Criminalización de la protesta social se extiende con asesinatos selectivos

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En la zona norte del país suman y siguen los asesinatos selectivos de dirigentes campesinos. Todo asesinato de este tipo responde a una agenda política definida desde los sectores de poder, es una práctica que puede ser utilizada en determinados momentos, es una parte importante del complejo plan de dominación y opresión contra las capas más bajas de la sociedad, que son vistas como enemigas por las élites económicas y políticas, ya sean estas locales y/o extranjeras.

 

La lógica del enemigo – amigo se traduce en la guerra contra el terrorismo. Esta misma lógica cataloga de “terrorismo” a todas aquellas acciones que incomoden o que pongan en riesgo los intereses de las élite; desde este punto de vista pueden ser considerados como el enemigo o el terrorista un dirigente mapuche, una joven estudiante, un desempleado piquetero o un campesino/a sin tierra, por tanto, los espacios donde éstos se muevan deben ser fuertemente vigilados y controlados.

Es por esto que para el sistema dominante es importante que se generen climas de desestabilización o de inseguridad para permitir el despliegue de fuerzas militares y policiales de élites, trabajos de inteligencias, declaraciones de estados de excepción, allanamientos, persecuciones y otros instrumentos que hacen a la militarización de determinados territorios para el control de los supuestos enemigos.

El combate al terrorismo es el principal pilar de la política exterior de los Estados Unidos, dentro de esta se puede incluir como instrumento el asesinato selectivo. A través de diferentes programas y “acuerdos de cooperación” llega a diferentes partes del mundo extendiendo su política de eliminación a quienes ellos consideran terroristas. En nuestro continente uno de los más conocidos es el Plan Colombia, cuestionado de sobremanera por organizaciones sociales y de derechos humanos por los elevados niveles de violación y atropellos de los derechos humanos cometidos bajo el desarrollo de este plan.

Estados Unidos impulsa en Paraguay -precisamente en la zona norte- el programa denominado IZN (Iniciativa Zona Norte) a través de la cual materializa su política exterior en el país.

Como parte de este programa se ha creado y entrenado a un nuevo cuerpo de élite policial denominado COR (Comando de Operaciones Rurales); según James Thessin, embajador de los Estados Unidos en Paraguay, con la creación de este cuerpo se brindará mayor seguridad y desarrollo a los departamentos del norte. “La seguridad es esencial para que la democracia funcione, para que el gobierno sea fuerte, y que la economía crezca”, afirmaba el diplomático en un acto frente a los egresados nacionales del curso, instructores chilenos, colombianos y autoridades paraguayas.

Con el auspicio de la embajada norteamericana también se ha montado y equipado el nuevo destacamento de la Policía Especializada en Hugua Ñandu, una base policial de despliegue rápido que incluye entre sus proyectos la construcción de un helipuerto, además, en varias ocasiones se han realizado tareas humanitarias y de asistencia médica dirigidas por especialistas estadounidenses.

Los estados de excepción que tuvieron lugar en los departamentos de Concepción y San Pedro en los años 2010 y 2011, han sido dispositivos de estudio de la población antes que cumplir con el supuesto objetivo de capturar al EPP. Las fuerzas del orden han podido realizar un trabajo de inteligencia levantando datos de los y las pobladores, de las organizaciones existentes, de las acciones que realizan, identificaron domicilio de los/as principales dirigentes, sus principales demandas, y ha servido además para fortalecer la estigmatización y criminalización de los movimientos sociales.

El asesinato de Benjamín Lezcano en este contexto
En el caso del dirigente campesino Benjamín Lezcano, acribillado por sicarios en su propio rancho en el Asentamiento Arroyito de Concepción, resulta llamativo cómo los medios de comunicación empresariales, en línea directa con fiscales y policías, hacen todo el esfuerzo por vincular al dirigente con acciones terroristas y dejar la muerte como un caso de “ajusticiamiento común” según palabras textuales de la propia fiscala del caso Dora Irazábal.

Benjamín Lezcano no era un terrorista, era sí un luchador social, comprometido con el campesinado del cual él formaba parte, un hombre que dedicaba su trabajo de base, su vida y su tiempo a combatir el modelo sojero y el latifundio. Lezcano fue uno de los que lideró hace 23 años la lucha por la expropiación de las tierras de la Unión Industrial Paraguaya para fundar el asentamiento Arroyito con miles de familias campesinas que hoy se ven afectadas y amenazadas por el cultivo de soja que necesita expandirse en la zona.

También fue fundador de la Asociación Campesina Comunitaria Arroyito (ACCA), vicepresidente de una cooperativa de productores campesinos y participaba activamente en todas las luchas contra el modelo latifundista y sojero. El asesinato de dirigentes en los últimos meses indica que la criminalización de la lucha social en Paraguay se sigue profundizando y adopta nuevas prácticas, como los asesinatos selectivos, que pueden ir aumentando como forma de frenar los levantamientos populares.

Abel Irala
SERPAJ Py

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