En su discuso, al cumplirse un año de mandato, Horacio Cartes destacó, como objetivo central aún vigente y perseguido por su gobierno,  el logro del bienestar de todas las personas "que habitan esta Heroica Nación". Sin embargo, revisando el contenido de la totalidad del informe, es fácil entrever que un sistema de administración de justicia libre de corrupción, ilegalidad e impunidad penal, al parecer, no va con su comprensión de bienestar general. Les invitamos a leer el editorial y descargar la versión PDF de nuestro nuevo boletín.  

Descargar en versión PDF Justicia para el próximo informe - BOLETIN 10

  EDITORIAL ¿Justicia para el próximo informe?  Al dirigirse a los “Honorables miembros del Congreso Nacional”, a las “Estimadas y estimados compatriotas” y a las “Ciudadanas y ciudadanos de este hermoso país”, a fin de informar del primer año de su gestión, el Presidente de la República, Horacio Cartes, puntualizó que seguía vigente “el gran objetivo que nos hemos propuesto al iniciar nuestro mandato presidencial”: “lograr el bienestar de todas las personas que habitan esta Heroica Nación”. Aparentemente un sistema de administración de justicia libre de corrupción, ilegalidad e impunidad penal, no se vincula con la temática del referido bienestar porque en las 69 páginas del Informe del Presidente Horacio Cartes al Congreso y a la Nación ni siquiera se alude al mismo. Se optó por relevar cuestiones como “el compromiso indeclinable por la seguridad”, “la lucha frontal contra el narcotráfico y el consumo de droga”; hasta se hace mención a “la reforma penitenciaria para humanizar las cárceles” pero el núcleo duro del mejoramiento de la administración de justicia no encontró lugar en el informe del Presidente. No es un detalle menor el tema en una sociedad en cuya trama la impunidad sigue haciendo estragos. El Informe Chokokue 1989 – 2013, recientemente publicado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, tiene el siguiente subtítulo: El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino, y la investigación describe un patrón de impunidad en los casos de ejecuciones y desapariciones de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas. Dicho patrón incluye desde los roles funcionales a dicho plan del Poder Judicial y el Ministerio Público, pasando por la actuación fiscal encaminada a malograr pruebas y a encubrir a los perpetradores, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dejando impunes a los jueces y fiscales denunciados, y todo ello articulado con “terratenientes e intereses corporativos ligados a algunos sectores del agronegocio […] aliados con líderes políticos tradicionales”. Justamente el bienestar de un importante sector de la población depende directamente de la responsabilidad estatal de desmontar este patrón de impunidad…pero no encontró ni siquiera un slogan de esos que, al menos, suene lindo como mera promesa en el Informe presidencial. Este patrón de impunidad, al mismo tiempo, organiza la visibilización de los dolores y las pérdidas en nuestra sociedad (cada vez menos sociedad). Judith Butler señala este hecho: “ciertas formas de dolor son reconocidas y amplificadas nacionalmente, mientras que otras pérdidas se vuelven impensables e indoloras (…) Algunas vidas valen la pena, otras no; la distribución diferencial del dolor que decide qué clase de sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto no, produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quién es normativamente humano: ¿qué cuenta como vida vivible y muerte lamentable?”. (Destacar, resaltar esta última pregunta) Ante este olvido oficial, es legítima la pregunta sobre quiénes efectivamente se incluyen en eso de “Ciudadanas y ciudadanos de este hermoso país”, ¿cuáles vidas resultan oficialmente reconocidas y cuáles muertes dignas de llorarse? ¿Será que por su complejidad, por los intereses políticos, económicos en juego, el presidente optó por dejar la cuestión de la administración de justicia para el próximo informe?