Ante los acontecimientos acaecidos en el territorio nacional, la Coordinación Latinoamericana (CLA), y la coordinación en Colombia del SERPAJ-AL, en conjunto con los secretariados de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile nos permitimos manifestar, que: 1º.- Las manifestaciones constituyen un derecho humano fundamental, constitucionalmente contemplado en la Constitución Política colombiana. 2º.- El gobierno y el Congreso se han empeñado en adelantar reformas de leyes concernientes a la tributación y a la salud, aún en medio de la pandemia que aqueja al universo entero. 3º.- De espaldas a la realidad nacional, el gobierno pretende gravar aún más la canasta familiar y hasta los servicios públicos y los servicios funerarios, lo que realmente es un exabrupto. 4º.- Con argucias de toda naturaleza, el gobierno pretendió minimizar el río humano que salió a las calles de las ciudades capitales de la gran mayoría de departamentos del país. 5º.- De manera ligera, una magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca profirió una decisión a todas luces en contravía de la Constitución y la ley, el día anterior a la marcha, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos legales de traslado de la decisión a las partes interesadas, sin los protocolos adecuados y sin darle cumplimiento a las normas procedimentales respectivas, pretendiendo desconocer EL RANGO CONSTITUCIONAL QUE TIENE EL DERECHO A MANIFESTARSE QUE TIENE LA CIUDADANÍA EN COLOMBIA, garantía respaldada por convenios internacionales, ratificados por el gobierno colombiano