El jueves, los y las campesinos/as marcharon sobre Asunción como lo vienen haciendo desde hace 27 años, aguardando respuestas de parte de las autoridades para resolver la situación en el campo. Con 500 personas marchando en la capital y decenas más concentradas en nueve departamentos de la república, se llevó a cabo la XXVII marcha campesina organizada por la Federación Nacional Campesina (FNC). La tradicional movilización, realizada el 25 de marzo pasado, volvió luego de que en el 2020 fuese suspendida a causa de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno en el marco de la cuarentena total a causa del coronavirus. Recorriendo las calles, con pancartas, cánticos, consignas, palos, tapabocas, hombres y mujeres hicieron escuchar su reclamo a la ciudadanía. En esta ocasión, a diferencia de otras, no recibieron de parte de los asuncenos las protestas por su presencia. La movilización fue parte del escenario de protestas que se vienen llevando adelante en el país desde hace un mes. Un panorama acentuado por la crisis sanitaria principalmente y la ineptitud corrupta del gobierno. Luego de partir desde el seminario metropolitano, los y las campesinas caminaron por Eusebio Ayala, para luego tomar la calle Azara y finalmente llegar hasta el Panteón de los Héroes en el microcentro asunceno, el punto fijado para el acto central de ese día. Con el lema ¡Fuera los corruptos y vendepatrias!, sumándole a esta consigna el pedido por tierra, salud, trabajo y soberanía. La FNC no solo pide la renuncia del presidente Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez. También solicita la dimisión de toda su línea sucesoria y la instalación de un gobierno provisional. Los reclamos de la FNC de tierra, salud, trabajo y soberanía al gobierno, sintetizan una larguísima lista de incumplimientos del Estado con el sector campesino y la población en general. Un Estado que históricamente ha postergado las soluciones a los problemas que se arrastran desde más de un siglo. En contrapartida la mayoría de los distintos gobiernos a lo largo de décadas han beneficiado a sectores oligárquicos que dominan el país. Un ejemplo claro de la ausencia del Estado para con la población tiene que ver con el acceso a la tierra. Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo en cuanto la distribución del territorio a ser utilizado para la producción. Esta situación no es una invención ideológica, como muchas veces quieren hacer creer los voceros de la rancia oligarquía desde sus bancas en el congreso y los medios de comunicación. El 84% de la tierra explotada en el país están en manos del 2.6% de propietarios. En contrapartida, apenas el 6.3% del territorio que puede ser usado para la agricultura es utilizado por el 91% de productores en agricultura familiar. Otro 6% se distribuye entre pequeños y medianos propietarios que totalizan 8.9% de la población que puede hacer trabajar dicho territorio. En números más precisos, estos datos señalan que en la actualidad las fincas agropecuarias totalizan 288.855 propiedades, distribuidas en una superficie total de 31.086.893 de hectáreas. Del total de propietarios, 7.474 entre grandes empresarios del agronegocio y otros, acaparan 26.367.463 hectáreas. El resto se distribuye entre personas que se dedican a la agricultura familiar siendo estos 264.117 propietarios que ocupan 1.960.081 hectáreas. En total 17.364 fincas de medianos productores abarcan 2.759.349 hectáreas de superficie. Traduciendo esas cifras en números más humanos, el acaparamiento de la tierra deja impactos negativos por donde se lo mire. Crea una casta privilegiada donde unos pocos se quedan con uno de los recursos productivos más importantes del país, dejando de lado a muchos, empujando a familias a deambular por esta tierra llena de promesas sin pagar. El acaparamiento de la tierra en pocas manos, impacta directamente en otras de las demandas postergadas: Trabajo. Al no tener espacio para producir, el campesino y la campesina se ven obligados a migrar a la ciudad en busca de trabajo. En muchas ocasiones, solo acceden a puestos laborales mal pagados y son víctimas de la explotación. A ello se suma las condiciones en que debe llevar adelante su vida, conformando muchas veces los cinturones de pobreza y exclusión en zonas inundables y asentamientos, sin derecho a una vivienda y condiciones dignas de vida. Abandonado por el Estado en el campo, el hombre y la mujer del interior también padece la marginalidad de las leyes y sus derechos en la ciudad. La gran población de los bañados comenzó a conformarse por las familias que vinieron del campo en medio del boom de la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú en los 70. Dicha obra sirvió solo para crear nuevos ricos afines a la dictadura estronista en ese entonces. La soberanía reclamada por los campesinos a las autoridades apunta a defender los intereses del país en la negociación del tratado de Itaipú que se llevará a cabo en el 2023. Pero también, desde hace años el campesinado reclama la inacción del Estado en una política firme para detener el avance, sin poner en práctica regulación alguna, de extranjeros. Particularmente de brasileños que abarcan cada vez más territorios a través del monocultivo de la soja. Con más de 200.000 casos confirmados desde el año pasado y superando la barrera de los 4.000 muertos en casi 13 meses de pandemia en Paraguay, el sistema de salud pública vive la peor pesadilla en su historia. Con décadas de postergación desde el Estado, abonadas por la politiquería y la corrupción, la salud pública ha sido una de las grandes deudas para con el campo y la ciudad. La actual escasez de medicamentos y de camas en Terapia Intensiva es una falencia histórica en el país. Dicha situación se ha agudizado aún más con la pandemia. En el campo muchos hospitales se encuentran en condiciones precarias para atender a los pacientes. A ello se suma la falta de caminos, de profesionales, escasez de medicamentos, falta de equipamientos en varios y especialistas. El problema para acceder a las dosis de vacunas contra el coronavirus ha sumado otra pesada carga a nivel país. Se habilitaron más terapias, Unidades de Salud de la Familia y otros servicios en los últimos años. Pero la actual pandemia solo ha agudizado aún más la deuda grande de hace décadas de los gobiernos para con el sistema de salud, que en estos momentos se encuentra en una situación muy delicada. A diferencia de otros años, los campesinos que marcharon no dejaron un petitorio a las autoridades. Teodolina Villalba, Secretaria General de la FNC, explicó que no lo hicieron porque los anteriores pedidos no han tenido respuestas. Esa fue la postura tomada este año en la XXVII marcha. Como respuesta, en todos estos años, el Estado presentó otra respuesta. La represión ha sido una de ellas, como las que se llevaron adelante sobre todo en los últimos meses con los desalojos en varias partes del país. También la criminalización de la lucha social ha sido una constante, con las condenas a través de juicio plagado de irregularidades como se dio en los casos de Genaro Meza y los hermanos Morales. A todo esto se suma el desinterés por reglamentar la Ley 6286, De Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina. Dicha normativa fue promulgada en mayo de 2019. A casi dos años de dicha promulgación se sigue postergando la vigencia plena de esta normativa que será de gran ayuda para miles de familias. Estos son ejemplos de la actuación de un Estado que con su manejo deshumanizado niega la plena vigencia de los derechos humanos más básicos desde hace años, sobre todo a los habitantes del campo.