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Agosto, 8 de 2016

SALA CONSTITUCIONAL ADMITE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY Y EL DECRETO QUE MILITARIZAN EL NORTE DEL PAÍS

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SALA CONSTITUCIONAL ADMITE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY Y EL DECRETO QUE MILITARIZAN EL NORTE DEL PAÍS

La Sala Constitucional conformada por los ministros de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro, Myrian Peña y Antonio Fretes resolvieron recientemente dar trámite a la acción de inconstitucionalidad contra la ley 5036/13, que modifica la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna y el decreto del Poder Ejecutivo 103/2013, que desde el año 2013 han permitido el despliegue de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en violación de lo que establece la Constitución Nacional, la cual otorga atribuciones de seguridad interna exclusivamente a la Policía Nacional.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por pobladores de los departamentos de San Pedro y Concepción que fueron víctimas de abusos por parte de la Fuerza de Tareas Conjunta. Se trata de los ciudadanos Ramón Denis Cardozo, Ignacio Sosa Ortega y Epifanio Cabañas, pobladores de Colonia Oñondivepá, en Nueva Germania, en el departamento de San Pedro; quienes sufrieron atropellos y agresiones en un operativo de las FTC entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de setiembre del 2013; y Gumersindo Toledo, del asentamiento de Arroyito, en el departamento de Concepción, víctima de torturas, golpes y simulacro de asfixia por miembros de la FTC en octubre de 2014.

“Analizando el escrito de presentación, se constata que los accionantes han justificado concretamente la lesión constitucional alegada como también han citado las normas que consideran vulneradas, exponiendo con claridad y precisión su planteamiento, razones por las que corresponde el trámite a la acción de inconstitucionalidad y correr vista al Fiscal General del Estado”, señala parte de la resolución de la Sala Constitucional, fechada el 15 de Julio pasado.

Los accionantes cuentan con patrocinio del Servicio de Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ PY), quien en el marco de estas acciones solicitó primeramente un dictamen al reconocido abogado Juan Carlos Mendonça, documento que expone claramente la inconstitucionalidad del decreto y de la ley que han sido objeto de esta acción de inconstitucionalidad, y que puede ser descargado aquí.

A continuación, el documento completo de la resolución:

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Una organización de DD.HH. que nace como propuesta de trabajo por la paz, contra la injusticia social desde la no-violencia activa.

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