Por Ramón Corvalán

En el párrafo final de su Historia del siglo XX, Eric Hobsbawm señala: “…una cosa está clara: si la humanidad ha de tener un futuro, no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos”. Este planteo puede servirnos para enmarcar la tarea que se ha propuesto la Comisión Especial de la Reforma del Sistema Educativo de la Cámara de Diputados. Esta instancia se encuentra consultando con diversos sectores a fin de contar con ideas y propuestas acerca de cómo abordar dicha tarea. Al mismo tiempo, las consultas se producen en un contexto que manifiesta tensiones en determinados puntos: denuncia hacia las Fuerzas de Tarea Conjunta por irrumpir en la escuela de San Blas, de un distrito de San Pedro, como parte del operativo desplegado para la búsqueda de los asesinos de policías, y la continuidad del juicio en el caso de Curuguaty con la pregunta aún abierta sobre lo que pasó. ¿Es posible explorar opciones de política educativa al margen de ciertos acontecimientos que, en principio, parecieran no tener relaciones con debates acerca de lo pedagógico, lo curricular, la formación docente, la calidad educativa? De hecho es lo que se ha venido haciendo desde hace bastante tiempo sin que el problema educativo encuentre respuestas dignas hasta ahora; más bien, lo contrario es lo que persiste y se acentúa: el desfondamiento del sistema educativo traducido en tres dificultades. Dificultad para transmitir la experiencia cultural a las generaciones que se incorporan, dificultad para vincular con el mundo del trabajo y dificultad para la formación de una ciudadanía crítica. Ante este panorama podemos tomar en cuenta algunas ideas básicas en el momento de disponernos a pensar la educación en nuestro país.

1. El derecho a la educación como punto de partida: es importante preguntarnos acerca de cómo hoy se garantiza el derecho a la educación en Paraguay y luego avanzar hacia formas alternativas de garantizar dicho derecho. La pregunta por la situación del derecho a la educación nos va a obligar a salirnos de la tradicional mirada sectorial de la cuestión educativa. Garantizar el derecho a la educación es una obligación y responsabilidad del Estado; algunas de sus dimensiones son competencias propias del Ministerio de Educación y Cultura pero no es ella la única institución estatal responsable. Precisamente el problema de la Reforma Educativa de los 90 se caracterizó por dicho enfoque sectorial y hoy sabemos que “el proyecto de democratización educativa chocó con los factores que refuerzan la desigualdad”[1]. Mientras la Reforma Educativa adoptó como principios la educación ambiental, familiar y democrática, a nivel de diseño económico se apostó por profundizar el modelo agroexportador que derivó en la expulsión compulsiva de población rural hacia periferias urbanas, progresivo deterioro de las condiciones de vida de las familias en el campo y estrechamiento progresivo del mercado de trabajo en las décadas posteriores a la reforma. El mismo Estado que asumió como política educativa los principios de la Reforma Educativa, se encargó de pulverizarlos mediante el modelo económico implementado. Y de esta manera, la desigualdad educativa producida no hizo sino traducir en ese plano las desigualdades sociales generadas. Es por estas razones que vale preguntarnos, como punto de partida, qué supone garantizar el derecho a la educación de manera efectiva y luego crecer hacia la alternativa educativa que se requiere como parte de dicha estrategia mayor.

1. La educación en derechos humanos como el tekohá de la educación: Estrechamente vinculado al punto anterior se encuentra el tema del sentido de la educación. Si deseamos garantizar efectivamente el derecho a la educación, la pregunta que surge es: ¿para qué hacer eso? Para ser más competitivos, ser más eficientes en el uso de las nuevas tecnologías de información, mejorar nuestra autoestima, mejorar nuestra capacidad de aprender, trabajar mejor en equipos, mejorar nuestra alfabetización científica. De nuevo, partir del derecho a la educación puede aportar respuestas interesantes al tema del sentido de la educación porque la plena realización del derecho a la educación establece como parámetro mínimo la realización de tres concepciones de la educación: la Educación para la Paz, la Educación en Derechos Humanos y la Educación para la Convivencia Democrática[2]. Esto no se reduce a incluir en la malla curricular contenidos asociados a dichas concepciones o sumar un plan más a los que ya existen pero que no perturban el formato tradicional de curriculum y de escuela. Hacer tal cosa implicaría, conforme a la cita de Eric Hobsbawm, prolongar el pasado o el presente… Y eso de vuelta nos llevaría al fracaso.

Pensar nuestro sistema educativo como un dispositivo orientado por una educación en derechos humanos no implica negación y/o rechazo de las demás opciones mencionadas anteriormente; es simplemente realizar el derecho a la educación en su parámetro mínimo, constitucionalmente garantizado (art. 73 CN) porque el sentido de la educación está dado fundamentalmente – y más en estos tiempos de permanente cercenamiento de la dignidad – por promover “un sujeto social del conocimiento, autónomo y solidario, que aprenda a diferenciar las relaciones humanas justas de las injustas, aprenda a discernir dónde y cuándo los derechos humanos son respetados, y dónde y cuándo son violados”[3]. Es desde este lugar definido por la educación en derechos humanos que podemos apropiarnos del conocimiento científico, de las posibilidades técnicas, de las posibilidades de invención/creación cultural con la perspectiva ética necesaria para construir sociedades más compadecidas con la dignidad humana. El tekohá del derecho a la educación es la educación en derechos humanos; sin este tekohá, el derecho a la educación se torna palabra vacía, ayvú reí. Palabra sin asiento, dirían los mbyá.

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