Durante la segunda semana de abril se conformó en México el Grupo de Litigantes contra la Tortura, una red de abogadas y abogados de 16 países de América Latina que articulará esfuerzos jurídicos y de incidencia en torno a casos de tortura que ocurran en la región, incluyendo nuestro país.

Por Paraguay participó Sonia Von Lepel, abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), que explicó que en Paraguay la tortura se registra durante la detención o en situación de encierro, tanto por parte de policías, militares o guardiacárceles.

 “Actualmente los casos de tortura también se dan en las zonas militarizadas del Norte, en mayor medida porque la seguridad del Estado se traslada en manos de militares, y éstos, desde su formación de guerra, ven a los ciudadanos como enemigos, no como personas a las que tienen que proteger. Desde esa dinámica del enemigo es que se cometen estas torturas”, dijo.

Desde la aparición en el 2013 de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), para combatir grupos delictivos en el Norte de Paraguay, comunidades campesinas denunciaron varios hechos  de tortura, como lo documentó el estatal Mecanismo de Prevención contra la Tortura (MNP).

“Se han reportado a nivel de medios de comunicación, de informes del MNP y el seguimiento de la sociedad civil varias denuncias. Y en ninguna de las causas donde se han formulado denuncias con relación a torturas cometidas por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta se ha formulado algún tipo de imputación o llevado adelante proceso alguno (…) Si el Estado no investiga, si no sanciona los hechos de tortura, el Estado legitima y justifica la tortura”, dijo.

Por esta realidad en 2017 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas expresó ante el Estado paraguayo su “preocupación ante el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que da cuenta de numerosas violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura, en los departamentos del Norte del país por parte de la unidad militar-policial denominada Fuerza de Tarea Conjunta”.

Von Lepel  es autora de la investigación “Impunidad”, que encontró que de un total de 770 denuncias de tortura presentadas entre 2011 y abril de 2017 ante la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos del Ministerio Público, ninguna terminó en condena.

El Grupo de Litigantes contra la Tortura en América Latina es articulado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)