La militarización en Paraguay de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, a partir de la ley 5036/13, viene impactando de forma específica en el derecho a la educación de miles de estudiantes, en sus familias y docentes.

 Los operativos de la estatal Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada por la mencionada ley, afectó directamente a unas seis instituciones educativas de Arroyito (Concepción), Santa Rosa del Aguaray y Tacuati (San Pedro).

Nuestra investigación “Nos trajeron miedo”  documentó que efectivos de la FTC dispararon contra las instalaciones de las escuelas durante el horario de clases; invadieron repentinamente sus predios con camiones,  tanques, helicópteros o armas de guerra durante el horario de clase; instalaron  campamentos militares en el predio de la escuela; retuvieron /maltrataron/acosaron sexualmente a estudiantes, docentes  o padres de familias en los retenes camino de las escuelas; y detuvieron arbitrariamente a padres de familia.

 “La vida de las escuelas transcurre cotidianamente en medio del fuego cruzado entre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la FTC, y otros grupos armados como sicarios, guardias privados y matones de las estancias del narcotráfico y de la ganadería”, contextualiza el documento.

 De hecho, la presencia de la FTC contribuyó a generar un clima general de inseguridad y temor dentro de estas comunidades educativas, arrojando consecuencias como el ausentismo escolar durante la realización de retenes, o antes o después de operativos militares.

“Cuando la gente se entera de que hay control ya no  mandan a sus niños a la escuela y hasta las propias maestras ya no quieren asistir”, resume uno de los testimonios recogidos por el material.

“No es ninguna garantía enviar a los niños a la escuela cuando por el camino hay tanques, ametralladoras, armas de todo tipo, no es ninguna garantía de vida. Genera una inestabilidad total en la zona”, dice otra declaración.

La investigación además registró que antes de la existencia de la FTC, durante los operativos militares tras las declaraciones de Estado de excepción en 2010 y 2011, tres instituciones educativas más, de Azotey y Paso Barreto (Concepción), fueron afectadas por disparos, enfrentamientos, amenazas  de bandas delictivas a docentes o invasión del predio de la escuela por militares.

“Todos estos hechos constituyen violaciones estructurales del derecho a la educación, a un entorno de vida digno de la población y a la protección integral del desarrollo saludable físico y psico-afectivo de niños, niñas y adolescentes por parte del Estado”, dijo Natalia Rodríguez,  asesora jurídica del Serpaj Paraguay.