Los hermanos Víctor y Gregorio Morales, dirigentes campesinos de Agüerito, departamento de San Pedro, son acusados de ser apoyo logístico del EPP en el secuestro del policía Edelio Morínigo. Las pruebas que presenta la fiscalía en su contra son: una lata de leche nido y sus números de teléfonos que estaban cerca del hecho (ni siquiera se trata de cruce de llamadas).

La acción se presentará HOY, martes 17 de octubre a las 13.00 hs. en el Palacio de Justicia (Carlos Antonio López y Testanova), por Francisca Morales, hermana de ambos, Mariana Servín, esposa de Gregorio y Brunilda Fernández, esposa de Víctor. Será bajo el patrocinio del Serpaj Paraguay. Los hechos. El 28 de enero de 2016 a las tres de la madrugada allanaron la casa de ambos, a 300 metros de distancia cada una, en Agüerito. Según testimonio de los hermanos, alrededor de 60 militares ingresaron en dos grupos en forma violenta. Echaron la puerta, recibieron patadas y los encañonaron con armas. “Todos estaban vestidos de civil y enmascarados. No se identificaron y no tenían nada que los identifique. Luego llegó el fiscal Joel Cazal, le pregunté a que respondía su procedimiento, pero no me respondió. Mi hijo y yo estábamos en el suelo en ese momento, esposados”, dijo Víctor en una entrevista realizada en agosto del año pasado por miembros del Serpaj Paraguay en la penitenciaria regional de Concepción. En el violento procedimiento, su hijo (mayor de edad) recibió golpes en la cabeza y Víctor un golpe en el oído que le afectó de manera permanente la audición de un lado. Gregorio estaba con su esposa y sus dos hijas pequeñas. “Cuando entraron me sacaron y me tiraron en la camioneta, buscaban plata y armas, me preguntaron por mis socios. En nuestro terreno estaba un grupo de personas, quienes trabajan en la carbonería, a todos ellos se les agarró y se les sacó el celular, pero se les soltó enseguida. Después dijeron que todos los teléfonos eran nuestros, dijeron a la prensa que teníamos cinco teléfonos”. “Me llevaron directo al destacamento, ahí ya me encontré con Víctor. Ahí nos pegaron y nos obligaron a firmar. Recordemos que la ley 5036/13 es la que modifica la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que desde el año 2013 ha permitido el despliegue de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en violación de lo que establece la Constitución Nacional, la cual otorga atribuciones de seguridad interna exclusivamente a la Policía Nacional. Respecto a este tipo de eventos, el Estado paraguayo recibió las siguientes recomendaciones de parte Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas: a) Modificar el marco normativo con el fin de restringir las labores de control de la seguridad interna a un cuerpo policial civil, debidamente entrenado en el respeto de las normas internacionales en la materia; b) Garantizar que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por la FTC, incluidos los actos de tortura y malos tratos, se investiguen con prontitud, eficacia e imparcialidad en la jurisdicción ordinaria y que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, condenados de acuerdo con la gravedad de sus actos; c) Asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales en el norte del país reciban una reparación integral. El Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj Paraguay), organización de Derechos Humanos que trabaja en la promoción del desarrollo de una cultura de paz, fortaleciendo grupos, comunidades y organizaciones sociales, a través de la noviolencia activa, acompaña y apoya estas acciones. Contactos: • Francisca Morales, hermana. Tel.: (0983) 819800 • Brunilda Fernández, esposa de Víctor. Tel.: (0986) 821488 • Vidal Acevedo. Serpaj Paraguay, organización patrocinante. Tel.: (0971) 336-934 • Natalia Rodríguez, abogada. Tel.: (0976) 535001.