25 de NOVIEMBRE – HORQUETA– Paraguay

MANIFIESTO

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Nosotras, mujeres campesinas e indígenas de diversos distritos del departamento de Concepción venimos hoy 25 de noviembre “Día Internacional Por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”. A DENUNCIAR

1. La inacción e inoperancia de las instituciones de justicia ante el aumento escandaloso de la violencia contra la mujer:

La violencia contra la mujer va en aumento de una manera vergonzosa. Ante esto, la respuesta de las instituciones de protección, responsables de la aplicación las leyes y, por lo tanto, de la justicia, Comisarías, Juzgados de Paz, CODENI, Fiscalías, Defensorías y Juzgados, responden por un lado con mala atención, ninguneo, maltrato, ñembotavy, ignorancia de sus propias funciones y opareí, y por otro lado con corrupción a través de acuerdos y negociados con los agresores, entendimientos entre abogados y jueces por cuestiones de nepotismo y hasta situaciones de acoso o presión a las víctimas denunciantes.

Las mujeres mueren, la justicia no existe, la impunidad mata.

1. Las inmensas y crecientes dificultades de la población campesina e indígena y, en especial de las mujeres, para el acceso a la tierra y para la defensa y mantenimiento de un territorio, ambiente y producción sanas, en defensa de la vida:

El Estado prioriza a los grandes productores, al agro negocio y a los sectores económicamente poderosos en perjuicio de las familias campesinas e indígenas productoras y la producción familiar sana, promoviendo la destrucción de la tierra, el agua, el aire y los alimentos a través de la utilización masiva de productos químicos tóxicos para la salud humana, y lo hace incluso a través de programas oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto lleva al deterioro ambiental y al aumento de enfermedades y una de las consecuencias es la pandemia de la que actualmente el mundo es víctima.

Los grandes productores actúan de manera impune, destruyendo y envenenando un ambiente y una población que no les importa, bajo la atenta mirada de un Estado cómplice.

1. La falta de valoración del aporte de las mujeres a la economía y en la organización social:

Las mujeres, somos productoras, feriantes, acopiadoras, microempresarias, preservadoras del ambiente y de nuestras semillas, reforestadoras, etc. y, a la par, mantenemos nuestras huertas y nuestros animales con una producción sana para nuestras familias. Es nuestro trabajo cotidiano el que nos da de comer todos los días y nos permite sostener nuestras fincas y esto ha sido evidente durante todo este periodo de cuarentena. También sostenemos a nuestras comunidades con nuestro trabajo, somos las más activas en el entorno comunitario, sosteniendo los vínculos con nuestra participación en las organizaciones de escuela, salud, agua, iglesia y otras, y realizando actividades de recaudación de fondos no sólo para apoyarnos entre pobladores y pobladoras sino incluso para arreglar caminos y otros problemas que deberían estar a cargo del Estado y su presupuesto. Sin embargo, somos consideradas productoras ‘secundarias’, un ‘apoyo’ tanto en el ámbito productivo como en el organizativo.

No se nos da nuestro valor ni nuestro lugar, no solo en las estructuras de participación política y social de la sociedad, sino muchas veces tampoco en nuestras organizaciones de productores y productoras, y aún en nuestras familias.

1. Nuestro aporte económico y social hoy es invalorable y es necesario que esto se refleje en los espacios de toma de decisiones tanto a nivel de nuestros distritos como de nuestras comunidades y organizaciones.

Como consecuencia de la desvalorización de que somos víctimas, las mujeres estamos limitadas social y culturalmente a ciertos espacios y actividades, lo que dificulta de manera importante nuestro derecho a la participación. Actualmente tenemos grandes responsabilidades económicas y también comunitarias y lo estamos haciendo muy bien. Sin embargo, todavía la mayor parte de la sociedad dice ‘la mujer tiene que estar en la casa’, ‘las actividades y espacios públicos son para los hombres’, etc. Esta forma de pensar hace que sigamos teniendo inmensas dificultades para lograr una participación real en espacios de toma de decisiones, ya sea en organizaciones de base o en instituciones públicas. Nos acosan cuando volvemos de nuestras reuniones o de la universidad o nuestros lugares de estudio o trabajo en horas de la tardecita o de la noche, hablan mal de nosotras o ponen reuniones en horarios en que a nosotras nos va a ser muy difícil asistir, y todo esto sin tener en cuenta toda la carga de trabajo que nosotras debemos garantizar antes de salir de nuestras casas y después de regresar, debido a una división sexual del trabajo que hoy es injusta pero que todavía persiste.

1. El proceso de militarización en el departamento sólo ha traído a la población más maltrato, temor e inseguridad y ha significado el desvío de una importante carga presupuestaria que deja al descubierto necesidades absolutamente prioritarias relacionadas con recursos para la salud de la población y para el funcionamiento de las instituciones responsables de la protección en situaciones de violencia contra la mujer, la niñez y la adolescencia.  Este proceso recrudeció cuando el 2 de setiembre las FTC, a través de un supuesto enfrentamiento, asesinó a dos niñas argentinas de 11 años de edad.

Este problema acarrea otro más grave aún, que es el desvío del presupuesto a gastos militares inmensos, mientras en los hospitales y centros de salud del departamento no hay personal ni medicamentos suficientes, no hay equipos médicos básicos como aparatos para hacer mamografías, y otros, hechos que han quedado al desnudo en este año de la Pandemia por el Covid19. En instituciones del sistema de protección como los CODENI, las secretarias de la mujer y de la niñez, o incluso los juzgados y defensorías, no se cuenta con los recursos suficientes para contratar personal idóneo (muchos funcionan con voluntarias o con salarios irrisorios) o para el combustible necesario para socorrer a la niñez en peligro, o las comisarías tienen que solicitar aportes para combustible para socorrer a una mujer o a niños que se encuentran en peligro inminente, gastos que deben ser cubiertos por la ciudadanía porque el Estado prioriza gastos militares. El Estado debe dejar de proteger y velar solamente por los intereses de poderosos particulares para empezar a velar por la población general, y empezar a cumplir con su rol constitucional que es, finalmente, el bienestar de toda la sociedad. Y venimos también A EXIGIR

• Que el estado establezca como prioridad la promoción y el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y la protección y el cuidado del medio ambiente. Que, teniendo como criterio central la protección de la salud de la población, legisle adecuadamente y realice un control efectivo sobre la utilización de los productos agro-tóxicos.
• Que el estado promueva a través de las instituciones pertinentes, la visibilización, reconocimiento y valoración del aporte de las mujeres en el campo económico y social, de manera a promover una nueva mirada desde la sociedad hacia las mujeres que permita ir disminuyendo la discriminación que sufrimos. Al mismo tiempo que el Estado reconozca las tareas reproductivas y de cuidado, realizadas fundamentalmente por las mujeres, como un aporte económico que debe ser remunerado.
• Que se establezcan mecanismos claros y efectivos, a través de las políticas públicas, para que la participación y el aporte de las mujeres en el campo económico y social, se refleje en los espacios políticos de participación y toma de decisiones, en los diferentes niveles de organización social.
• Que el Estado priorice el bienestar general de la población y destine recursos suficientes a la salud, la educación, a las instituciones de protección, etc., por encima de gastos destinados a un proceso de militarización, que no ha hecho más que desgastar y perjudicar a la población del departamento de Concepción.
• Que el Estado garantice una investigación imparcial, clara y transparente e independiente que nos permita saber ¿qué pasó con las niñas en Yby Yaú? Juicio y Castigo para todos los responsables directos e indirectos por la Masacre de las niñas de Yby Yaú.
• El saneamiento de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección a víctimas de violencia contra la mujer, la niñez y la adolescencia para superar la corrupción y la vigencia de una práctica revictimizadora y machista por parte de las mismas. Que se garantice la idoneidad y la solvencia moral de los funcionarios y funcionarias encargados de encaminar los casos e impartir justicia. Que se garantice la capacitación del funcionariado en cuanto a sus funciones y a las garantías de derecho debidas a las víctimas que recurren a ellos. Y que las instituciones cumplan con sus funciones tal como lo indican nuestras leyes.

‘Pejapo hekópe pende rembiapó’ Como mujeres miembras de la Red de Defensoras frente a la violencia contra la mujer la niñez y la adolescencia nos comprometemos a:

• Realizar el esfuerzo de articular y trabajar con las instituciones interesadas para avanzar en el saneamiento y mejorar el funcionamiento del sistema de protección en los niveles distrital y departamental en Concepción.
• Impulsar mecanismos de monitoreo, denuncia y exigencia sobre situaciones de violación de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia por parte de las instituciones del sistema de protección.

Red de Defensoras De Concepción