Asunción, 23 de diciembre (SERPAJ-PY). Referentes del Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py), de la Pastoral Social de Concepción, medios de prensa y funcionarios del Senado en representación del senador Hugo  Richer, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, visitaron este mediodía a la viuda y 10 hijos de Julián Ojeda Espínola (49), muerto por la Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) el viernes último. La comitiva estuvo integrada por Vidal Acevedo, del Serpaj-Py; Prof. Benjamín Valiente, de la Pastoral Social de Concepción; Monseñor Pablo Cáceres, Vicario de la Diócesis de Concepción; Prof. Marciano Jara, de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Concepción; los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, los abogados Arsenio Aguayo, Asesor, y Leoncio Irrazábal,  Secretario. Esta visita se realizó en presencia de vecinos y vecinas de la familia Ojeda. Julián Ojeda falleció a consecuencia de las acciones de los efectivos policiales y militares de las FTC, desplegadas en la zona de Kuruzu de Hierro, distrito de Azotey, departamento de Concepción, a poco más de 400 km de la capital paraguaya. El hecho sucedió el 18 de diciembre pasado, en horas de la tardecita y de acuerdo a las aisladas declaraciones de la FTC, Ojeda y otras dos personas supuestamente pertenecientes al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se enfrentaron a tiros con efectivos de la fuerza estatal, muriendo Ojeda en este enfrentamiento. También dijeron que lo encontraron vestido con camisa camuflada para parai, un fusil y balas de grueso calibre. Durante la visita de la comitiva encabezada por el Serpaj y levantamiento de testimonios con la familia de Ojeda, su viuda, Leónidas Villalba, y sus hijos desmintieron y repudiaron esta versión y el hecho, exigiendo a la vez su esclarecimiento. Aseguraron que era un hombre trabajador y que no pertenecía al EPP, que esa tarde fue a pescar y cazar armadillos a 3 mil metros de la casa, llegando a orillas del río Ypane, que no estaba acompañado, que no vestía ropa camuflada y que todavía menos portaba armas, sino una simple pala. “Siempre solía ir, yo solía ir con él, pero esta vez no fui”, dijo su viuda. Vecinos y vecinas del lugar explicaron que en la comunidad, llamada Nueva Fortuna, existen 150 familias y la mayoría de ellas tiene como costumbre ir a pescar y cazar en la reserva del río Ypane, porque tanto la situación económica como la cantidad de hijos e hijas los obliga a complementar con pescados y carne silvestre los alimentos que cultivan. La familia Ojeda comento que se enteraron de la muerte de su padre a través de algunos vecinos y parientes lejanos que habían visto la noticia por la televisión y que luego les telefonearon. Hasta hoy en día ni una sola autoridad militar, policial, fiscal o estatal se acercó para darle explicaciones. Cinthia Ojeda, una de las hijas, comentó que luego de esto fueron a retirar a su padre a la ciudad de Concepción y le entregaron el cuerpo del mismo sin ninguna pertenencia suya, completamente desnudo. El cuerpo fue trasladado por una patrullera de la Policía hasta Horqueta y desde ahí fue llevado en un vehículo particular conseguido por la familia, porque la policía inexplicablemente  se negó a llevarlo hasta su casa, en Kurusu de Hierro, donde aconteció el suceso. Vidal Acevedo, del Serpaj-Py, quién participo de la visita en carácter de escabino por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) Resolución N° 259/2015, explicó que, a diferencia de otros casos similares, ni la Policía ni la FTC realizó una conferencia de prensa donde dar explicaciones sobre lo acontecido. A raíz de esta situación, tanto el Serpaj como la Pastoral Social solicitarán en las próximas horas la intervención de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, para realizar una visita, a los efectos de interiorizarse respecto a la muerte de Julián Ojeda, y a los organismos autorizados e instituciones intervinientes la investigación y el esclarecimiento del hecho. Asimismo, se elevará un informe al MNP. Acevedo recordó que no es la primera vez que sucede un hecho en Concepción  que sugiere un desborde y actuar irregular de la FTC, siendo el antecedente más cercano la muerte por parte de estas fuerzas de los hermanos Ovelar, también en Kurusu de Hierro. Igualmente reafirmó la postura del Serpaj de calificar de anticonstitucional el despliegue de efectivos militares para la solución de problemas que comprometen la seguridad interna, atribución que la Constitución Nacional reserva para la Policía.