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Julio, 11 de 2013

Mientras pobladores de Tacuati mantenían reunión con fiscal pidiendo el cese de atropellos, esa misma tarde se informa de un nuevo ataque del EPP

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Mientras pobladores de Tacuati mantenían reunión con fiscal pidiendo el cese de atropellos, esa misma tarde se informa de un nuevo ataque del EPP

El miércoles 10, pobladores del asentamiento Tacuati Poty, con el apoyo de otras comunidades de los alrededores, se manifestaron frente a la sede de la fiscalía de Santa Rosa del Aguaray. La movilización giro en torno a exigir que se esclarezca la muerte del ganadero Luis Lindstron y que cesen los atropellos usando de excusa ir tras el EPP. Otros pedidos fueron: libertad a los pobladores detenidos, el esclarecimiento de la situación procesal de los imputados, el cese de la criminalización y persecución a pobladores y pobladoras, y el cese del abuso de poder de los representantes del Ministerio Público.   [caption id="attachment_1474" align="alignnone" width="464"] Pasado un poco las 15 horas, el fiscal de Santa Rosa del Aguaray los recibió y escuchó los testimonios. Dijo estar poniéndose al tanto de todo ya que recién fue asignado en la zona. Es el tercer cambio de fiscal interino en la zona.[/caption]  

Los puntos se mencionan en una nota a la que dieron mesa de entrada dirigida al fiscal Cristian Roig y se hablaron con el agente del Ministerio Público en una reunión pasada las 15 horas. Llamativamente, luego el fiscal fue a atender el caso de una camioneta quemada en una estancia en Tacuati supuestamente por el EPP.
  [caption id="attachment_1469" align="alignnone" width="482"] Victoria Sanabria , pobladora de Tacuati, leyendo al grupo el contenido de la nota que minutos más tarde se presentó en la fiscalía[/caption]  
Otro punto llamativo es que Roig representa el tercer cambio de fiscal interino en la zona. Antes estuvo La fiscala Fanny Aguilera a quien acusan de todo tipo de atropellos. Una mujer dijo que arrojó al piso una asadera con chipa guazú porque, según el relato, “ustedes están cocinando para el EPP”
  Antecedentes. El pasado 22 de junio, un grupo del Serpaj Paraguay y la Codehupy visitaron la comunidad que en ese momento se encontraba realizando una manifestación donde pedían por el cese de los atropellos en allanamientos que denunciaron abusivos en el marco de las investigaciones por el asesinato del ganadero Lindstron. (Leer crónica sobre los testimonios de esta primera visita) Con la excusa de encontrar vinculación de aquellas familias campesinas con el EPP, uno de los grupo sospechoso del cometer el crimen, denunciaron que en los allanamientos se interrogaban a punta de armas a niños y niñas, hubo casos de implantación de prueba, se tumbaron comidas de familias argumentando que cocinaban como parte del apoyo logístico al EPP, entre otras denuncias de abusos. Repercusiones de la difusión de testimonios. Luego de esa visita en que se recogieron testimonios filmados de los afectados, en una conferencia de prensa se dieron a conocer. Además, el Serpaj tomo contacto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, donde le explico todo lo observado mediante una nota a la que adjunto un CD con los videos de los testimonios. Miembros de esta instancia, interesada en el caso de la comunidad, viajaron a la zona el lunes martes pasado para hacer entrevistas a pobladores, fiscales, policías. En seguimiento al caso, días atrás una pobladora del lugar había manifestado que los allanamientos cesaron por el momento; si bien en otras comunidades aledañas denunciaron allanamientos, aunque con menos aparatosidad que en los primeros, según la organizaciones esto fortalece la idea de que solo a través de la presión y la movilización comunitaria es posible revertir injusticias que las autoridades comenten contra asentamientos campesinos. Un supuesto nuevo ataque del EPP. Pobladores y pobladores salieron muy optimistas de esta manifestación y posterior conversación con el fiscal, sin embargo, al regresar a su asentamiento supieron que un par de horas antes una camioneta fue quemada en la estancia San Palagori, propiedad de Eduardo Talavera, ubicada en la colonia Santa Clara, distrito de Tacuatí. La violenta acción fue atribuida al EPP. 

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Una organización de DD.HH. que nace como propuesta de trabajo por la paz, contra la injusticia social desde la no-violencia activa.

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