Esta mañana, unas 30 personas se manifestaron frente al local del Ministerio Público ante la noticia de que una orden de captura pesa contra Martina Paredes, Mariano Castro y Darío Acosta, familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty, por haber ingresado a cultivar en las tierras de Marina Cue. La medida fue dictada por el fiscal José Zarza. La Articulación por Curuguaty considera que esta medida se enmarca en un amedrentamiento y criminalización de las luchas campesinas. Según aclaró el fiscal, se les atribuye el cargo de invasión de inmueble ajeno, ya que entraron a una “propiedad privada” a cultivar y sembrar sin “permiso del propietario”. “Entraron sin autorización del propietario. Comenzaron a dividir parcelas y sembrar”, adujo el funcionario del Ministerio Público al periódico E’a en la tarde de ayer, sin embargo cuando se le pidió que dé nombre e identifique al propietario, tuvo dificultades para precisar. En un comunicado dirigido a la opinión nacional e internacional, la Articulación por Curuguaty expresa que “la Comisión de Familiares y Víctimas de la Masacre de Curuguaty es una organización legalmente constituida y reconocida a nivel internacional y nacional por su trabajo en pro de la memoria y la dignidad. Con la imputación y la orden de captura de tres de sus dirigentes, se pretende evitar, una vez más, que existan testigos y otras versiones que contradigan la historia policial, cuyo guión lleva adelante la fiscalía en la figura de Jalil Rachid. La masacre a los campesinos no terminó aquel 15 de junio, porque se continuó con los asesinatos selectivos de dirigentes campesinos perpetrados por sicarios, como lo fue el asesinato de Vidal Vega, líder de Yvy Pytã y testigo clave del Caso Curuguaty. Así también los asesinatos de Toto Lezcano (Arroyito), Lorenzo Areco (Yvy Ja’u), Nery Benítez (Colonia Luz Bella), entre otros. Estos asesinatos siguen todos los días en distintos departamentos del país”.