En el último párrafo de su estudio sobre el proceso paraguayo, la socióloga argentina Lorena Soler destaca cómo el orden democrático en Paraguay «se topa una y otra vez con el stronismo, el núcleo del problema hasta hoy no resuelto». Además menciona que «ahí están los mismos dueños de las tierras con ganancias extraordinarias, exhibiendo la estructura de tenencia más desigual de América Latina». Y concluye con la siguiente afirmación: «Sin mermar dicha estructura y sus actores corporativos, mediante un proyecto regional, la democracia en Paraguay seguirá siendo un gran reto». En este Boletín es posible encontrar testimonios del accionar de uno de los actores vinculados con el sistema de justicia. A partir de la revisión de hechos en los que estuvieron implicados la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el Ministerio Público y varios jueces se asiste a la repetición inquietante de pautas de comportamientos institucionales, que se asocian más con formas delictivas que con principios democráticos y de un sistema de justicia correspondiente. De hecho, esta trama tampoco resulta un hecho novedoso. En el tomo VI del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia se identifican a las instituciones componentes de la estructura represiva que el stronismo desplegaba sobre la sociedad: el Poder Judicial, la Policía de la Capital , el Departamento de Investigaciones de la Policía, el Regimiento de Infantería, el Regimiento de la Marina de la Capital, entre otras. Posteriormente, y en tiempos denominados democráticos, el Informe Chokokue (Codehupy, 2007), que analiza casos de ejecuciones y desapariciones de campesinos en la lucha por la tierra en el Paraguay, (1989-2005), describió la trama conformada por la Policía Nacional y las graves omisiones en el deber de investigar cometidas sistemáticamente por el Ministerio Público y el Poder Judicial, que derivan en la impunidad de los responsables de los hechos criminales. El documento completo se encuentra disponible en este link BOLETÍN JESAREKO 2020