Marcha ciudadana contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

"Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños" Eduardo Galeano

“La niña-madre de 10 años que plantea un dilema a Paraguay”. El titular de la versión on-line de BBC Noticias daba cuenta de un hecho: el caso estaba recorriendo el mundo y, al mismo tiempo, funcionaba como un disparador de opiniones sobre qué hacer con ella. Y entre las opiniones, informaciones conexas, datos vinculados con situaciones similares, se coló la expresión “normal”. Quería señalarse con eso que el caso no es raro, no es único, pese a que todo los ojos del Estado, de la sociedad, de los intercambios en las redes sociales, estaban puestos en el destino de la niña-madre. Hasta datos oficiales fueron rescatados y que daban cuenta de las actuales características del embarazo en pre-adolescentes en Paraguay, fiscales entrevistados hacían mención a casos de abuso sexual similares, profesionales de la salud referían situaciones parecidas. A esta situación se le caracterizó como “normal”, que ya había como una costumbre social-institucional en gestionar dentro de lo que se podía hacer (o no hacer). Por su parte, tres investigaciones recientes describen un panorama más que crítico al respecto. Una de ellas es la Investigación sobre la caracterización de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Encarnación (2012) (Beca/Cectec/Secretaría de la Niñez y Adolescencia/Unión Europea). El estudio muestra cómo en la explotación sexual convergen una serie de carencias múltiples, materiales y afectivas que configuran el marco aprovechado por adultos en situación de poder para el ejercicio de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. La otra es el Estudio exploratorio sobre maltrato escolar en Paraguay (2014) (Base/Plan/MEC). La investigación incluyó ocho departamentos y establecimientos educativos de gestión pública oficial. En las conclusiones se reconoce que durante los años 2008 al 2012, existe un proceso creciente de registro de casos de maltrato escolar. Los casos agrupados como violencia sexual configuran el 42 por ciento de los 122 casos registrados. Esto último significa que “la cantidad de casos vinculados a los delitos sexuales da cuenta que la dominación del cuerpo y de la sexualidad se constituye en uno de los mayores ejes sobre el cual se sostiene una relación de dominación, también en el marco de lo institucional, marcada por el abuso de poder”. Asimismo, en los Avances de una encuesta a personas adolescentes escolarizadas sobre sus opiniones, conocimientos, experiencias y expectativas relacionadas con la salud y los derechos sexuales y reproductivos (2015), parte de una investigación próxima a publicarse y realizada en el marco del Proyecto Jaikuaa con adolescentes de 50 instituciones educativas ubicadas en Asunción y los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapa, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Amabay, Canindeyu y Presidente Hayes, de áreas tanto urbanas como rurales, se constata, entre otros temas, que 10,4% de los/as adolescentes conoce casos de acoso sexual en las instituciones educativas a las que asisten o han asistido pero las respuestas del sistema educativo a esta problemática no parecen ser suficientes. El 50,8% de los/as adolescentes indica que nunca ha recibido explicaciones en el colegio sobre qué hacer si conocía o era víctima de acoso sexual. Esto se asocia con que los/as adolescentes en general están de acuerdo con la inclusión de una educación integral en sexualidad y consideran que puede contribuir a la solución de algunas problemáticas con los/as afectan. Surgen, por tanto, preguntas: ¿es normal que estos hechos sucedan?, ¿simplemente deben formar parte de la costumbre social-institucional la destrucción sistemática de la infancia? A partir del caso de la niña-madre se viene insistiendo en que ya no es posible postergar en Paraguay la puesta en marcha de una política de educación integral de la sexualidad. Pero ella no puede aislarse de esa política más amplia que supone que ese Estado definido en el artículo 1° de nuestra Constitución se torne efectivamente real, esto es, un Estado social de derecho. La protección, garantía y defensa de los derechos humanos precisa tornarse cotidiano, o de lo contrario simplemente se terminará por pulverizar ese principio tan rotundo pero aún distante entre nosotros: la dignidad de la persona. Accedé al BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL SERPAJ PARAGUAY NRO. 14