En el Tomo 1 del Informe Final Anive Haguá Oikó de la Comisión de Verdad y Justicia, se señala que “durante la dictadura de 1954-1989 la actitud personal y la institucional de empresarios privados en general y de gremios empresariales, como la Feprinco y la Unión Industrial Paraguaya en particular, mantuvieron una postura de prescindencia e indiferencia frente a las violaciones de derechos humanos y en algunos casos de apoyo al gobierno, con lo cual se puede sostener una responsabilidad pasiva política del sector empresarial” (pg. 88). Esa trama peligrosa, delincuencial e impune entre organismos estatales y sector empresarial tiene, por tanto, una larga historia de construcción de poder político y económico sobre la violación sistemática de derechos humanos. No es casualidad entonces que en el mes de setiembre de este año, esa trama decidió que era más importante “agilizar los desalojos” a fin de garantizar la seguridad de la propiedad privada (de quienes integran esa trama), valor que desde ellos, hace tiempo (al menos desde los tiempos del stronismo), ha desplazado al principio de la dignidad humana como fundamento de nuestro orden constitucional. De hecho, este orden constituye una tremenda molestia para dicha trama y esto es como afirmar que tienen un problema grave con la vida, y mucho más si ésta se encarna en personas que se organizan, protestan exigiendo condiciones básicas de existencia.   La editorial completa en Nuestro cuarto boletín del año de forma gratuita aquí BOLETÍN NÚMERO IV 2019