El pasado miércoles 4 de setiembre se realizó en Pilar el 1er. conversatorio sobre militarización y sociedad. El encuentro tuvo como objetivo analizar las implicancias de las modificaciones de la ley de seguridad interna para la vigencia de los derechos fundamentales. Fue organizado por el departamento de criminología y seguridad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas y Arte que depende de la Universidad Nacional de Pilar. En el salón de actos de la gobernación de Ñeembucú   Vidal Acevedo, del Serpaj Paraguay, habló de las modificaciones de la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad y de la militarización... Para comprender la crítica hacia el sistema militarizado empezó hablando de la definición que se tiene de militarismo: “El militarismo es un sistema de dominación político, económico, social y cultural que forma parte de la cotidianeidad de nuestras vidas, representado y sustentado en lógicas y valores como el autoritarismo, la violencia, la obediencia ciega, la exclusión del otro/a, la sumisión, el control opresor de la sociedad, y la depredación de la naturaleza”. (Definición del Servicio Paz y Justicia América Latina) [caption id="attachment_1885" align="alignnone" width="960"] Conversaron con le público: Eli Duarte Sanchez, Carlos Silva, Vidal Acevedo y Juan Martens. (Foto de Edgar López)[/caption] Dijo, además, que desde hace tiempo el Serpaj viene denunciando la militarización de nuestro país, teniendo en cuenta 35 años de dictadura militar, entonces gran parte de la población cree que la “manus militari”, traerá solución a los diferentes y complejos problemas sociales. Acerca del pedido de modificación de la ley 1337/99 por parte del Ejecutivo al Congreso y su rápida aprobación, expresó que eso demuestra el gran poder del partido de gobierno, con una mayoría aplastante en el Congreso que en menos de tres días, logró su objetivo y su primera manifestación fue la de militarizar 3 departamentos: San Pedro, Concepción y Amambay, lugares olvidados por las políticas sociales, agregó. “Recurrir a la militarización significa un gran fracaso de los órganos de seguridad civil. En nuestra constitución nacional está claramente establecida que la seguridad interna corresponde a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen sus funciones claramente establecidas en la Carta Magna: defender la soberanía nacional, así como la de defender a las autoridades legítimamente constituidas”, dijo. De inmediato recordó lo que al respecto dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos expresa que: “dado que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos, combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”. [caption id="attachment_1886" align="alignnone" width="960"] Alrededor de 50 personas llenaron el salón de actos de la gobernación de Ñeembucú. (Foto: Edgar López)[/caption] Y, en la misma línea, según la CIDH, “es fundamental la separación clara y precisa, entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse, que la práctica aconseja evitar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos”. En los últimos tres gobiernos se ha recurrido a la utilización de los militares y el actual, el de “Nuevo Rumbo”, sigue la misma senda. Hasta ahora lo único que se ha conseguido fue, una profundización de la criminalización de la lucha social, ya que numerosos dirigentes campesinos, fueron vinculados con el grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Se instala la idea de que son brazos logísticos o que lo apoyan y hoy día están presos, sin siquiera tener en cuenta la presunción de inocencia. Los grandes operativos militares combinados o los estados de excepción que se registraron, para combatir a este grupo, ha conllevado a gastos millonarios de nuestros recursos, sin resultado positivo. Terminé mi exposición mostrando el video de las expresiones de Doña Irma Espinoza pobladora de Tacuati Poty, en ese video se refleja claramente de como los organismos de seguridad del Estado avasallan los DDHH. Juan Martens, hablo de la seguridad humana y también expuso sobre que son los DD.HH. y quiénes son garantes de estos.