Desde hace décadas, las organizaciones campesinas reclaman la recuperación de las casi 8 millones de hectáreas de terrenos fiscales, entregados ilegalmente a allegados al régimen stronista. Lo hacen a través de diferentes estrategias: Una de ellas es la ocupación de las tierras por parte de familias campesinas sin tierra, acción que acompañan con solicitudes formales a las instancias correspondientes. Un ejemplo de esa lucha es la comunidad de Primero de Marzo-Joajú, en el distrito de en Yvyrarobana, Departamento de Canindeyú.

Richard Escobar, viceprediente de la Comisión Vecinal de Joajú, da la bienvenida a la Misión de Observación que visitó a la comunidad.

Desde el 2012, 320 familias están asentadas en una superficie de 4.499 hectáreas que figuran como propiedad de la Agroganadera Pindó S.A, en un caso más de tierras malhabidas: En junio de 1969, durante la dictadura del colorado Alfredo Stroessner, fueron adjudicadas por el Instituto de Bienestar Rural a la empresa Perfecta S.A.M.I, en permuta por una avioneta de la segunda guerra mundial, que nunca fue ingresada formalmente como patrimonio de esa institución, pero aunque hubiera ingresado, la entrega de las tierras seguiría constituyendo una irregularidad: La empresa no era sujeta de derecho a la reforma agraria y, además, la permuta de tierras sólo estaba permitida legalmente cuando se cambiaban unas tierras, por otras.

La Organización de Lucha por la Tierra (OLT), de la cual forman parte los pobladores del Asentamiento, les apoya en los trámites de regularización de las tierras. El INDERT no ha avanzado en la recuperación formal, y en el Parlamento tampoco ha avanzado un pedido de expropiación presentado en el Senado. Mientras tanto, ya han pasado 4 años y 3 intentos de desalojo, además del riesgo inminente de uno más, habida cuenta que desde fines del año pasado existe una orden de desalojo dictada en favor de la Agroganadera. Pero ese no es la única amenaza en la que viven: Más de 100 pobladores de la comunidad han sido imputados por invasión de propiedad, con lo cual viven en una situación de zozobra permanente. Ana Santander, vicepresidenta de la Comisión, tiene doble imputación: por asociación criminal e invasión de inmueble. Ello le restringe sus posibilidades de movilizarse, ya sea para comerciar su producción orgánica como para acceder a servicios básicos de salud para ella y su familia. De hecho, uno de los momentos más duros de la vida en el asentamiento fue cuando no pudo sacar a su madre gravemente enferma al Hospital de Curuguaty porque si salía de la comunidad, la iban a detener.

Los pobladores, pese a todo, han conseguido vivir con dignidad: Cada familia posee su casa, su chacra y su kokué: La producción orgánica es de tal magnitud que garantizar en auto consumo. El resto tratan de comercializar, pero el aislamiento es tal que les cuesta y a veces la única alternativa es dejar que el alimento se pudra y alimente de nuevo la tierra. Pero ellos siguen: Han instalado sistema de luz eléctrica, puentes y caminos, una escuela y hasta varias farmacias sociales, lo cual les permite una vida digna en comunidad.

La situación en el asentamiento está cada vez más difícil: A las más de 100 imputaciones y la inminencia de un nuevo desalojo se suma el aislamiento cada vez más intenso que viven. Esto lo comprobó en su reciente visita a la comunidad una Misión de Observación, iniciativa que contó con la presencia de representantes de varias organizaciones sociales, entre ellas el Serpaj PY, además de BASE IS, COBAÑADO, CODECO, CODEHUPY, CONAMURI, CEPAG, Federación Nacional Campesina (FNC), CDIA, DEMOINFO, el Obispado de Alto Paraná, DIAKONIA, Tierra Viva y el Padre Francisco de Paula Oliva, entre otros.

La Misión constató, por un lado, el estado de zozobra en que vive la comunidad, y la ausencia real y efectiva de la presencia del Estado, vista en los accesos viales a la comunidad, la falta de asistencia médica, la nula electrificación de la zona, la represión y criminalización a líderes y ligerezas, a través de imputaciones jurídicas, entre otras necesidades fundamentales.

Vale mencionar también, que la Misión de Observación constató y valoró las condiciones en que las más de 330 familias, con un modelo productivo agro ecológico sostenido de manera exitosa, con una numerosa producción agrícola y de animales de granja.

Durante la Misión de Observación, las y los visitantes pudieron constatar la diversidad de la producción agro ecológica en la comunidad

El valor de la lucha campesina en la recuperación de las tierras malhabidas

Las actividades relacionadas con la defensa y promoción de los derechos por medios pacíficos no sólo son legítimas y están explícitamente reconocidas como parte integral del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que son fundamentales en aquellas sociedades que buscan regirse por los principios democráticos y promover una cultura ciudadana respetuosa de los derechos humanos. No se puede hablar de democracia en un país en el que sus ciudadanos/as además de no tener derecho al bienestar integral, tampoco pueden disentir ni exigir a las autoridades, por medios no violentos, el cumplimiento de los deberes del Estado. La garantía y protección de los derechos de todos/as sus habitantes son obligaciones contraídas por el Estado ante la comunidad nacional e internacional, una vez ratificados los tratados internacionales. Bregar por su cumplimiento no es un delito sino el ejercicio de la justa reivindicación de una sociedad más justa e igualitaria.