tiene que ver con los modos en que los establecimientos escolares construyen sus legalidades y legitimidades, fundamentos elementales para la construcción de ciudadanía, algo igualmente lejano en esta tierra del fantástico crecimiento económico envidiado.

Por ahora, el derecho a la educación en Paraguay es un migrante en busca de un sitio donde instalarse. La normativa constitucional dice que, al menos, ese lugar debería ser el MEC pero dicha institución – como decía Melía- ni siquiera es  capaz de proveer a la sociedad paraguaya de herramientas básicas para  emitir, al menos un susurro sobre lo que anda pasando en nuestra realidad.