La audiencia pública por el caso de la masacre de Curuguaty inició su segunda jornada con incidentes para el acceso. Personas y organizaciones que acompañan el proceso denunciaron tener problemas para entrar, les dijeron que no se podía por orden de la jueza. Quedaron por varios minutos en el pasillo. Por su parte, en la sala de prensa, al costado del salón de la audiencia preliminar, periodistas y comunicadores estaban también sin posibilidad de escucha del proceso. Luego de conversaciones tensas, informaron que al fin las organizaciones pudieron ingresar. A las 9 estaba marcado el inicio, la tensa espera sigue. Pasada las 9.40 llegó la jueza pero antes la actuaria recuerdó a los presentes el artículo 372 de la disciplina en la sala. [caption id="attachment_1522" align="alignnone" width="320"] Retienen un afiche de la masacre de Marina Kue en la entrada de la audiencia, no se permite entrada con remeras que hagan alusión a la masacre. Foto: @CONYOVIEDO[/caption] Las (¿sin?)razones de Rachid El fiscal Jalil Rachid inició su alegato reiterando la tipificación de los delitos a todos los imputados. Dio sus fundamentos de la manera en que supuestamente la policía cayó en manos de los campesinos. Según él el cuerpo policial no creyó que en el lugar pasaría algo ya que había mujeres, niños/as y tampoco se percataron de campesinos en pastizales. Dijo que todo el mundo en Curuguaty sabía lo que iba a pasar ese 15 de junio de 2012. El grupo dentro lo sabía pues había un plan. Sabían que la policía iba a entrar y que iban a morir. Para la fiscalía este "concierto de grupo criminal" era dueño absoluto de las tierras que no le correspondían. Nadie entraba ni salía del lugar sin la autorización de ellos. Jalil dice que estamos en un país en Estado de derecho "y eso hay que respetar". Que estaban invadiendo propiedad privada...Según él, los campesinos, además de ocupar, deforestan y cometen abigeo y se atrevieron a hacer caso omiso a una institución pública con rango constitucional como la policía nacional. Todo la intervención de Rachid habló de la pura inocencia e ingenuidad de los policías. Que Marina Kue es un lugar estratégico, los campesinos tenía toda la visión y con ventajas sobre la policía. Y en esa trampa cayó la policía. Las mujeres con aspecto inocente solo cumplían su papel de distractor. La defensa insiste con que no es tema menor definir titularidad de las tierras Luego de la intervención del fiscal Rachid se retomón la audiencia. La defensa pidió atender el incidente de prejudicialidad (a quién pertenecen las tierras). La jueza respondió que la prejudicialidad no corresponde a esta instancia. Pero la defensa insistió que eso se debe resolver. El abogado Vicente Morales, quien empezó la defensa con las argumentaciones acerca del incidentes de prejudicialidad de la tierra (a quién pertenecen las tierras) dijo que es de público conocimiento que el juicio por usucapión está siendo ampliamente discutido en la Corte Suprema. Que la defensa no tiene acceso al proceso y, por lo tanto, el Ministerio Público de ninguna manera puede sostener que Campos Morombi es la propietaria del inmueble en cuestión. "Tanto el presidente de facto como el procurador general de la república sostienen que las tierras son del Estado, por tanto, si se fundamenta invasión, esta parte se debe subsanar antes de continuar", dijo Morales. El abogado defensor fue presentando las distintas etapas de la titularidad de las tierras e insistió además en que Campos Morombi no tiene ni tenía derecho a solicitar la permanencia o no de las personas hoy imputadas.  Piden nulidad del proceso porque, dicen, no hay independencia de los poderes Los abogados defensores mencionaron sus dudas respecto a todo el proceso. Presentaron otro incidente presentado que hace mención a intromisión del Poder Ejecutivo en el caso cuando Franco había asegurado que Rubén Villalba es culpable. "Si el propio Presidente Franco aseguró que Ruben Villalba es un asesino, significa que un poder del Estado está violando el debido proceso. Qué garantías tiene Ruben Villalba si el propio presidente de la República lo califica de asesino antes de un juicio imparcial" dijo Guillermo Ferreira, abogado defensor. La defensa solicitó nulidad del juicio por claras violaciones a los derechos humanos, en este caso por la intromisión de uno de los poderes del Estado. "Si no hay independencia de los poderes, como dicta la Constitución, esto no puede seguir. Desde el momento en que no existen garantías procesales, no podemos creer en la imparcialidad de la justicia". Además recordaron que a menos de un mes del hecho el fiscal declaró en medios radiales que un campesino fue tirador. Según los abogados defensores, Rachid violentó principios fundamentales del debido proceso como la presunción de inocencia. Las conclusiones a las que ha llegado  ya no permiten ninguna garantía, dijeron. "Si en un Estado de derecho el mismo fiscal ya da una sentencia cantada, no existe ninguna garantía". Con todas estas violaciones mencionadas, cometidas por los poderes del Estado, los defensores solicitaron la nulidad del juicio.