Noviembre, 16 de 2026
Al activarse el mecanismo legal de intervención, reorganización y cierre ordenado por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), ante el caso de Ueno Bank, los titulares apelan a vocablos como solvencia, liquidez, depósitos y riesgo sistémico. Son palabras necesarias, pero insuficientes. Detrás de ellas hay salarios que no llegan, cuentas bloqueadas, jubilaciones en suspenso y familias que descubren, de golpe, que su seguridad económica dependía de decisiones tomadas muy lejos de sus vidas.
El caso de Ueno Bank nos obliga a hacer una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el dinero público, los ahorros populares y las pensiones de trabajadores y jubilados se convierten en instrumentos de una operación financiera? Rita Segato desde su propuesta de las “pedagogías de la crueldad”, nos invitaría a leer esta crisis no sólo como una falla técnica, sino como un síntoma de una forma de organizar la economía que tiende a cosificar la vida.
Cuando la vida se vuelve un saldo
Segato llama “pedagogías de la crueldad” a las prácticas que enseñan a las personas a transformar lo vivo y su vitalidad en cosas. No se refiere únicamente a la violencia visible, sino a la normalización de la indiferencia frente al sufrimiento ajeno. Es la crueldad que aprendemos cuando aceptamos que unas vidas pueden quedar subordinadas a rendimientos, balances y decisiones de poder.
En Ueno Bank, esa lógica se vuelve visible en la escala del daño. Casi tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas, tarjetas, transferencias y cajeros. Para muchos, no se trató de una pérdida abstracta: fue la imposibilidad de pagar, comprar, cubrir una emergencia o simplemente saber cuánto dinero tenían.
Queda claro que un banco no administra solamente dinero. Administra la posibilidad de que las personas sostengan su vida cotidiana. Cuando esa posibilidad se interrumpe, la crisis deja de ser financiera y se vuelve humana.
El dinero público no es un activo cualquiera
El punto más grave del caso es la exposición de recursos públicos y previsionales. El IPS mantenía inversiones por cientos de millones de dólares en Ueno, mientras el banco administraba pensiones de miles de jubilados. También estaban comprometidos fondos de organismos del Estado.
Aquí aparece la pregunta central: ¿quién asumió el riesgo y quién paga las consecuencias?
Si el rendimiento beneficiaba a la estructura financiera, pero el colapso golpea a trabajadores, asegurados y jubilados, estamos frente a una asimetría profundamente injusta. La seguridad social no debería funcionar como un botín de oportunidades financieras ni como un fondo disponible para sostener vínculos empresariales o decisiones de alto riesgo.
Desde la ética de los derechos humanos, el dinero público tiene una naturaleza distinta: representa contribuciones, trabajo, derechos adquiridos y expectativas de protección. No puede ser tratado como un activo más en una cartera de inversiones.
La crueldad también es omisión
La crueldad no siempre grita. A veces se expresa en lo que no se hace. Anne Dufformantelle, psicoanalista, nos ha enseñado que hablar y callar no son opuestos, sino fuerzas vivas y paradójicas que definen nuestra libertad, nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad de conectar con el otro.
Recordemos que organizaciones de trabajadores y jubilados ya habían advertido sobre la situación patrimonial de Ueno y habían pedido el retiro de los fondos del IPS. Esas alertas existían antes de la intervención. Sin embargo, los recursos permanecieron en el banco.
No necesitamos demostrar que alguien quiso perjudicar deliberadamente a los jubilados para identificar un problema ético. Basta preguntarnos por qué las señales de alarma no generaron una respuesta preventiva proporcional. Por qué la protección de la vida y de los derechos sociales no fue el criterio decisivo.
La crueldad por omisión consiste en tolerar un daño evitable porque el riesgo aparece como “aceptable” desde la lógica financiera o política. En ese punto, las personas dejan de ser sujetos de derechos y pasan a ser saldos, exposiciones o contingencias.
No basta con devolver el dinero
Las medidas de emergencia son necesarias: proteger ahorristas, devolver fondos públicos, garantizar pensiones y avanzar en investigaciones. Pero no bastan.
Si sólo se busca calmar la crisis sin transformar las condiciones que la hicieron posible, el sistema quedará expuesto a repetirse. Necesitamos transparencia sobre las decisiones de inversión del IPS, límites claros para la colocación de fondos públicos en entidades privadas, alertas tempranas vinculantes y mecanismos de retiro preventivo cuando estén en riesgo la seguridad social y el dinero del Estado.
También necesitamos justicia. No una justicia simbólica ni una búsqueda de culpables convenientes, sino una investigación seria que determine responsabilidades políticas, empresariales y regulatorias. La frase “que no haya impunidad para nadie” solo tendrá sentido si se aplica también a quienes tomaron decisiones, toleraron riesgos o guardaron silencio. La impunidad es el modo más cruel de perpetuar modos crueles y delictivos de gestionar lo público.
Una economía que proteja la vida
El caso Ueno nos deja una lección: la crueldad puede esconderse detrás de la aparente neutralidad de los números. Puede aparecer cuando un jubilado descubre que su pensión está en riesgo; cuando una familia no puede usar su ahorro; cuando el dinero público se coloca en una entidad sin que la ciudadanía sepa cómo ni por qué.
Desde el SERPAJ Paraguay reafirmamos que la economía debe estar al servicio de la vida, no al revés. La seguridad social, los ahorros populares y los recursos públicos no son mercancías ni fichas de una apuesta financiera. Son la materialización de derechos, trabajo y dignidad.
Exigimos transparencia, rendición de cuentas y protección efectiva para todas las personas afectadas. Y exigimos que esta crisis no se cierre con un rescate técnico, sino con una reforma ética y democrática del modo en que el Estado administra el dinero de su pueblo.
Una sociedad no se mide solo por su crecimiento económico, sino por su capacidad de no abandonar a quienes más dependen de ella.
SERPAJ Paraguay
Por una sociedad sin violencias, con justicia y dignidad para todas las personas.