Septiembre, 10 de 2020
Pronunciamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil Suramericanas sobre la ejecución de dos niñas por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta
MASACRE DE LAS NIÑAS MARÍA CARMEN VILLALBA Y LILIAN MARIANA VILLALBA
Pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil de Sudamérica sobre la ejecución de dos niñas por parte de la FTC.
Las organizaciones sociales, políticas y de ddhh y les militantes sociales abajo firmantes, queremos expresar nuestra profunda indignación y repudio por el asesinato por la espalda de dos niñas de 11 años acaecidas el 2 de setiembre pasado en Yby Yaú, departamento de Concepción a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (conformada para aprehender al terrorismo). REPUDIAMOS y denunciamos la crueldad desplegada sobre sus cuerpos y el tratamiento dado exhibiéndolas como trofeos de guerra. REPUDIAMOS el tratamiento dado al hecho desde algunos medios, sin contemplar la normativa que rige en torno a la difusión de noticias donde se hable de niños/as/es. Se montó toda una propaganda alrededor de los asesinatos de las niñas para intentar explicar o construir realidades falsas, de modo de captar apoyos de la mayor cantidad de actores y ciudadanos a este tipo de accionar estatal y sus propuestas de seguridad. Considerando otros antecedentes, estimamos que las niñas en principio fueron pensadas como “falsos positivos”, de allí que se requiere una investigación seria e independiente de las circunstancias de sus asesinatos. REPUDIAMOS dicho accionar estatal que viola todas las normas que regulan la protección integral, la reserva de la identidad y el cuidado de la intimidad de esas niñas "mártires". Mucho más grave aún la publicación de la "noticia" como un triunfo, con los comentarios del Presidente de la República del Paraguay Mario Abdo Benítez, teñidos de violencia patriarcal y en un lenguaje bélico, que nos retrotrae a las épocas oscuras de las dictaduras latinoamericanas en el marco del Plan Cóndor. Sabemos que no es la primera vez que la Fuerza de Tarea Conjunta despliega su ferocidad represiva sobre poblaciones campesinas, jóvenes y niños/as/es de esa zona del Norte militarizada por el Estado paraguayo. El clamor popular no es unificado ante este triste hecho, se escucha mucho el discurso ¿¨qué hacían las niñas en ése lugar, junto al EPP- Ejército del Pueblo Paraguayo?¨, creemos importante afirmar que ante éste interrogante, ameritan otros: ¿Por qué no se combate con fuerza y contundencia a los carteles de la droga en los territorios del Norte? ¿Qué hace la FTC, ejército y fuerzas de seguridad de choque, con armas de grueso calibre en ese lugar disparando a mansalva ante quién se presente como un presunto peligro, sin disuadir y en todo caso aprehender como se estipula en un estado de derecho? ¿Por qué la FTC no filmó el procedimiento, teniendo cuantiosos recursos presupuestarios? ¿Por qué el Estado paraguayo pretendió instalar y justificar tamaños asesinatos alegando en los medios de comunicación que “dos mujeres fueron abatidas”, “dos jóvenes mujeres fueron muertas en enfrentamiento”, “cayeron integrantes del primer anillo del EPP¨? ¿Por qué con tanta premura desde el Gobierno y la FTC celebraron con triunfalismo tremendo infanticidio? ¿Por qué las autoridades de manera inconcebible se apresuraron a sepultar los cuerpos de las niñas? Desde las voces que legitiman tal accionar alegan, como pretexto, que las niñas se encontraban en el monte, en un lugar indebido, con la clara intención de culpabilizarlas, y culpabilizar -como se escucha- a sus familiares. El Estado paraguayo ha puesto a las niñas en un plano de disputa y el mismo Estado ha dado una respuesta: las asesinó. Un Estado, es responsable de crímenes de Estado, no bajemos el nivel de debate a cuestionar qué hacemos las y los ciudadanos en determinado momento. Reafirmamos que la responsabilidad del Estado es velar por nuestros derechos, particularmente los de las infancias y adolescencias, que son sujetos de protección especial en virtud a su condición de personas en desarrollo y crecimiento. RECORDAMOS:
- a) La inconstitucionalidad de la Fuerza de Tarea Conjunta y la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna y el Decreto que crea a esta fuerza con 20 millones de dólares de presupuesto, superando llamativamente con creces a los programas sociales. En efecto, la polémica Ley 5036/13 y el Decreto 103/13, por los cuales se dispone el empleo de la omnipotente Fuerza de Tarea Conjunta para reducir al EPP - Ejército del Pueblo Paraguayo- en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en la práctica se constituye como un fuerte aparato represivo en manos del Estado. Dicho aparato termina atropellando, deteniendo, apresando y ultimando a civiles que residen en zonas rurales, y de paso con la premisa –no explicitada– de disciplinar a los grupos sociales.
- b) Es preciso tener sumo cuidado en adoptar un enfoque de securitización, basado en los intereses de los grupos económicos (de grandes empresas sojeras, ganaderas), que orientan las agendas públicas en beneficio propio.
- c) La Responsabilidad del Estado es proteger a las infancias y adolescencias, más allá de condiciones sociales, de nacionalidad o quiénes son sus padres.
- El cese de la violencia estatal con todas las características de un estado terrorista sobre la población.
- Una investigación internacional autónoma de esclarecimiento de lo acaecido con las dos niñas masacradas en Yby Yaú, Paraguay, y la sanción de sus responsables ante la justicia.
- Respeto a los tratados internacionales y leyes nacionales.
- Hacemos un llamado al desmantelamiento de la FTC e instamos a invertir en políticas de protección de las infancias y adolescencias, y en desarrollo para la agricultura campesina: acceso a tierras y medios productivos para el arraigo.
