A siete años de su implementación en la zona Norte y su impacto sobre el derecho a la vida, en particular sobre los derechos del campesinado. "La FTC se crea al iniciarse el gobierno de Horacio Cartes, mediante el Decreto N° 103 del 24 de agosto de 2013, con el objetivo de combatir a grupos armados ilegales en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Está compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Nacional (PN) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Para ello, previamente fue modificada la Ley N° 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, mediante la Ley N° 5036/13 del 22 de agosto de 2013, para permitir la utilización de elementos de las FFAA en conflictos internos, modificación considerada como inconstitucional por varios juristas, así como por organizaciones sociales. La presencia de los militares y policías pertenecientes a la FTC desde hace más de siete años, principalmente en los departamentos de Concepción y San Pedro, ha recibido múltiples críticas por parte de numerosas personas que habitan diversas comunidades en dicha región, voces que emergen principalmente desde comunidades campesinas afectadas negativamente por el desempeño de esas fuerzas. De manera opuesta, hay sectores que defienden la gestión de la FTC, así como la necesidad de su continuidad en la región. Entre ellos se destacan propietarios de grandes haciendas y estancias en la zona —dedicados principalmente a la ganadería y los cultivos mecanizados—, así como gremios empresariales. De igual modo, diversos actores políticos, tanto del Gobierno nacional como de los gobiernos locales, han manifestado su apoyo a dichas fuerzas. Más allá de las posiciones divergentes sobre la política de militarización de la zona Norte de la región Oriental del país, es un hecho innegable que el periodo de tiempo que lleva implementándose esta situación de estado de excepción se ha prolongado por mucho tiempo, superando los siete años, sin que hasta el momento se vean resultados concretos que permitan pensar que la situación tiende a normalizarse en el corto o mediano plazo. Por ello, es necesario realizar una revisión de la presencia de la FTC y de sus actuaciones, y su impacto sobre los derechos humanos de la población que habita dichos territorios. Con ese objetivo, para el presente estudio se ha realizado una revisión documental del presupuesto destinado a la FTC y a sectores sociales; además, se han llevado a cabo una serie de consultas con habitantes de los departamentos de San Pedro y Concepción, bajo la metodología de grupos focales, con la participación de hombres y mujeres, jóvenes y adultos de seis distritos: Santa Rosa del Aguaray, Guayaibí y Lima, en San Pedro; y Horqueta, Yby Yaú y Arroyito, en Concepción. Adicionalmente, se hicieron entrevistas con informantes clave, entre ellos, funcionarios vinculados a las áreas de salud y educación, dirigentes sociales y referentes de instituciones religiosas. INTRODUCCIÓN 6 Servicio Paz y Justicia, Paraguay (Serpaj Py). El primer apartado analiza el presupuesto destinado a la FTC desde 2013 hasta 2020; el segundo apartado analiza la presencia del Estado en esta zona del país, en las áreas de educación, salud, producción, a nivel nacional y local; el tercer apartado aborda los gastos de bolsillo, la autogestión y otras formas de resistencia de las comunidades de esta región, frente a la insuficiencia de las políticas públicas; en el cuarto apartado, se realiza una pormenorizada evaluación de la presencia de la FTC en los departamentos de San Pedro y Concepción durante estos siete años; y finalmente, se presentan las conclusiones del estudio." Descargá y leé el material completo aquí.