Pya’eporâ, siete días después de asumir como presidente, Horacio Cartes promulgó la nueva ley de defensa nacional y seguridad interna. En los días previos, se hizo mucho ruido mediático sobre un ataque, que dicen fue realizado por el EPP; la necesidad de la intervención militar porque la policía está superada; en general, se habló mucho de la inseguridad en que vivimos.  Por Juan A. Martens[1] Kora ári guive, pareciera que se montó y difundió un escenario donde la única solución es la mano dura, la intervención militar y militarizada,es decir, la represión y el garrote. Como curioso de la criminología no me dejo de preguntar qué cosas realmente nos ponen inseguros/as; y la seguridad de quién lo que vamos a garantizar con esta nueva ley. Me surgen muchas dudas cuyas respuestas me deja pesimista y preocupado. Ojalá me equivoque. Pero las reformas legales de los últimos cinco años, al menos en el área del sistema penal, no hicieron más que aumentar la inseguridad de la mayoría de excluidos del sistema socio económico que nos gobierna. En general, las leyes tienen dos funciones reales. Por un lado sirven para reivindicar derechos, algo así como un ideal que se quiere lograr y por qué luchar; y por otro lado, sirve para garantizar y perpetuar privilegios de los poderosos de turno; de la clase dominante; de los que producen verdad mediática y jurídica. En este sentido, es un poderoso instrumento de persecución y disciplinamiento que usa la violencia estatal para imponerse y proteger (al poderoso). En nuestro país, el delito ni el crimen son las únicas fuentes de inseguridad. Tampoco las principales. La falta de trabajo, de caminos de todo tiempo, de camas en los hospitales públicos, de terapia intensiva en las mayorías de las capitales departamentales, la corrupción y mal uso del dinero público perjudican más y producen mayores pérdidas económicas y humanas que todos los delitos cometidos. Sin embargo, el discurso dominante y de los medios de comunicación no se ocupan de estas fuentes de inseguridad, que ya la Organización de los Estados Americano allá por el 2004 dijo que se debe atender de manera prioritaria para garantizar realmente la verdadera seguridad, esa que protege el núcleo vital de todos los seres humanos. Esto que se conoce como seguridad humana. Sin embargo, una vez más, la Ley 5036/13, que se sancionó recientemente tiene una visión reducida del concepto de seguridad al concentrarse a proteger la propiedad material y los ataques a la integridad física (ni siquiera la vida) de algunos o de los que tienen propiedad. En esta línea de pensamiento no podemos decir otra cosa. Esta nueva ley, como muchas otras muchas que se sancionaron en los últimos años, está pensada para garantizar y perpetuar la seguridad de quienes detentan poder, es decir, de aquellos que producen a gran escala soja o carne y no pagan impuestos; de aquellos que se enriquecieron con el dinero público; de los propietarios de tierras mal habidas. No está para garantizar la seguridad de los que viven en situación de pobreza, ni del que vive de su salario, ni está para protegernos de esa “inseguridad sangrienta” y novelada que tan bien comentan los medios masivos y que busca convencernos de lo inseguro que estamos. Lo novedoso de esta nueva ley es quizá el contexto en el que nace. Un presidente, no del todo colorado, que debe gobernar con la mayoría parlamentaria colorada, con un estilo distinto. La redacción ambigua de la ley permite convertir en enemigo y peligroso a cualquiera, incluso a los parlamentarios que se oponen a las decisiones del jefe, del que quiere construir un nuevo rumbo, es decir, esta ley además de perpetuar los privilegios de los de siempre, también puede perpetuar en el poder al que se está pintando como el único jefe. [1]Investigador Universidad Nacional de Pilar (UNP). Abogado. Máster enCriminología, Política Criminal y Seguridad (U. Barcelona). Máster enGarantismo Penal y Derecho Procesal (INECIP-UNP).