Hoy 08 de marzo de 2022, “Día Internacional de las Mujeres trabajadoras unidas y movilizadas” Como Red de Mujeres Defensoras de Concepción y las mujeres campesinas miembros de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Campesinas de Concepción nos unimos y nos movilizamos para exigir:

• La derogación inmediata de la ley 6830 “Ley Zavala Riera” que criminaliza la lucha por la tierra en Paraguay.
• El cese inmediato de los desalojos de asentamientos campesinos, indígenas y Urbanos.
• La depuración del Estado de la narco política y de las mafias instaladas e institucionalizadas en los tres poderes del Estado.
• Juicio Político a Sandra Quiñonez, Fiscala General del Estado.
• Apoyo del Estado a la Agricultura familiar campesina e indígena, hoy afectada por la crisis climática. Que el Estado establezca como prioridad la promoción y el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y la protección y el cuidado del medio ambiente.
• La defensa de la soberanía hidroeléctrica
• El cumplimiento de las leyes ambientales que regula el avance del monocultivo y el uso indiscriminado de pesticida que contamina nuestro suelo, nuestras aguas, nuestros alimentos y el aire que respiramos. Que, teniendo como criterio central la protección de la salud de la población, legisle adecuadamente y realice un control efectivo sobre la utilización de los insumos agrícolas contaminantes.
• El respeto a los territorios campesinos e indígenas protegiendo de la violencia y la agresividad del agro negocio.
• Que el Presupuesto General de Gastos incluya los recursos que sea necesario para una real y efectiva aplicación de la Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de violencia.
• La habilitación en el Ministerio Publico, una unidad especializada para investigar los hechos de violencia familiar.

• Que el estado promueva a través de las instituciones pertinentes, la visibilización, reconocimiento y valoración del aporte de las mujeres en el campo económico, social y cultural, de manera a promover una nueva mirada desde la sociedad hacia las mujeres que permita ir disminuyendo la discriminación que sufrimos. Al mismo tiempo que el Estado reconozca las tareas reproductivas y de cuidado, realizadas fundamentalmente por las mujeres, como un aporte económico que debe ser remunerado.
• Que se establezcan mecanismos claros y efectivos, a través de las políticas públicas, para que la participación y el aporte de las mujeres en el campo económico y social, se refleje en los espacios políticos de participación y toma de decisiones, en los diferentes niveles de organización social.
• Que el Estado priorice el bienestar general de la población y destine recursos suficientes a la salud, la educación, a las instituciones de protección, etc., por encima de gastos destinados a un proceso de militarización, que no ha hecho más que desgastar y perjudicar a la población del departamento de Concepción.

• El feminicidio, que aumenta en el marco de la impunidad y complicidad cultural e institucional. Las Mujeres mueren, la justicia no existe, la impunidad mata.
• Las violencias sexuales en contra de las mujeres, su normalización cultural, así como la negligencia y re - victimización por las instituciones de salud y justicia, que no garantizan otra cosa, más que la impunidad.
• La inseguridad y el miedo con el que habitamos espacios públicos y privados, que se constituyen en escenarios de riesgo para las mujeres.
• Las inmensas y crecientes dificultades de la población campesina y, en especial de las mujeres, para el acceso a la tierra y para la defensa y mantenimiento de un territorio, un ambiente y una producción sana, en defensa del alimento y la vida.
• La violación de los Derechos Humanos por la fuerza de Tarea Conjunta que sólo ha traído a la población más maltrato, temor e inseguridad y ha significado el desvío de una importante carga presupuestaria que deja desprotegidas necesidades prioritarias relacionadas a la salud, a la educación, y el acceso a la justicia.