Según los titulares, el informe PISA 2025 arroja resultados alarmantes para nuestro país: alrededor del 77% de los estudiantes paraguayos no alcanza el nivel básico de competencia en las áreas evaluadas, y casi 7 de cada 10 jóvenes (69,4%) están por debajo del Nivel 2 en lectura, matemática y ciencias simultáneamente.

En el contexto regional, figuramos entre los países con peores resultados en América Latina, junto a Guatemala y Argentina, que también registraron caídas significativas. La región en su conjunto muestra un deterioro en el desempeño educativo pospandemia, pero nuestro caso es particularmente crítico por la magnitud del rezago y la proporción de estudiantes fuera del nivel básico. Esta situación no se consigue de un día para otro; responde, en términos de política pública, a una direccionalidad definida por la persistencia del bodrio como modelo educativo. De paso, recordemos que históricamente se le denominaba bodrio a ese caldo hecho con sobras de comida y mendrugos que se entregaba a los pobres en las puertas de los conventos.

Nuestro bodrio educativo, por tanto, incluye dimensiones aún más preocupantes que no son abordadas por el informe PISA que mide resultados de aprendizaje (qué saben los estudiantes de 15 años), pero no evalúa si el Estado garantiza las condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que exige el derecho humano a la educación constitucionalmente reconocido. También sabemos que para el sector político que gobierna el país, la misma norma constitucional resulta un bodrio que puede ignorarse sin muchos trámites. Y esto hasta los peluches protestones lo saben.

Entre nuestros problemas críticos en educación que PISA no mide porque no fue diseñado para ello están: Tasa de culminación de la Educación Media: solo el 56,3% de la cohorte 2014–2025 logró terminar los 12 años de escolaridad. Brecha rural: en zonas rurales, apenas el 35,6% de los jóvenes se gradúa del colegio; en departamentos como Amambay y Boquerón, solo 1 de cada 10 y 2 de cada 10 culminan, respectivamente. Población indígena excluida: el 49,47% de los jóvenes indígenas de 15 a 17 años no asiste a la escuela.

PISA igualmente no mide la brecha de género en la población indígena: las mujeres indígenas solo alcanzan un promedio de 2,7 años de estudio, frente a 4 años en promedio para la población indígena y 9 años a nivel nacional. Pobreza extrema como barrera: el 73,7% de la población indígena en edad escolar (de 5 a 17 años) está en situación de pobreza, con el 40,3% en pobreza extrema, lo que condiciona el acceso y la permanencia. Barreras económicas y de distancia: el 57% de las personas que no asisten a instituciones educativas lo hace por cuestiones económicas y el 7% por la distancia de la escuela, especialmente en zonas rurales.

Asimismo, PISA tampoco evalúa el impacto educativo de 19 medidas antiderechos implementadas entre 2013 y 2022 por gobiernos colorados (6 durante Cartes, 9 durante Abdo Benítez y 2 durante Peña), que desmantelaron políticas de igualdad de género y educación sexual conquistadas en décadas anteriores.

Lo anterior es apenas un listado básico de decisiones que reflejan un desplazamiento del derecho a la educación como prioridad del Estado, mediante medidas que: a)restringen contenidos necesarios para una educación integral, libre de discriminación y basada en derechos humanos; b) reducen la inversión pública, contraviniendo el principio de progresividad y el compromiso de garantizar el máximo de recursos disponibles, y c) profundizan desigualdades al excluir perspectivas de género, diversidad e inclusión, afectando especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Esta persistencia en el bodrio -y esto es clave considerarlo seriamente- se produce en nuestra sociedad sustentada en un preocupante proceso señalado por el analista Marcello Lachi (2023) desplegado fundamentalmente por el cartismo: “hay que asumir que finalmente las ideas neofascistas, han acabado impregnando una parte del conjunto de la colectividad, sus relaciones sociales y culturales, la manera misma de entender la convivialidad, llegando de esta manera a incidir directamente en los comportamientos interpersonales, y acabando finalmente con alimentar en muchas personas el odio y la represión contra todo lo que es visto como ‘diferente’, ‘innatural’, ‘foráneo’, o que en general no comulgue con el concepto tradicional de lo que debe entenderse como ‘paraguayo’”.

Es claro que PISA no aborda este problema, pero no deberíamos dejar de lado esta oscura dimensión política y sociocultural para entender los datos alarmantes que nos arroja; de lo contrario, plantearíamos salidas como la sugerida por el ministro de Educación: preguntar en guaraní al aplicar PISA en nuestro país para mejorar nuestros resultados.