Julio, 20 de 2014
Unas 50 familias acampan desde el lunes 14 de julio frente al local del Instituto Nacional Rural y de la Tierra, INDERT. Ese día el estudio del borrador de ley para expropiar las tierras de Laterza Cue a favor de las familias agricultoras asentadas en el lugar por más de 40 años, no tuvo un resultado favorable en el Congreso. Es así que definieron acampar “por tiempo indefinido”, hasta lograr su objetivo. Para el lunes 21 de julio esperarán noticias, sino prometen iniciar una huelga de hambre desde el martes.
Lidia Núñez (60) es madre soltera, tiene 5 hijos en total. El menor, Marciano Núñez (24) lo acompaña en la entrevista donde ella, cómo una mujer líder, relata los más de 40 años de lucha y reclamo que lleva adelante su comunidad de Laterza Cue en Caaguazú, distrito de Mariscal López. Piden que se les reconozca como dueños legítimos de esas tierras en las que se forjaron como comunidad humana.
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Lidia junto a su hijo Marciano[/caption]
En sus más de 40 años de lucha, tienen acumulada una serie de persecuciones con compañeros masacrados, asesinados y una suma de atropellos a sus hogares. Lidia recuerda a su hermana quien hace 8 años murió de un ataque cardiaco.
Mientras recuerda, le caen lágrimas. Ella está segura de que fue a raíz de los años de quebranto y amenazas de muerte que recibió en el mismo contexto, cuando era presidenta de ls mujeres, cuando empezaron a organizarse como tales.
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Hacen ollas populares para sostenerse. Han traído provistas de su cosecha pero igual serán bienvenidas donaciones para la resistencia de esta comunidad[/caption]
El caso a instancias internacionales
El pasado 28 de marzo la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), el Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ Py) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) mantuvieron una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre desalojos forzosos en Paraguay, en Washington, EE. UU. Fue en el marco del 150º periodo de sesiones de la CIDH. Estas tres organizaciones, junto con la Federación Nacional Campesina (FNC), había peticionado la audiencia a la CIDH.
Participaron representantes del Estado Paraguayo. Uno de los casos abordados fue el de la comunidad de Laterza Cue. Consultas de los comisionados de la CIDH a la delegación del Estado Paraguayo sobre aspectos que hacen a la problemática de la distribución de la tierra en Paraguay y a la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, no fueron adecuadamente respondidas por dicha delegación.
Los antecedentes de las tierras de Laterza Cue
El Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base Is sintetizó el caso de este modo. En mayo se postergó el estudio del borrador de ley para expropiar las tierras de Laterza Cue a favor de las familias agricultoras asentadas en el lugar por más de 40 años. Su historia representa uno de los casos más emblemáticos de usurpación de tierras, violencia hacia familias campesinas agricultoras y empleo de órganos policiales-fiscales del Estado para fines privados.
Para las familias, todo ese tiempo fue de asedio, asesinato de al menos siete campesinos, torturas, secuestros y hasta falsificación de firmas de jueces, de acuerdo a varias publicaciones periodísticas.
Las tierras totalizaban 3.000 hectáreas y pertenecían al ciudadano Mario Laterza desde 1970, pero luego el ciudadano griego Euthymios Ioannidis, aparentemente vinculado al régimen estronista, habría mandado perseguir y secuestrar a Laterza con el fin de quedarse con sus tierras. No lo consiguió en ese momento.
Sin embargo, a través de ardides judiciales y con el apoyo de otra persona de origen brasileño, logró una resolución judicial del juez Hugo Alberto Hermosilla en 1992, que le concedía por usucapión las tierras. Más adelante, el mismo magistrado declaró ante escribanía que la firma que lleva la sentencia es falsa, que él no signó el documento.
Ioannidis logró hacerse de las tierras de esta manera, según denunciaba Mario Laterza (hijo) en un medio de comunicación local. Y fue transpasando las tierras a varias firmas hasta llegar a Bioenergy, que es la actual explotadora de las mismas y la que orienta las acciones represivas policiales-fiscales contra las familias campesinas del lugar.