Con la clausura exitosa del segundo año de la Escuela Popular de Comunicación Campesina se prevé poner en marcha el observatorio Jesareko. El sábado 12 de agosto un grupo de 38 participantes de la Escuela Popular de Comunicación Campesina (EPCC) terminó su ciclo en San Pedro, que había arrancado en mayo y potenció prácticas comunicacionales en radio, audiovisual, fotografía y redacción para distintos soportes. “Me gusta la comunicación y me gusta la tecnología… el taller me va a servir para fortalecer mi trabajo en la radio”, dijo Luz Acevedo (11), co-conductora de un programa de radio en San Juan Bautista FM de la ciudad de Liberación, a 200 kilómetros al Norte de Asunción. “Vine a aprender distintas estrategias para hacer mejor mi trabajo, grabaciones, filmaciones, técnicas…al aplicarlas voy a llegar mejor a la gente que me escucha”, dijo Ever Maldonado (34), docente y conductor de programas de radio sobre educación y contraloría ciudadana en Yaguareté Forest, comunidad ubicada a cerca de 350 kilómetros de la capital paraguaya. Como Luz y Ever, sumarían más de 60 los comunicadores y comunicadoras que pasaron por la Escuela desde el año pasado, cuando se arrancó en el departamento de Concepción. El proceso es impulsado por el Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py ) con el objetivo de fortalecer la formación de comunicadores promotores de derechos en Concepción y San Pedro, los departamentos de Paraguay más afectados por la militarización. Y cuenta con el apoyo de las agencias de cooperación Misereor (Alemania) y CCFD (Francia). “Para mí fue una experiencia muy buena, aprendimos muchas técnicas nuevas para filmar videos, sacar fotos, hacer redacciones y saber llegar a la gente. De esa manera nuestra radio se fortalece en su equipo humano y también nuestra comunidad”, dijo Damicela Montiel (16), conductora de un programa juvenil en la radio Luz Bella Comunicaciones FM, ubicada en la colonia del mismo nombre, a cerca de 230 kilómetros de Asunción. Además del aspecto práctico, el desarrollo de la Escuela estuvo atravesado por la reflexión acerca de la realidad campesina, marcada por los impactos del modelo de producción de agronegocios y la militarización de territorios desde el mismo Estado, pero también por la resistencia productiva, comunicacional y cultural de las comunidades rurales. El programa de contenidos durante ambos años estuvo guiado por el enfoque de derechos humanos, que operativamente se traducirá en el abordaje informativo de participantes y también en procedimientos de seguridad en situaciones conflictivas de cobertura. “Yo valoro mucho el haber participado en la escuela de comunicación, para mí es una herramienta que me va a servir mucho porque en la radio voy a difundir y denunciar las cosas que pasan…casos de violencia doméstica, abuso de autoridad, maltrato a niños y niñas estudiantes”, dijo Concepción Meza (61), comunicadora popular de Liberación y promotora de los derechos de las mujeres. La Escuela continúa a través de programas de radio y un campamento nacional en octubre, donde participantes de ambos departamentos debatirán sobre el quehacer comunicacional en el Norte del país. “Este proceso está orientado a que comunicadores y comunicadoras tengan mayores herramientas para difundir la realidad de sus comunidades en sus medios y organizaciones locales. Por otra parte busca que sean reporteros y reporteras de la plataforma Jesareko. Esta plataforma del Serpaj-Py es una herramienta que pretende documentar y sistematizar la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos cometidas en las comunidades por parte de actores estatales y no estatales en el marco de la militarización”, explicó Cristina Coronel, coordinadora del Serpaj-Py. Desde 2008 aproximadamente se hizo frecuente la presencia militar en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay como supuesta solución frente a la presencia de grupos delictivos como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Lo que empezó como operativos temporales específicos aprobados por el Parlamento paraguayo se agravó con la promulgación en 2013 de la ley 5.036, que habilitó la presencia permanente de las fuerzas militares en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay y entregó total potestad al Ejecutivo de manejar estas fuerzas. En territorio, esta nueva ley se operativizó con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), cuestionada en Paraguay por sus nulos resultados acorde a su objetivo fundacional y acusada de múltiples atropellos de derechos y garantías elementales de las comunidades rurales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Coronel recordó que recientemente el Comité de Ginebra contra la Tortura (de las Naciones Unidas) recomendó al Estado paraguayo que de manera urgente revise el marco represivo y de defensa nacional en las zonas militarizadas. (*) Este texto se publicó en el segundo boletín de información y análisis editado por el Serpaj Paraguay este año 2017.